Desde el PTS en el Frente de Izquierda analizamos el “estudio de costos” presentado por la intendencia radical. En nueve puntos planteamos por qué la actual tarifa de boleto urbano es una estafa contra el pueblo trabajador.
Viernes 17 de noviembre de 2017 22:27
En el marco del pedido de aumento del boleto urbano, actualmente en $8,40 a $12 o $15 por parte de los empresarios del transporte, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy ha impulsado un engañoso proceso de participación ciudadano que ya denunciamos como antidemocrático, así como lo hizo la titular de la CODELCO Alicia Chalabe al no convocarse una audiencia pública como marca la ley. Este consiste en poner a disposición del público a través de internet una consulta no vinculante sobre el aumento de tarifas junto a un estudio de costo a cargo del contador público Roberto M. Rodríguez, en convenio con la intendencia de la Municipalidad, sobre el cual los vecinos pueden opinar.
El PTS-Frente de Izquierda y sus concejales electos, Andrea Gutiérrez y Guillermo Alemán junto a Gastón Remy, ex-Candidato a Senador y Licenciado en Economía, rebaten este estudio de costos que fue elaborado a pedir de boca de los empresarios del transporte y que muestra cómo el discurso de “transparencia” es sólo un slogan de campaña. Exigen al concejo deliberante rechazar el pedido de empresarios que quieren seguir aumentando una de las tarifas de boleto más alta del país, lo cual constituye un verdadero ataque contra el bolsillo del pueblo trabajador de Jujuy.
A continuación presentamos las principales irregularidades del accionar del gobierno del intendente de la UCR, Raúl “Chuli” Jorge, frente a la licitación pública por la cual se concede el transporte de pasajeros a empresas privadas que surge de una lectura del “estudio de costos”.
1- En primer lugar el “estudio de costos” se realiza concediendo que las empresas no den información alguna sobre los subsidios estatales que se otorga al transporte en forma mensual. Los subsidios son parte de la estructura financiera de las empresas y es menester del Estado dar a conocer esta información que hace al destino de los fondos de la recaudación impositiva de los contribuyentes.
2- La información sobre los subsidios se toma en base a lo que algunas empresas declaran y a estimaciones propias, pero no en base a información de la Secretaría de Transporte que es el organismo del Estado con la obligación de hacerlo.
3- Sólo se considera los informes de costos que brindan las empresas y no se tiene acceso a sus libros de contabilidad, por lo cual toda información presentada es sesgada, sabiendo que toda empresa que persigue un fin de lucro va a tener motivos para sobreestimar los costos.
4- El mismo CPN Rodríguez, describe que la información de pasajeros por Km brindadas por las empresas son imprecisas, este dato es deliberadamente manipulado, ya que por el sistema SUBE el municipio debería saber exactamente el número de pasajeros que utilizan el servicio del transporte.
5- El autor del informe afirma tomar de las disposiciones de la Secretaría de Transporte el modelo de simulador de costos para calcular el aumento de tarifas bajo una metodología estandarizada. Sin embargo, a la hora de calcular el margen de beneficio esperado, desecha la base de cálculo “patrimonial” que establece la Secretaría de Transporte por considerarla “contraria a la doctrina de costos” para optar por un “criterio propio” según el cual se establece un 10% de margen de ganancias sobre el total de los costos de la empresa modelo.
Y aquí es donde el informe pasa de la arbitrariedad en los criterios a la falsificación lisa y llana, cuando afirma basarse en el Pliego de Licitación Pública Nacional 01/2013, que parte de la ordenanza municipal de llamado a licitación por el transporte público 6391/2012, que en realidad no establece ese margen de beneficios, por el contrario afirma que “si el menor DT de cada una de las empresas concesionarias resulta mayor al diez por ciento (10 %), habilita el pedido de tratamiento de la actualización tarifaria ante el Concejo Deliberante”(Titulo II, articulo X) que queda a evaluación de la autoridad su aplicación.
Habiendo explicitado los fundamentos de su “criterio propio”, pasa directamente a la inconsistencia en sus propios cálculos porque toma el 10% sobre el total de la estructura de costos sin descontar los subsidios que las empresas reciben del Estado. Rodríguez llega a estimar que el Estado cubre con los subsidios hasta el 50% de los costos de algunas empresas. Y al calcular el margen de beneficios sobre el total de los costos, el CPN Rodríguez, incluye en su base de cálculo los costos que las empresas se ahorran con los subsidios. Es decir que termina duplicando su base de cálculo y por ende la masa de ganancias que se embolsarían las empresas.
Con un ejemplo sencillo podemos entender cómo las empresas tienen beneficios superiores al 10% que considera el “estudio de costos” que estipula la intendencia. Si los costos fueran de 100 pesos y se aplica un margen del 10%, los beneficios alcanzarían a 10 pesos. Ahora si los subsidios son de 50 pesos, en realidad, los costos se reducen a 50 y los beneficios deberían ser de 5 pesos. No obstante, al no descontar los subsidios de los costos, los beneficios terminan siendo del 20% sobre los costos.
Es decir que esta forma de calcular los márgenes de beneficios no solamente va en contra de lo establecido por la Secretaria de Transporte Nacional y pondera un porcentaje de beneficios arbitrario, sino que además es inconsistente con su propia “doctrina”, todo en función de justificar como sea un aumento de tarifas escandaloso.
6- Rodríguez presenta dos formas bajo las cuales se puede hacer el cálculo de reactualización del cuadro tarifario.
Una es con el Índice de Pasajero por KM que el CPN considera “limitado” por la información “poco precisa” de las empresas. En este caso el boleto general pasaría de costar $8,4 a $12,02.
Otra es una simple actualización del cuadro tarifario vigente en base al aumento del 20,96% de los costos que surge de la información brindada por las empresas y que Rodríguez finalmente sugiere utilizar. En este caso el boleto general pasaría de $8,4 a $10,16.
Si bien los valores de las tarifas sugeridas por las dos metodologías presentan diferencias entre sí; ambas coinciden en que se está resguardando el beneficio del 10% sobre los costos y como el mismo CPN afirma las empresas reciben además un ingreso extra por parte de los subsidios que elevan el margen de beneficios antes mencionado.
7- Por lo tanto, si volvemos a considerar que según la Lic. Nac. 01/13 establece un margen de ganancia del 10% y este informe muestra que el mismo es superado de acuerdo a las tarifas actuales y los subsidios recibidos, no debería tener lugar un nuevo aumento de tarifas. Sino lo contrario, debería reducirse la tarifa actual dando cumplimiento a la Lic. Nac. 01/13.
8- Si esto fuera poco, se establece computar un 4% de interés sobre el capital invertido que se embolsan los empresarios como ganancia, pero este porcentaje se sugiere registrar como “costo de oportunidad”, una especie de retribución por el “riesgo” asumido por los empresarios. ¿Qué riesgo puede tener una empresa con mercado cautivo, subsidios y precios sostén establecidos por el Estado? Parecería que estos aspectos no entran en consideración en la “doctrina de costos” del CPN Rodriguez.
9- En el estudio, los salarios representan un 53% del costo total del servicio, según este los trabajadores cobrarían, entre salarios y aportes, cerca un promedio de $34.000 mensuales, muy lejos de la realidad laboral de los empleados del transporte urbano cuyo salario ronda los $24.000 según el convenio colectivo de la UTA (digamos de paso que el incumplimiento en el pago de los aportes a la seguridad social y el trabajo en negro es moneda corriente en estas empresas; la empresa El Urbano SRL, por tomar un caso, es la que más subsidios recibe según el CPN Rodriguez, pero al mismo tiempo ha sido incluido en el REPSAL, la nómina nacional de empresas sancionadas por tener trabajadores no registrados), y como si no fuera suficiente la poca seriedad del informe, calcula el salario del gerente en la misma cifra, cuando es más que evidente que las realidades de patrones y empleados son marcadamente desiguales.
Sed de ganancias
El estado ya sostiene la mitad de la estructura de costos de estas empresas, el resto, lo financian los usuarios pagando una tarifa exorbitante comparada con otras provincias del país teniendo en cuenta la distancia que recorre.
Haciendo un pequeño análisis de la evolución de la tarifa del boleto en San Salvador de Jujuy, el concejo considera aprobar un boleto a $12, que equivale a un aumento del 50% de la tarifa, si consideramos el precio se ubicaba en $8 hasta mayo de este año. Sin embargo el pedido de los empresarios es que el precio llegue a $15, es decir un aumento de un 87,50%. Una burla para los todos los trabajadores, como los estatales que recibieron un aumento de sus salarios miserable durante el año.
EVOLUCIÓN DEL CUADRO TARIFARIO SI SE APRUEBA EL AUMENTO
Sin embargo la recaudación queda en manos privadas que no quieren ver reducidas sus ganancias, al mismo tiempo que los trabajadores ya sufren la amenaza de congelamiento de salarios, quita de bono de fin de año y aguinaldo, en el marco del paquete de ataque contra los derechos de los trabajadores conocida como la Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional. Mención especial merece la empresa Unión Bus que se negó a presentar informes actualizados, y encima fue la primera que a través de su titular, Rodolfo Severich, que salió a reclamar en los medios de comunicación que una tarifa de 12 pesos es insuficiente para su empresa.
Pese al usual discurso de transparencia del gobierno provincial, y del radicalismo, el informe de costo y la licitación del transporte urbano, muestra huecos, inconsistencia e información falaz, mientras que durante años desde el concejo jamás se denunció esta situación. El radicalismo para garantizar la ganancia de los empleos no duda en tener estas prácticas fraudulentas, de las que se hizo un modus operandis que lleva más de una década.
Apertura de la contabilidad de las empresas y de los subsidios del Estado
El transporte urbano es un servicio público esencial que no pueden obviar miles de trabajadores, mujeres y jóvenes de Jujuy que se mueven a diario en la ciudad, sin embargo es producto de usufructo de empresarios que prácticamente no invierten en las unidades de colectivos y cobran tarifas altísimas valiéndose de estudios de costos fraudulentos avalados año tras año por la intendencia radical y los concejales de la ciudad, pese a que hicieran la transparencia como eje de su discurso político.
Desde la izquierda rechazamos este tarifazo a ciegas y exigimos la apertura de los libros de contabilidad de la empresa y de los subsidios del Estado. Si las empresas se niegan a elementales reclamos democráticos, es necesario pelear por la estatización del transporte público, bajo control de los trabajadores y usuarios, como salida de fondo. Nuestro objetivo es conquistar un servicio de calidad y con una tarifa popular porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.
