Como el tango o el folclore, las crisis parecen destinadas a no extinguirse en la convulsionada historia nacional. El resultado electoral del domingo pasado disparó otra más. Y van…. Cada una funciona, a su manera, como un test para los partidos y sus programas.

El 47 % obtenido por el Frente de Todos resultó un duro golpe al oficialismo. Un masivo voto castigo condenó las políticas económicas que −bajo la épica de la austeridad, los beneficios al gran capital y un fantasmal “retorno al mundo”− imponen mayor pobreza y desocupación.

Los cuatro años de gestión macrista constituyeron una verdadera catástrofe para la economía nacional. La recesión persistente; los históricos niveles de pobreza y desocupación o la inflación en ascenso, fueron algunos de los determinantes de la reciente decisión electoral.

El golpe político adelantó el descalabro económico. Grandes especuladores, bancos y empresarios desataron una guerra contra el pueblo trabajador. El gobierno nacional ofició de garante. La suba del dólar acompañó un ajuste de los precios hacia arriba. Los ingresos de las mayorías populares se comprimieron. Los anuncios presidenciales posteriores resultan, apenas, una aspirina.

El Frente de Todos decidió convalidar el ajuste sobre la población trabajadora. Alberto Fernández consideró “razonable” un dólar a $ 60. Grandes exportadores y patronales rurales descorcharon.

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Desde la izquierda, el PTS desplegó inmediatamente tres propuestas de emergencia: anulación de los tarifazos y retorno a precios de 2016; indexación automática de los salarios frente a la inflación; ocupación de toda empresa que cierre o despida para garantizar cada puesto de trabajo. Además, exigió a las centrales sindicales el llamado a un paro nacional activo de 36 horas como inicio de un plan de lucha para derrotar el ataque.

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En el marco de la crisis, Nicolás del Caño planteó la exigencia de que el Congreso Nacional se reúna de emergencia para discutir y debatir públicamente medidas urgentes ante la degradación de las condiciones de vida.

La propuesta, ampliamente difundida en los medios, recibió críticas desde distintas fuerzas que integran el Frente de Izquierda-Unidad. En su cuenta de Twitter, Jorge Altamira la definió como “parlamentarismo al palo”.

Además compartió un posteo de Política Obrera donde se plantea una posición similar. Marcos Solari Pozzo señala allí que “el llamado (…) a reactivar el Congreso Nacional con sesiones extraordinarias, lejos de aprovechar la situación de crisis rotunda del régimen político llamando a terminar con él, le tira un salvavidas. Una convocatoria del Congreso no tendría otro objetivo que acercar a Cambiemos y al ‘Frente de Todos’”.

El Partido Obrero, en la pluma de Rafael Santos, afirmó que este planteo representa “un camino opuesto al llamado a la acción directa de las masas”. Mientras que el MST criticó la idea como un “craso error de adaptación institucionalista”, afirmando que “la tarea de una fuerza revolucionaria (…) con las instituciones del régimen democrático-burgués, y en particular en momentos de crisis, es estimular la desconfianza de las masas en ellas”.

Entre el catastrofismo mecanicista y el abstencionismo político

El planteo de Altamira se sostiene sobre el catastrofismo mecanicista que históricamente planteó el Partido Obrero. En el texto de Solari Pozzo se afirma que “las PASO no son la causa de la devaluación y del derrumbe de los activos capitalistas, sino simplemente el resultado político de ese desplome, deformadamente”.

El macrismo llegó a las elecciones cruzado por los límites para imponer su programa de ajuste. Sin embargo, la magnitud de la diferencia electoral −15 puntos− determinó un salto en calidad en la situación de crisis política. La apuesta política del gran capital por Cambiemos −evidente en las semanas previas− quedó sin sustento ante la avalancha de votos opositores.

El resultado electoral aceleró una crisis económica en curso y precipitó la crisis política del gobierno. Sin embargo, no liquidó a los factores del régimen burgués. El Frente de Todos se convirtió en un actor con legitimidad social para canalizar el descontento de masas. Eterno partido de la contención y el orden, el peronismo re-emergió como mediación política nacional. Desde ese lugar, Alberto Fernández juega el difícil juego de sostener a Macri bajo un discurso crítico.

Se trata de hacer política partiendo de esa realidad. La exigencia de que se convoque al Congreso Nacional apunta a desenmascarar al kirchnerismo y al peronismo por su pasividad ante la debacle social que sufren millones. Esa es una posibilidad real. Su fuerza parlamentaria logró aprobar la llamada ley antidespidos (2016) y un freno parcial a los tarifazos (2018), ambas medidas vetadas por Macri.

El planteo del PTS propone que el debate sea televisado para toda la población. De llevarse a cabo, implicaría una tribuna política para que millones vean en directo la actuación de las fuerzas patronales. Lejos de habilitar “un acercamiento” entre Macri y Alberto Fernández, mostraría la proximidad programática entre las variantes patronales. Funcionaría como ejercicio educativo para los explotados y oprimidos de todo el país, mostrando a la izquierda como único espacio con una perspectiva opuesta [1].

La exigencia sostiene, además, el llamado a una gran movilización que rodee el Congreso Nacional para exigir esas medidas. Como mostró diciembre de 2017, aquel histórico edificio es siempre un escenario más en la lucha de clases nacional.

En la noche del domingo 11, cuando la crisis nacional daba sus primeros pasos, el PTS planteó la necesidad de un paro nacional activo de 36 horas. La denuncia y exigencia ante la pasividad de la CGT, el moyanismo y la CTA es parte de la táctica del Frente Único Obrero. El llamado supone empujar la acción de las organizaciones de masas, al tiempo que deja en evidencia el rol traidor de las cúpulas gremiales, eternas garantes del orden.

El PTS apunta a la utilización revolucionaria de la tribuna parlamentaria, vía para mostrar a millones el verdadero rostro del peronismo opositor. Lo contrario resulta en el abstencionismo frente a las mediaciones concretas del régimen.

¿Terminar con el Congreso?

La frase sobre “terminar” con el Congreso Nacional presenta un izquierdismo febril separado de los marcos de la realidad. Las mayorías populares están aun lejos de considerar superadas las instituciones de la democracia burguesa.

Lo ocurrido el domingo pone en evidencia algo ya debatido en relación a las elecciones provinciales. Con la invaluable colaboración de las conducciones burocráticas de los gremios, la oposición al ajuste salió de las calles para volcarse a las urnas. El “hay 2019” funcionó como un gigantesco filtro para que el castigo a Macri solo pudiera expresarse vía electoral.

El catastrofismo mecanicista de Altamira empuja a una caracterización abstracta sobre el peronismo. En otro posteo señala que “las ilusiones políticas de trabajadores en el peronismo se encuentran considerablemente disminuidas respecto a experiencias históricas anteriores”.

En términos históricos, la afirmación puede resultar correcta. Pero la verdad, al decir de Lenin, es siempre concreta.

El peronismo encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner expresa hoy, a su manera, el rechazo de millones a los planes de ajuste impulsados por Macri y el FMI. Desde ese punto de vista, computa una fortaleza relativa de la que hay que partir para hacer política revolucionaria.

A ese registro hay que agregar la unidad alcanzada. Aunque con intereses propios, el Frente de Todos incluye gobernadores, intendentes, el kirchnerismo propiamente dicho, los restos del massismo, la casi totalidad de la burocracia sindical y a gran parte de la conducción de los llamados “movimientos sociales” .

Bajo las condiciones impuestas por el FMI, el Gobierno de Fernández-Fernández traerá nuevos ajustes hacia las mayorías populares. Expresando el limitado horizonte de la burguesía nacional, se convertirá en una nueva herramienta del gran capital imperialista. Pero esa situación aún es el mañana. La política revolucionaria no se construye solo sobre perspectivas históricas generales, sino también sobre la situación concreta.

Asamblea Constituyente: una política contra las salidas pactadas

El debate sobre la Asamblea Constituyente (AC) no es nuevo entre las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda. En 2018, en la medida que se desarrollaba la crisis social y política, el PTS planteó la pelea por esta consigna.

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En el artículo de Rafael Santos se afirma que “en manos del actual gobierno macrista -o su eventual sucesor- será una Constituyente amañada que incluso podría imponernos reformas reaccionarias (…) la Constituyente es un parlamento y se elige a través del sufragio universal como cualquier elección parlamentaria (…) Sin la intervención revolucionaria de las masas, la Constituyente puede ser convertida en un arma reaccionaria para hacer pasar los ajustazos fondomonetaristas”.

El texto, además de polemizar con nuestra corriente, lo hace con la Tendencia que encabezan Altamira y Ramal. Sin embargo, las dos posiciones están muy lejos de acercarse.

A lo largo de la campaña electoral, el PTS planteó un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Programa que, entre otras medidas, incluye el rechazo al pago de la deuda y a los que se proponen gobernar bajo las órdenes del FMI; la anulación de los tarifazos y la nacionalización bajo gestión de los trabajadores de los servicios públicos; la nacionalización de la banca sin indemnización y la organización de una banca estatal única, bajo control de los trabajadores. Todo ello en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Esta política marcó una diferenciación hacia el Frente de Todos que, más allá de la oposición discursiva a Macri, garantizó los pagos futuros a los grandes especuladores.

Durante ese período, Altamira propuso la consigna de “Fuera Macri. Asamblea Constituyente”. Sin embargo, en un contexto signado por las ilusiones de echar a Macri vía elecciones, esa política implicaba diluirse en la marea del “malmenorismo”.

La situación política nacional viró bruscamente la noche del domingo pasado. La consigna de Asamblea Constituyente Libre y Soberana adquiere otros valores. Al calor de la crisis, y ante el veto de “los mercados” hacia el voto de millones, puede devenir una política central de cara al futuro inmediato.

En la tradición del marxismo revolucionario se concibe como una apuesta a que las masas procesen una experiencia con los mecanismos de la democracia burguesa. Hasta cierto punto, las elecciones del domingo pasado ofrecen un fortalecimiento de esas ilusiones. En ese contexto, “estimular la desconfianza de las masas” en las instituciones no puede reducirse a la denuncia. Máxime cuando el Frente de Izquierda es una fuerza política presente en la escena nacional.

En tiempos de crisis social y política, la consigna de AC puede aparecer como una alternativa a las salidas pactadas o negociadas, constituyéndose en fuerza motriz para la movilización revolucionaria, empujando el desarrollo de la auto-organización entre fracciones de masas. En tanto institución que discute y define aspectos estructurales del régimen burgués es mucho más que un parlamento, más allá de la similitud en los métodos de elección.

Nuestro planteo de Asamblea Constituyente Libre y Soberana es inseparable del programa obrero planteado frente a la crisis. Resulta evidente que la pelea no es por una “Constituyente amañada”. Por el contrario, es preciso impulsar la organización y lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre para imponer una instancia ampliamente democrática y soberana.

Sin embargo, el debate sobre “quién tiene que convocarla” presenta un carácter metafísico. Liquida la potencialidad revolucionaria que tiene la consigna para intervenir ante grandes crisis políticas. El mismo Trotsky, debatiendo alrededor de esta cuestión, señalaba que semejante planteo lindaba con la especulación abstracta [2].

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Reseñando la política bolchevique hacia el parlamento, hace ya un siglo Lenin explicaba que “de ningún modo se deduce que esa disolución sea obstaculizada o no sea facilitada por la presencia de una oposición soviética dentro del parlamento contrarrevolucionario” [3].

Si la dinámica de la crisis obligara al poder político a convocar una Asamblea Constituyente, esta funcionaría como una enorme tribuna ante los ojos de millones. Allí los representantes de la izquierda podrían desenmascarar la complicidad de todas las fuerzas tradicionales con el gran empresariado. El peronismo, en sus diversas alas, se rebelaría como celoso guardián de las ganancias capitalistas.

El debate agilizaría la separación política entre los representantes del capital y las grandes masas, facilitando el camino a la intervención independiente de la clase trabajadora. La necesidad de poner de pie organismos de auto-organización y apelar a sus métodos de lucha se tornaría nítida para los explotados.

Rechazar el planteo de Asamblea Constituyente bajo el abstracto planteo sobre sus eventuales convocantes equivale a cercenar posibilidades políticas. La realidad anuncia un futuro gobierno peronista. Facilitar desde hoy mismo la experiencia de masas con esa fuerza política constituye una tarea estratégica. La independencia política de la clase obrera constituye el necesario prerrequisito para abrir el camino de la lucha revolucionaria por el poder.