Ante el anuncio de la quita de subsidios al transporte urbano, la concejala de Córdoba Capital por el Frente de Izquierda propone poner fin al "superpoder" otorgado al ejecutivo para que sea el intendente quién fije el valor de la tarifa.
Jueves 8 de febrero de 2024 19:44
La concejala del Frente de Izquierda de la ciudad de Córdoba, Laura Vilches, presentó un proyecto de ordenanza, que lleva el número 11184, donde se propone la derogación de los superpoderes otorgados al ejecutivo municipal para fijar el precio de cada pasaje del transporte urbano de pasajeros. Según la Carta Orgánica Municipal, fijar la tarifa de los servicios públicos está dentro de las atribuciones y facultades del Concejo Deliberante, quién transfirió este poder en la segunda gestión de Ramón Mestre y fuera prorrogada durante las gestiones de Llaryora y Passerini.
En los fundamentos del proyecto, la referente de la izquierda en Córdoba, señaló que “en el periodo entre febrero de 2023 y el 27 de enero de 2024 (fecha en que se autorizó el último aumento) el valor del boleto se cuadruplicó, pasando de 85 pesos a los actuales 340 pesos. Un aumento del 300% que es aún mayor al ya escandaloso índice de inflación interanual."
El proyecto alega que la facultad de definir el precio del boleto debe volver al Concejo y quitarle las facultades "monárquicas" que sólo se han usado para beneficiar a las empresa y no los y las pasajeras.
Con respecto al anuncio de la quita de subsidios, Vilches afirmó: "Creemos que no puede quedar en la opacidad un tema que afecta al conjunto del pueblo trabajador. La política de Milei es que el ajuste lo pague la población mediante la transferencia de ingresos a los empresarios, Passerini se suma al "no hay plata", para mantener una facultad extraordinaria y discrecional que favorece al par de empresas que prestan un pésimo servicio con unidades que se prenden fuego en pleno recorrido. Ahora están asustando a la población diciendo que sin subsidios el valor del boleto tiene que estar arriba de los mil pesos. Esto será usado para intentar que la población acepte un aumento menor a esa cifra”.
Para finalizar Laura Vilches dijo que “en el proyecto planteamos que la derogación es desde el 1 de enero, con lo cual el valor debería volver a lo que pagábamos a principios de año. Que las empresas se hagan cargo del aumento con sus millonarias ganancias y que abran sus registros contables para demostrar si hay pérdidas. El transporte es un derecho y debería ser estatal bajo control de trabajadores y usuarios que sabemos lo que necesitamos. No pude seguir siendo ese millonario negocio de unos pocos. Creemos también que en el tratamiento tienen que ser parte los usuarios del servicio y los trabajadores ya que son quienes terminan padeciendo las condiciones del servicio"
