Movimiento Obrero. La izquierda exige paritarias libres y sin techo

La paritaria de la UOM, que el gobierno busca usar de negociación “testigo” para imponer una pauta de ajuste para el conjunto de las negociaciones en los sindicatos, está trabada desde hace semanas. Esto sucede a pesar de que el dirigente de la CGT oficialista y de la UOM, Antonio Caló, está dispuesto a aceptar un aumento por debajo de la inflación, avalando que los salarios de los trabajadores sean una de las variables de ajuste frente a la recesión. Sus gestos de buena voluntad con el gobierno y los empresarios (y no con los trabajadores), como la postergación del anunciado paro metalúrgico de 36 horas para pelear por el aumento demandado, no fueron suficientes hasta el momento para cerrar un acuerdo. Según algunas versiones, sería porque el gobierno nacional quiere bajar aún más el principio de acuerdo al que se habría llegado alrededor de un 28%. Frente a esta situación, hace instantes la UOM acaba de anunciar la realización del paro para el miércoles.

Distinto es el caso de Comercio. En este gremio, los dirigentes también fijaron el porcentaje de aumento no en función de las necesidades de los trabajadores (hoy la canasta familiar está alrededor de 12.000 pesos), sino “de acuerdo a la rentabilidad del sector”, es decir, priorizando las ganancias empresariales. De este modo, lograron un acuerdo con las cámaras patronales del sector. Sin embargo, la traba para cerrar esta negociación es que el gobierno nacional se niega a homologar el acuerdo, que estipula un aumento del 30% en dos cuotas.

En momentos en que están comenzando las discusiones paritarias para muchos sindicatos, estos indicios comienzan a generar revuelo en el mundo político, empresarial y sindical, más aún en un año electoral.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue quien explicó esta mañana la política del gobierno nacional frente a las paritarias, afirmando que "no se puede ir de madre" la situación, “tiene que ser un número razonable, que no repercuta en los precios”. Es el viejo argumento de responsabilizar a los trabajadores de la inflación.

Quienes están conformes con esta dureza del gobierno nacional contra los trabajadores son distintos sectores empresariales. El Presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, dijo que “está totalmente de acuerdo con el máximo del 25%, ya que es sólido para evitar que se disparen los precios”. Más lejos aún fue el vicepresidente de la UIA, Juan Carlos Sacco, quien sugirió que el gobierno nacional “dé un aumento salarial por decreto”, ante la multiplicidad de sindicatos que piden incrementos por encima del 30 por ciento.

Las trabas en las negociaciones pueden dar nuevos episodios de roces entre el gobierno y los sindicatos. Tras el paro nacional del 31 de marzo, Cristina Kirchner salió a atacar el reclamo central planteado por las cúpulas sindicales opositoras en esa medida de fuerza, la suba del mínimo no imponible del impuesto al salario. Sin embargo, a pesar de esto y de no haber obtenido las demandas, las cúpulas sindicales evitaron hasta el momento llamar a un nuevo paro nacional, y decretaron la tregua. Pero las aguas están inquietas por estos días en el mundo sindical. Al problema de la falta de cambios en ganancias, se suman más elementos que hacen más complejo el escenario en las paritarias, lo cual está haciendo que por estas horas se multipliquen las reuniones entre dirigentes gremiales y los tonos de voz se eleven un poco más. Como dijera hace poco un columnista del diario La Nación, no es que a las cúpulas sindicales les preocupen los intereses de los trabajadores, pero sí temen que el descontento en las bases alimente el crecimiento de la izquierda en sus gremios. Además, buscan mostrar su fuerza para posicionarse y ser tenidos en cuenta para sus prebendas por el próximo gobierno.

Así las cosas, el gremio bancario, por ejemplo, anunció un plan de lucha que comienza con asambleas e interrupción de tareas durante dos horas para el miércoles y jueves de esta semana, y un paro de 24 horas para mediados de mes, al no haber “aún propuesta alguna de las patronales para superar la pérdida del poder adquisitivo salarial y tampoco decisiones para modificar y/o compensar el injusto impuesto a las ganancias a los ingresos alimentarios”. Por su parte, trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) iniciarán mañana un paro de 96 horas en reclamo, entre otros puntos, de un aumento salarial "de no menos del 40 por ciento". Las negociaciones de los aceiteros son otras que vienen con fricción ante el reclamo de un aumento del 42%.

Otros gremios como Alimentación o Gastronómicos comienzan por estos días negociaciones con pedidos por encima de los topes salariales que quiere imponer el gobierno, al igual que Camioneros que pedirá un 33%.

Sin embargo, entre las palabras y los hechos de las cúpulas sindicales suele haber una gran distancia. Por eso, desde la izquierda y el sindicalismo combativo, el pasado 1º de Mayo se levantó una tribuna en la que se exigió, entre otros puntos, que las negociaciones paritarias no queden en manos de las cúpulas sindicales que hacen acuerdos a espaldas de los trabajadores, sino que los delegados paritarios sean elegidos en asambleas. Desde Plaza de Mayo también se exigió a las cúpulas sindicales un plan de lucha contra el ajuste, que empiece por un paro activo de 36 horas, por paritarias libres y sin techo, por la anulación del impuesto al salario y por todas las demandas que los dirigentes oficiales de los sindicatos no toman, como la lucha contra la precarización laboral y el apoyo a todas las luchas, como la de los gráficos de Worldcolor que enfrentan el cierre de la fábrica y los despidos masivos, o los docentes de Tigre que enfrentan la falta de cobro de sus salarios. Desde la izquierda y el sindicalismo combativo denunciaron así el ajuste del gobierno y la demagogia de los candidatos Scioli, Massa y Macri, que se preparan todos para un mayor ajuste.