La investidura de Pedro Sánchez depende de las decisiones de la institución judicial respecto a los presos políticos catalanes; un peligroso juego en el que no se puede descartar, hasta el último momento de la resolución y las negociaciones, una convocatoria de terceras elecciones.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Lunes 23 de diciembre de 2019
Durante el fin de semana los líderes y partidos independentistas celebraban la decisión del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Una sentencia que establece claramente que el Tribunal Supremo vulneró los derechos políticos de Oriol Junqueras.
Tras las elecciones europeas del 26 de mayo, siendo electo como eurodiputado, inmediatamente adquiría la condición de inmunidad parlamentaria y se le debería haber permitido recoger su acta de diputado. Para mantenerlo en prisión preventiva, como se hizo, y continuar con el juicio oral, el juez Marchena debería haber pedido un permiso especial a la Eurocámara, algo que nunca hizo.
Esta vulneración de derechos se encuentra, por lo tanto, en la base juicio que dio lugar a la sentencia de la vergüenza, que fijó en 13 años la pena para Junqueras, la más alta de todas.
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Sin embargo, este lunes la Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que mantenga la euroorden de entrega a Carles Puigdemont y Toni Comin hasta que el Parlamento europeo retire la inmunidad, contradiciendo así la decisión de Sassoli de permitir la entrada en el Europarlamento a estos.
De este modo, y a petición de la fisicalía, juzgar a ambos por lo que los jueces consideran un delito de sedición y malversación de caudales públicos, motivo por el cual se debe mantener la orden de detención europea y la prisión incondicional.
Para los fiscales, en los casos de Puigdemont y Comín, no es necesario solicitar el suplicatorio a la cámara europea porque según las leyes españolas esto sería para inculpar o procesar. Y en los casos de estos líderes, ya están procesados incluso antes de la convocatoria para las elecciones europeas, cuando Llarena acordó el auto de procesamiento en marzo de 2018.
Los fiscales en un escrito respecto a la decisión de TJUE han declarado que la “inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional” y que “Entender que la inmunidad opera sin límite alguno, incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en fases avanzadas, supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía”.
Pedro Sánchez o el pez que muerde la cola
En el mismo sentido se pronunciaron respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras. Y de esta resolución depende gran parte de las negociaciones entre ERC y el PSOE para definir la investidura de Pedro Sánchez y su gobierno de coalición con Unidas Podemos.
La pelota vuelve a estar ahora en el tejado del Supremo. Es decir, de los siete magistrados que firmaron la sentencia del caso 1-O del pasado mes de octubre y que hoy están confeccionando cómo responder a la decisión de la corte comunitaria, mientras esperan los escritos de las defensas y la decisión de la Abogacía del Estado, dependiente del PSOE y Pedro Sánchez que apoyo el 155 y avaló la sentencia del procés de este año, junto a Pablo Iglesias.
La Fiscalía ya ha adelantado que en ningún caso aceptará una puesta en libertad de Junqueras, lo mismo que sostiene la acusación particular de Vox. Falta por saberse cuál será la posición de la Abogacía del Estado, que es lo mismo que decir la posición del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Mientras el PSOE se mantiene en silencio, lo mismo que sus socios de Unidas Podemos, el PP y Ciudadanos le exigen a Pedro Sánchez una comparecencia “ante el grave y sospechoso silencio del Gobierno en funciones” y exigen que “no se presione a la Abogacía del Estado” ya que “después de que ERC haya exigido un gesto por parte del Estado, para pactar con Pedro Sánchez su investidura, y que ésta salga adelante”.
Para ello, es imprescindible la abstención de ERC, cuyos portavoces han declarado que so el PSOE no exige que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo, no se sentarán a negociar.
Como el pez que se muerde la cola, el PSOE no retrocede en su escalada represiva contra el movimiento independentista catalán, lo cual pone en peligro las negociaciones con ERC y la propia investidura de Pedro Sánchez. Un futuro gobierno “progresista” con Unidas Podemos está en peligro si el PSOE continúa defendiendo una posición a favor de la Fiscalía.
