Declaración. La izquierda propone medidas de emergencia frente a la llegada de la segunda ola

Nuestras vidas valen más que sus ganancias

Liberar las patentes y los derechos de propiedad que rigen sobre las vacunas, es la única medida de fondo para que las mayorías en el mundo accedan a la (hasta ahora) única vía de mitigar los efectos letales de esta pandemia: la vacunación a gran escala.

Si bien la vacunación no impedirá, muy probablemente, la llegada de la segunda ola, como lo demuestran Chile y otros países, hasta ahora hay evidencia de que previene las complicaciones más graves, derivadas de la enfermedad y mitiga sus efectos, por lo que aliviaría la presión sobre el sistema de salud y reduciría la mortalidad, frente al aumento significativo de contagios que llegó a gran parte del cono sur.

Sin embargo, como lo hemos denunciado junto a las organizaciones de la izquierda que conforman el FIT, “Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público”.

Pero también hay que señalar que esas mismas investigaciones científicas, financiadas mayormente con fondos públicos, son monopolio de las grandes farmacéuticas, y sus ensayos y pruebas, cerradas a cualquier tipo de control y fiscalización. Por lo tanto, el control independiente por parte de comisiones de especialistas y las organizaciones de los trabajadores de la salud, respecto no solo del desarrollo de las vacunas, sino de todos los tratamientos y ensayos en curso (medicamentosos, sueros, plasma, etc.) urge como forma de romper el círculo de negocios que los laboratorios, con el aval de la OMS imponen en todo el mundo, con pleno apoyo de los Estados imperialistas.

La crisis de las vacunas incluye desde la falta de entrega a tiempo y en las cantidades comprometidas a las grandes potencias, que no dudan en acaparar dosis como los millones acopiados en EEUU de la producida por AstraZeneca, o los 29 millones detectados en depósitos italianos, hasta la ausencia total de vacunas en más de 130 países del mundo.

En el caso de Argentina la situación es crítica. Mientras afrontamos un crecimiento vertiginoso en los últimos días de la curva de contagios y ya se ha detectado circulación comunitaria de las cepas de Manaos, Reino Unido, Rio de Janeiro y California, y a tres meses de iniciado el “plan de vacunación” instrumentado por el Gobierno, apenas se inoculó a un 7 % de la población con una sola dosis, mientras que los que han completado sus dos dosis se reduce al 1,4% del total de la población del país.

Se informan 16 millones de personas consideradas como parte de los grupos de mayor riesgo. 8 millones son adultos mayores de 60 años. Otros tantos componen la población que, aún siendo menores de 60 años, tienen enfermedades preexistentes que resultan en un riesgo adicional frente al contagio por Covid. De todos ellos, apenas un 17% recibió al menos una dosis.

El Gobierno nacional nada hizo para sumarse a la campaña mundial por la eliminación de las patentes, aceptando en los hechos que un puñado de laboratorios a nivel mundial tengan el monopolio de la producción y distribución de las vacunas, dejando a la humanidad, particularmente de las naciones más pobres, a merced de estas empresas que multiplicaron sus ganancias durante la pandemia.

Sin embargo, en Argentina el caso es aún más escandaloso: mientras la Ministra Carla Vizzotti anuncia como “gran plan” diferir la segunda dosis para ampliar la población vacunada con una sola, en el país se produce el principio activo de la vacuna contra la covid-19 patentada por AstraZeneca y ya se lleva elaborado el equivalente a 40 millones de dosis.

En el laboratorio mAxbience, del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman, se fabrica el componente que luego, según el acuerdo entre la farmacéutica multinacional y los grandes empresarios Hugo Sigman y Carlos Slim, culmina su producción y envasado en el laboratorio Liomont, de México.

Como denunció la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Argentina lleva exportado a México componentes para fraccionar 40 millones de vacunas y no ha recibido ni una sola dosis de esa producción. Este sector reclamó al Gobierno nacional que frene la exportación de la vacuna y habilite a laboratorios públicos y privados argentinos a fraccionar y envasar esa producción para acelerar la campaña de vacunación. Ahora el Gobierno dice que algunas de éstas dosis llegarían en la tercera semana de abril, pero sería apenas un 4 % de lo comprometido.

Es urgente que se declare de utilidad pública este laboratorio, ubicado en la localidad de Garín, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para concluir el proceso de envasado en el país, de manera tal de poder acceder de manera masiva a la vacuna que debe ser considerada un bien social.

Así lo expresa el proyecto de ley presentado esta semana por el Diputado del PTS en el FIT Nicolás Del Caño, no solo para satisfacer la vacunación en nuestro país, sino también para poder producir vacunas para los pueblos hermanos de la región.

Lejos de solo contemplar y relatar como inevitable la escasez de vacunas en el mundo, como recientemente escuchamos en declaraciones del presidente Fernández, se trata de afectar los recursos que acaparan unos pocos empresarios, que sólo buscan asegurar sus negocios sobre la vida de la población; para ponerlos en beneficio de millones.

El año que vivimos en peligro

Junto con éstas medidas urgentes frente a la escasez de vacunas, a más de un año de declarada la emergencia sanitaria, el aumento de casos vuelve a poner en discusión cuáles son las medidas que debemos exigir para cuidar la salud de las mayorías trabajadoras.

Desde la izquierda insistimos con un conjunto de medidas, para que esta crisis no siga recayendo sobre las y los trabajadores, tanto la crisis sanitaria, el aumento de contagios y los riesgos para la salud, como la crisis económica, que golpea con fuerza, con empobrecimiento, pérdida de poder adquisitivo por la inflación, desocupación y precarización laboral.

1. Frente al aumento de casos, el gobierno insiste en poner el foco de responsabilidad en cada individuo, mostrando que la gente, cansada del encierro, hace reuniones familiares y sociales y de esta forma va creando un clima de culpabilización “individual” por los contagios y por ende por el futuro desborde de los hospitales y las UTI que podrían ocurrir si la situación se agrava y el crecimiento de los contagios continúa en ascenso. Por el contrario, la responsabilidad radica en la falta de un plan de conjunto por parte del ejecutivo.
Frente al aumento de casos, la presencia de nuevas cepas y la proximidad de una segunda ola, es necesario desarrollar una campaña activa de testeos y rastreos en cantidad, con el fin de monitoreo epidemiológico y para planificar medidas sanitarias a nivel central. Junto con el aislamiento de contactos, para suprimir las cadenas de contagio. Es necesaria la estatización de los laboratorios que con financiamiento estatal han desarrollado test tanto moleculares, como de detección del desarrollo de anticuerpos, para poder aumentar la capacidad de testeo al nivel que requiere la pandemia. Este plan permitiría identificar casos, zonas más afectadas y la evolución y progresión del contagio, lo que provee de elementos vitales para definir las políticas sanitarias (aislamientos de contactos estrechos, seguimientos de casos, disposición de camas y centros de cuidados, zonas más afectadas, cierres parciales, etc.).

2. A más de un año de comenzada la pandemia, las condiciones del sistema de Salud siguen siendo críticas. La salud es un derecho humano básico y no puede tratarse como mercancía, limitando el acceso en función de la capacidad de pago. Por eso seguimos reclamando la centralización del Sistema de Salud, para que todos los recursos disponibles públicos, privados y de obras sociales, estén al servicio de combatir la pandemia, bajo la órbita del Estado y con control de trabajadores y la comunidad.

3. El cuidado de la salud de la población es un derecho que tenemos que pelear activamente. Frente a las políticas de las patronales y el Estado, tenemos que desarrollar Comisiones de Seguridad e Higiene independientes, formadas y elegidas por los y las trabajadoras, con el asesoramiento de profesionales y con el poder de garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad en las fábricas, establecimientos, escuelas y oficinas, para evitar o disminuir el riesgo de contagio. Que ésta comisión participe con plenos derechos en la elaboración de los protocolos de cuidado que correspondan con el tipo de actividad y las características del lugar y la producción, y que tenga poder para exigir su aplicación y convocar asambleas y eventuales medidas de fuerza si no se respetan estas condiciones.
Ningún establecimiento sin los protocolos sanitarios adecuados, para evitar los riesgos de contagio. La salud de las y los trabajadores está primero.

4. Mientras el Gobierno declara la llegada de la segunda ola, fueron los responsables del ajuste en el presupuesto en salud pública. En términos reales, se ajustó por lo menos un 16 % respecto del 2020, lo que sin dudas será mayor, ya que la inflación superará la estipulada por el Gobierno nacional en el presupuesto. Es urgente aumentarlo, para contar con los recursos necesarios para hacer frente al rebrote, tanto para la provisión de insumos, aparatología y camas a los hospitales, su adecuado mantenimiento y nombramiento de personal.

5. Esenciales tratados como descartables. Las condiciones laborales venían muy mal con antelación a la llegada del COVID y se agravaron durante la pandemia. El refuerzo del sistema de salud se hizo a base de precarización laboral, contratos inestables, bajos salarios y agotamiento de los trabajadores de la Salud. 15 de cada 100 profesionales y trabajadores de instituciones médicas contrajeron coronavirus y 1 de cada 100 contagiados falleció. Les negaron las licencias a quienes tenían factores de riesgo y casi no han tenido derecho a días de descanso en este año. Es urgente el reconocimiento de todos los derechos laborales, el fin de la precarización y el nombramiento de personal, junto con un salario igual a la canasta familiar, para terminar con el pluriempleo.

6. Cualquier medida de mayor restricción de la circulación que deba tomarse, si la situación sanitaria se agrava, golpeará en primer lugar a quienes están sin empleo o con ingresos inferiores a la indigencia. El 11% de la población está desocupada, y esto amenaza con agravarse aún más. Es urgente la inmediata restitución del IFE de $ 40.000 para los que se quedaron sin empleo, que el Gobierno excluyó del presupuesto 2021 y aumento de los diversos programas sociales, como los que asisten a las fábricas recuperadas. Lo mínimo necesario para poder vivir. Junto con esto un salario mínimo de $ 50.000 para activos y jubilados como medida de emergencia, mientras continuamos la pelea para que cubra el costo de la canasta familiar.

7. Prohibición efectiva de los despidos y de suspensiones con rebaja salarial. Así como la ocupación y puesta en producción por parte de los trabajadores, de toda empresa que cierre o despida masivamente. Ni una sola cama hospitalaria menos, estatización de toda clínica o sanatorio que cierre, como la Clínica San Andrés de Caseros, en lucha.

8. Contra el tope a las paritarias, por aumentos salariales acordes a la canasta y cláusula gatillo para hacer frente a la inflación. Basta de precarización laboral y trabajos basura para la juventud.

9. Sin vivienda no hay salud. Mientras millones viven hacinados, en casillas, sin luz, agua, ni acceso a los servicios básicos, en barrios y asentamientos de todo el país, avanza el negocio de los countries y la especulación inmobiliaria. No a los desalojos, congelamiento de alquileres. Por un plan de viviendas, en base al no pago de la deuda, que priorice el acceso a la tierra y la vivienda para los millones de personas que tienen este derecho negado.

10. El apoyo a cada conflicto y proceso de autoorganización para desarrollar toda la fuerza obrera, con asambleas, comités de lucha y todo lo que ayude a organizar al activismo, es de primer orden. Y desde abajo, hay que imponerles a las centrales sindicales que abandonen la tregua y la subordinación a las políticas de ajuste y convoquen a un verdadero plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares para que la inflación, la desocupación, la precarización laboral y la pobreza no sigan golpeando a la clase trabajadora.

11. Plata hay, pero se la llevan el FMI y los usureros. El desconocimiento soberano de la deuda externa es fundamental y la primera medida que tiene que acompañar al no pago es la nacionalización de la banca en un sistema único estatal, para cortar de raíz con la especulación financiera, junto con instaurar el monopolio del comercio exterior, contra la especulación con la venta o almacenamiento de granos para venderlas cuando les conviene, de los grandes exportadores del agro negocio. En definitiva, un plan alternativo al de los poderosos, uno que se imponga con la fuerza de los trabajadores, para no ser quienes volvamos a perder en esta crisis.