Se aprobó esta tarde, a pesar de los cuestionamientos de la oposición, particularmente de la izquierda. Las críticas centrales son la falta de un proyecto pedagógico y la precarización laboral de quienes trabajan en las mismas.
Miércoles 4 de abril de 2018 19:26
Como había sido anunciado la semana pasada en las comisiones donde se estaba discutiendo el proyecto del oficialismo, la ley que reglamenta el Programa Salas Cuna fue aprobado en la sesión de la Unicameral de este miércoles.
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El programa es presentado desde el gobierno como un programa que busca “por un lado, contribuir al desarrollo bio-psicosocial de las niñas y niños desde los 45 días a los 3 años de edad inclusive, promoviendo su estimulación temprana para garantizar el desarrollo de todo su potencial, y por el otro, brindar a la madre, y/o adulto responsable de la crianza de niñas y niños, un ámbito para el cuidado y contención mientras trabaja o estudia, contribuyendo así a su inserción social y laboral”.
En concreto, consiste en salas de cuidado de niños y niñas desde 45 días a 3 años, pero sin ningún tipo de proyecto pedagógico ni personal capacitado. Organizaciones no gubernamentales (muchas de ellas religiosas), municipios del interior y hasta la misma Secretaría de Equidad, de quien depende el programa, gestionan las más de 300 Salas de la provincia. Desde la Secretaría se asigna un monto determinado por cada infante que asiste a la Sala Cuna, pero no realiza ningún control de las condiciones laborales de quienes allí trabajan.
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Durante la sesión, el bloque del kirchnerismo realizó críticas pero terminó aprobando en general el proyecto. La legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT, cuestionó duramente el proyecto, considerando que “viola los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y los derechos de niños y niñas”.
Vilches cuestionó que el oficialismo no contempla el aspecto pedagógico de la educación al ser la Secretaría de Equidad la autoridad de aplicación del programa. “Ni siquiera respetan leyes que manifiestan que el Ministerio de Educación o autoridad educativa competente el que tiene que intervenir en los desarrollos curriculares y la supervisión de instituciones educativas, así como en la regimentación de la propia ley”.
Por otro lado, Vilches cuestionó la nula capacitación que se les otorga a quienes trabajan en las Salas Cuna por parte del Estado, mientras habla de la “educación integral de niños y niñas”. “Esto no implica menospreciar lo que hacen las mamás y vecinas que ayudan en las salas cuna, que además tienen una historia previa, muchas surgieron en momentos de crisis económicas y sociales. Pero esto no garantiza necesariamente los derechos de los niños y niñas. Si realmente es eso lo que les importa, den una capacitación real, que sirva como salida laboral y que el trabajo que desempeñen tenga condiciones y salarios dignos”, manifestó. Además, la supuesta “integralidad” de la educación queda en gran parte en manos de instituciones religiosas.
La legisladora consideró que el discurso del gobierno acerca de la defensa de los derechos de las mujeres, que también se usa como argumento en este proyecto, es totalmente falso. “Dicen que este proyecto permite la reinserción laboral de las mujeres de los sectores vulnerables. ¿Se refieren a los planes miserables como el Plan Primer Empleo? ¿Se refieren a la reinserción de las mujeres que en su mayoría trabajan en negro? Inclusive las docentes, que en su mayoría somos mujeres, estamos totalmente precarizadas”.
La legisladora expresó que, para respetar realmente los derechos de niños y niñas, de madres y docentes, en primer lugar “se tiene que aumentar el presupuesto educativo y terminar con los subsidios a las instituciones educativas privadas y religiosas. Hay que garantizar el salario igual a la canasta básica familiar para cualquier trabajador, inclusive a las de las salas cuna, aunque no tengan título. Además, la educación en la primera infancia tiene que estar integrada al sistema educativo nacional que tiene que ser único. Tiene que haber una revisión del sistema educativo por parte de los propios actores que somos quienes sostenemos la educación pública, los estudiantes y las familias. Finalmente, el Estado tiene que garantizar los jardines maternales según las necesidades poblacionales de cada lugar, pero también en cada lugar de trabajo y de estudio, con personal idóneo”.
