La inflación sigue en alza y los precios de los alimentos “por las nubes”

Los datos publicados el lunes por el INE sobre el resultado adelantado de la inflación durante el mes de enero, sujeto todavía a posibles correcciones menores y mayores detalles desagregados, apuntan a que la inflación lejos de estar refrenada se muestra más bien peligrosamente amenazante.

Efectivamente según el INE la inflación durante el mes de enero habría subido una décima (5,8%) respecto a la finalización de 2022 (5,7%). Y aunque una décima no significa un gran incremento en los precios, sin embargo, se da en un contexto continuado durante los últimos cinco meses de descensos que abonaban en cierta medida las políticas de contención de precios del Gobierno y que ahora se ven truncadas.

Además, sigue habiendo dos problemas relevantes que atestiguan que los precios siguen desbocados y que las políticas del Gobierno no son una solución a la caída del nivel de vida y las condiciones materiales de existencia de las grandes masas. Uno de ellos es el elevado nivel de la inflación subyacente, aquella que no se ve afectada por los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, y que, por lo tanto, afecta a la situación de los precios generales que marcan las posibilidades de compra según el bolsillo de cada uno, un auténtico sistema referencial de compra.

Pues bien, la inflación subyacente no ha sido controlada en ningún momento por las políticas de contención de precios desarrolladas por el Gobierno, algo que ha hecho mucho daño y que Sánchez no ha podido achacar a situaciones específicas descontroladas y ajenas (como puede ocurrir con la energía o los alimentos frescos por la guerra). Esta inflación subyacente ha pasado del 7% del cierre del año en diciembre al 7,5% en enero de este año. Una subida de medio punto en tan solo un mes, siendo la más elevada desde 1986. Aunque eso sí, el Gobierno sigue insistiendo en que la inflación subyacente tocará techo “en el primer trimestre” de este año. Una previsión muy arriesgada si la guerra de Ucrania, como se prevé, continúa y la volatilidad de una economía que como se espera se irá estancando durante 2023 con un crecimiento raquítico del 1,1% (FMI), se impone.

En efecto, se prevé que el crecimiento sea de encefalograma plano y con un elevado riesgo de que esa situación se cronifique como perspectiva a medio plazo, si no es que se produce algún período de recesión (dos trimestres de crecimiento negativo) durante 2023. Mientras, como contracara, las grandes empresas del IBEX 35 se estima que continuarán incrementando sus beneficios récord, aprovechándose de la ingente cuantía de las ayudas públicas que reciben para hacer caja, y gracias a aumentar intensamente la explotación y la precariedad sobre las y los trabajadores, salvo que la lucha de clases ponga freno a esa tendencia en 2023.

El otro grave problema que caracteriza la inflación que estamos sufriendo y que amenaza al Gobierno “progresista” en plena campaña electoral es el ascenso meteórico de los precios de los alimentos. La especulación de las grandes cadenas, que han elevado los precios muy por encima de la inflación subyacente y de la inflación media (8,4%) hasta alcanzar una media del 15,7% a finales de 2022, es el business as usual de las distribuidoras de la alimentación. Una especulación que no solo afecta el bolsillo de las clases populares, sino que también deja a los productores al borde la ruina por el bajo coste al que compran los productos, mientras ellos se han forrado aumentado sus márgenes como si no hubiera un mañana.

Los precios de los alimentos han subido tanto que han alcanzado la tasa más alta desde el comienzo de la serie histórica de precios en 1994. Destacando especialmente el precio desorbitado, según los datos desagregados de diciembre de 2022, de algunos precios de productos tan esenciales para la cesta de la compra como el azúcar (+50,6%), los aceites y grasas alimentarias (+38,1%), la leche (+22,7%) o las patatas (22,6%). Habrá que ver dentro de dos semanas, cuando el INE desagregue minuciosamente las subidas del IPC por tipos de productos cómo quedará reflejada la evolución de los precios de los alimentos frescos en enero de este año, lo que mostrará más a las claras si la rebaja del IVA aprobada marcará favorablemente la evolución de los precios, algo que no deja de ser un mero parche y que no parece pueda poner coto al ansia desmedida de los intereses empresariales por multiplicar sus beneficios aprovechando la coyuntura.

Para atajar esas subidas y después de mantenerse inoperativo durante todo el año, el Gobierno “progresista” adoptó una bajada del IVA que entró en vigor desde el pasado 1 de enero para los alimentos básicos. Eliminando el IVA superreducido del 4% por los alimentos básicos (pan, leche, queso, huevos), y rebajando del 10% al 5% de la pasta y los aceites. Pero eso sí, con tan solo una previsión de seis meses, en principio, de aplicación de estas bajadas y con denuncias por parte de asociaciones de consumidores por su inaplicación real en muchas grandes superficies comerciales, que aprovecharon para subir aún más sus precios.

En cualquier caso, no parece que esta medida haya tenido mucho éxito, ni sobre la sensación de las clases populares que no notan ninguna bajada relevante, ni por parte del dato de la propia inflación al albur de la subida de una décima de la inflación general en enero de este año. Y aunque se podría explicar en parte por la finalización de la ayuda generalizada sobre los carburantes, 20 céntimos por litro de combustible, en todo caso, el bolsillo de los más desfavorecidos no puede decirse que haya visto sus penurias realmente aliviadas con las medidas adoptadas por el Gobierno “más progresista de la historia”.

Subida ridícula del SMI

El Gobierno ha comunicado hoy mismo a través del presidente Sánchez en su comparecencia en el Senado, que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá a los 1.080 euros mensuales brutos, distribuidos en 14 pagas anuales, tras alcanzar un acuerdo con las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, sin el visto bueno de la patronal CEOE. La CEOE fijaba el máximo en una subida de 1.040 euros, mientras los sindicatos planteaban 1.100 euros, en la negociación con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Esta medida de miseria, junto a una subida salarial para las y los trabajadores de conjunto que no ha sobrepasado el 2,8% en 2022, y frente a una subida de precios media también del 8,4% en ese mismo año, con una inflación subyacente del 7,5%, y con los alimentos disparados por encima del 15%, refleja de manera cristalina las posiciones políticas de un Gobierno que aunque dice que se preocupa de “la gente”, en realidad en lo esencial no ha mejorado las condiciones de vida de la mayoría social. Y también de las burocracias sindicales, que han permitido esta situación y la siguen permitiendo.

La subida del SMI recién aprobada resulta absolutamente insultante teniendo en cuenta que implica, frente a los 1.000 euros aprobados en febrero de 2022, una subida del 8%, es decir que ni siquiera alcanza la inflación media del 8,4% sufrida durante 2022, y con un pico del 10,8% alcanzado en julio. Destacando además una subida de alimentos básicos que se ha elevado hasta el 15,7%, algo que afecta en mayor medida al conjunto de las clases humildes dado que destinan más parte de su renta a la compra de alimentos. De hecho, muchos han tenido que prescindir de consumir carnes y pescados, que además increíblemente no se han visto rebajados por las reducciones del IVA con las medidas del Gobierno.

Pero es que, si agarramos de conjunto las subidas del SMI frente a las subidas de los precios de los dos últimos años, comprobamos que han sufrido una importante reducción en su poder de compra. Sumando la inflación de diciembre de 2021 (6,7%) y 2022 (5,8%) obtenemos un índice total inflacionario de 12,5 puntos. Frente a eso las subidas del SMI de 2021 (1,57%) y 2022 (3,63%) alcanzan un total de subida del SMI de un 5,2% entre 2021 y 2022. En consecuencia, una pérdida de poder adquisitivo de 7,3 puntos solo entre 2021 y 2022. Ahora con la subida del 8% en 2023 es previsible que se siga perdiendo poder adquisitivo este año, de momento la inflación en enero ha sido del 5,8% en todo caso, y ya se venía de una pérdida considerable que no se ha recuperado todavía.

Algo que también afecta al conjunto de la mayoría social ya que los salarios han subido de media solo un 2,8% durante 2022, incluso la amplia mayoría de los convenios no tienen cláusula de revisión salarial y no han crecido nada, o mucho menos del 2,8%. Y hay millones de las y los trabajadores más precarizados que ganan menos del SMI por sufrir contratos forzosos a tiempo parcial.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos solo plantea parches para no confrontar con los intereses de las grandes empresas y fortunas, sin adoptar medidas sociales de generalización de subidas salariales de conjunto que recuperen el fuerte poder adquisitivo perdido, con un SMI que debería alcanzar un mínimo de 1.500 euros netos mensuales. Mucho menos es capaz de imponer la fijación de precios por ley para que no se deterioren los niveles de vida de las clases populares, sino que los sacrificios sean soportados sobre el beneficio de las grandes empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas.

Estas medidas elementales en defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora solo se podrán lograr con el incremento de la lucha de clases y un programa de lucha que busque coordinar todos los sectores que hoy pelean separados, como la sanidad o las trabajadoras de Inditex.

Hay que imponerles a las burocracias conservadoras de CCOO y UGT un plan de lucha en todo el Estado, impulsando asambleas democráticas desde abajo en cada lugar de trabajo que unifiquen a todos los sectores, independientemente de su afiliación sindical o que no estén afiliados a ningún sindicato, como es la mayoría de las y los trabajadores. La “izquierda sindical” está llamada a jugar un papel de vanguardia en esta tarea, a riesgo de quedar en una posición testimonial ante la grave crisis en ciernes. En definitiva, una lucha sin cuartel y sin confiar en el Gobierno de Sánchez, para dar la batalla y que la crisis inflacionaria no la paguen las y los trabajadores.