Domingo 2 de febrero de 2020
Con la revuelta popular, se han vuelto a cuestionar las herencias de la dictadura, como la educación, el costo de la vida, los privatización de los servicios básicos. Otro foco de cuestionamiento por parte de sectores de la juventud, tiene que ver con la crisis medioambiental y los millonarios negocios que los empresarios hacen a costa del saqueos y la explotacion a los recursos naturales.
Ante estos cuestionamientos que han expresado miles en las calles, el gobierno ha respondido con más represión, no solo con una violencia que a cobrado vidas - como la de Ariel Moreno - sino que con leyes, como la ley Antisaqueos que pretenden prohibir el derecho a la protesta. A más de cien días de lucha donde se han apresado a cientos de luchadores, entre ellos activistas ambientales, es necesario que pensemos en las perspectivas de esta lucha en materia medioambiental, siendo varias de las leyes y cláusulas que sostienen la privatización y explotación de los recursos naturales herencia de la dictadura de Pinochet.
La privatización de los recursos naturales, de los territorios, el agua, del cobre, el litio entre otros, son problemáticas que tienen costos en la vida cotidiana de las millones de personas que habitan el país, pero también, el hecho de que los recursos naturales estén en manos de una minoría que tiene como único objetivo aumentar sus ganancias, agudiza la crisis medioambiental provocada por los ritmos irracionales de producción propios del capitalismo, que solo obran para proteger los privilegios de los empresarios.
Los recursos que no están en nuestras manos
Demandas tales como la educacion gratuita, salud pública de calidad y la necesidad de una vivienda digna se podrían resolver si las ganancias de los grandes empresarios del cobre - tales como Luksic-, y de las mineras de países imperialistas, no cayeran en sus bolsillos, sino que fueran administradas por sus trabajadores, justamente para poder suplir estas necesidades. Esto se relaciona necesariamente con la renacionalización de los recursos naturales bajo gestión de trabajadores/as y comunidades, y con la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana impuesta por la movilización, donde sea realmente el pueblo trabajador, las mujeres, jóvenes, pobladores, quienes decidan cómo se van a utilizar los recursos estatales.
La crisis medioambiental
Durante el año pasado, la crisis hídrica en Chile comenzó a mostrar señales más catastróficas, con sequías y la muerte de decenas de animales a causa de deshidratación o falta de alimentos en la zona central. Por otro lado, escuchábamos en el norte cifras catastróficas sobre el aumento de la tasa de enfermos de cáncer. Estas catástrofes, ambas problemáticas que afectan la salud de los familias trabajadoras son problemas que contribuyen a la crisis climática; por ejemplo, una crisis hídrica facilita el calentamiento de los suelos, lo que eleva también el impacto del sol y el deterioro de la capa de ozono, siendo factor en el aumento de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, ni el aumento del cáncer, ni la escasez del agua son parte de un proceso natural; tienen responsables.
Como decíamos más arriba, la sobre producción y las explotación de los suelos, son responsabilidad de los empresarios que están detrás de los grandes negocios de la minería, el agua y las forestales
La represión para proteger los intereses de los empresarios
Ante los miles de cuestionamiento que abrió esta revuelta que lleva más de 100 días, el gobierno mantiene su fuerte línea represiva, apresando y persiguiendo a luchadores y activistas ambientales como Licanantai Corrales, joven atacameño que estuvo detenido más de un mes, tras ser inculpado de intentar incendiar la comisaría de Calama; o Carmen Serrano, activista de Colibrí Ecosocial Antofagasta, quien fue amenazada por grupos de extrema derecha que buscaban levantar una "nueva CNI", en un intento de callar los anhelos de la juventud que se enfrenta a un futuro incierto con una crisis medioambiental avanzando y un sistema sin oportunidades.
La lucha por tener en nuestras manos los recursos naturales para poder también exigir la gestión de nuestros recursos económicos, está completamente ligada a la necesidad de cambiar de raíz la producción, con poder iniciar un plan de restauración a las comunidades y pueblos originarios afectados por los estragos de los capitalistas.
Esto es uno de los cuestionamientos que se han vuelto abrir en medio del estallido social y la respuesta del gobierno ha sido un proceso constituyente que a punta de represión, impunidad y engaños pretende mantener intactas las herencias de la dictadura como el Código del Agua, el sistema de AFP, entre otros, resguardando además las relaciones económicas con los tratados internacionales, cuidando además los intereses de las transnacionales.
Es por eso que necesitamos levantar una campaña en contra de la represión del gobierno de Sebastián Piñera, a la vez que continuamos la lucha por una asamblea constituyente realmente libre y soberana impuesta por la movilización, que se proponga enterrar las herencias de la dictadura en el pasado, con la unidad y fuerza de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres.
