CASO BÁRCENAS Y GURTEL. La justicia del Régimen deja impune a Rajoy y la corrupción del PP

En plena ofensiva del gobierno del Partido Popular para obligar a los líderes catalanes a “volver a la legalidad” y “cumplir la ley” que ha llevado incluso a Rajoy a perseguir a Puidgemont hasta Bruselas, estos días nos enteramos de que la justicia confirmó las implicancias del PP y su tesorera nacional en la destrucción de las pruebas que los implicaba en el caso Bárcenas.

Esto desenmascara el doble rasero de la política del Gobierno, pero también el papel del aparato judicial del propio Régimen que el PP usa a sus anchas. A pesar de que los medios han intentado pasar por puntillas la descarada corrupción en plena ofensiva españolista contra el pueblo catalán, han ido surgiendo novedades al respecto.

A finales de octubre la Fiscalía Anticorrupción (que solo es parte de los denunciantes, pero no es el órgano que dictamina las sentencias ya que estas solo pueden ser dictaminadas por el juez) prácticamente declaró culpables en el caso Gurtel tanto a Ana Mato y su marido, que entre otros crearon un “sistema” que permitía delinquir con ayuda de los cargos públicos del Partido Popular.

Por otro lado, a principios de noviembre, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, que dirige la investigación del mismo caso, compareció en la Comisión de investigación del Congreso donde indicó que existían indicios de que el presidente del Gobierno recibió pagos de la “caja B” del Partido Popular manejada por Luis Bárcenas. Ni más ni menos. Pero no fue el único, anteriormente la Fiscalía Anticorrupción de la mano de Concepción Sabadell dejo clarísimo ante el tribunal que juzga el caso Gurtel, que ha quedado “plena y abrumadoramente” acreditado que los papeles de Bárcenas hacían referencia a la “caja B” del PP. De momento nadie ha sido realmente juzgado.

Pero lo último ocurrió esta misma semana cuando la Audiencia Provincial de Madrid acabó por procesar como acusados al Partido Popular, a su tesorera nacional Carmen Navarro, a un informático y al abogado de los Servicios Jurídicos del Partido Popular por la destrucción de los discos duros de los “ordenadores de Bárcenas” donde almacenaba parte de los datos que demostrarían la doble contabilidad de la que se financio ilegalmente el PP, y de los que Bárcenas entrego solo una parte. Sería la primera vez que el Partido Popular, no como individuo sino como persona jurídica, se sienta en el banquillo de los acusados. Lo que resulta totalmente sorprendente que después de varios centenares de casos de corrupción sea solo ahora puesto en acusación.

La Audiencia provincial con este auto considera que el PP ordenó borrar los ordenadores de Bárcenas cuando se fue de la formación. Todo esto ocurrió en el contexto de que después el extesorero entregó a la Audiencia Nacional una parte de los datos que propició el inicio de una investigación a cargo de Pablo Ruz. Este último solicito varias veces y en distintos momentos que el PP le diera los ordenadores, pero ante la negativa de los populares tuvo que ordenar a la Policía que acudiera a la sede del Partido Popular el 19 de diciembre de 2013. Pero evidentemente, los datos de los discos duros habían sido destruidos. Lo que llevo a Ruz a pedir una investigación. Investigación que esta semana ha concluido en este auto que dictamina, sorprendentemente, que el PP se siente en un banquillo no para pagar las consecuencias por borrar archivos sino para ser juzgado en un nuevo circulo tautológico del que no se sale. Contra este auto se ha pronunciado y obstaculizado por viento y marea la propia Fiscalía General del Estado, que depende, irónicamente, del Gobierno de Mariano Rajoy.

Como no podía ser de otra manera, la editorial de El País ha salido en la defensa del régimen contra los “reproches y críticas” hacia algunas sentencias que han salido durante este tiempo, “como ha ocurrido muy recientemente con el encarcelamiento de los miembros del Govern”. Es decir, la editorial quería demostrar que el aparato judicial español es independiente y actúa en igualdad tanto contra los rebeldes catalanes como contra la derecha español. Así sentenciaba que “La justicia ha funcionado”. Pero esto es una mentira completa respecto al aparato judicial.

A los líderes de Omnuin y ANC se les acusa personalmente de sedición por el simple hecho de estar a favor del derecho de los catalanes a votar y protestar en las calles. Nadie tiene prueba alguna sobre el contenido, la magnitud, y las implicancias de estas acusaciones de los dos líderes que no han tardado ni un mes ¡ni un mes! en acabar en la cárcel. Por otro lado, sin prueba alguna y sin perder ni un solo minuto una horda de fiscales, jueces y policías fueron enviados a sedes de los partidos, de instituciones públicas, de imprentas y distintos organismos con el fin de desactivar el derecho de los catalanes a meter en una urna un papel. Todo esto en un plazo de un mes.

Desde este punto de vista resulta increíblemente vergonzoso, pero también tremendamente instructivo como el caso Bárcenas se inició en el año 2007. ¡hace 10 años! En febrero de 2009 los magistrados implicaban en la trama a Bárcenas como Tesorero del PP. Es decir, que se sabía perfectamente de las implicancias y la información que rodeaba a este altísimo cargo del régimen. Al siguiente año, en abril de 2010, dimite del PP, pero en septiembre de 2011 sorprendentemente la causa contra Bárcenas es archivada por falta de pruebas. ¡El caso hubiera quedado archivado si no llega a ser que dos años después el País en enero de 2013 publica nuevas pruebas que implicaba al propio presidente del gobierno! Esto pasó hace 4 años. Y llegados a finales de 2017 nos encontramos con un auto que no juzga la doble contabilidad, sino que juzgará (en un futuro) un supuesto caso de borro de archivos.

Y mientras, tanto, cuatro años después, la justicia parece que sigue sin saber quién era M. Rajoy, el que recibía donaciones en negro de empresarios en los papeles de Bárcenas.

Es decir, que desde que se sospechó en 2009 de la relación de Bárcenas en la trama mafiosa, la “justicia” tardó 4 años en mandar un escuadrón policial a la sede del Partido Popular, antes de pedirle amablemente que entregase los archivos por los cuales debía ser juzgado. Archivos que el PP tuvo tiempo de borrar no solo 35 veces como informaba La Vanguardia sino de borrarlos todas las veces que quisiera. Y so pena de no implicar al aparato judicial en toda esta trama de mafiosos, El País se atrevía hablar de la independencia de la “justicia”.