Aunque ya se había anunciado desde muchas semanas atrás, incluso antes de que el títere de Washington se autoproclamara “presidente encargado” de Venezuela, la oposición derechista continúa pidiendo que la llamada “Ley de Amnistía” se haga llegar a los cuarteles.
Jueves 7 de febrero de 2019 18:59
Pasadas ya dos semanas de la tal autoproclamación no se ha producido aún el efecto que esperaban, logrando que sectores significativos de los militares se pasen a la avanzada golpista dirigida por Trump en nombre de la “democracia”. Tiempos que parecen jugar a favor de Maduro cuando ya se empieza articular una salida negociada propiciada por México y Uruguay en la que países europeos estarían participando.
La tensión puesta por la llamada “ayuda humanitaria” que estaría entrando por tres puntos fronterizos con Venezuela (uno de ellos por el Caribe del cual se desconoce) no apunta a otro objetivo que incidir en las Fuerzas Armadas como ya lo hemos explicado en otros artículos, haciendo chantaje con las calamidades del pueblo. Este martes ya circulaban imágenes de bloqueo en uno de los puentes con Colombia, cercano a la ciudad de Cúcuta, un puente que nunca ha entrado en funcionamiento.
En esta situación donde las Fuerzas Armadas continúan siendo el punto de neurálgico, se insiste por parte de la oposición derechista la Ley de Amnistía. Es este sentido es que este miércoles, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció una exención de sanciones a aquellos generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con Maduro. ¿Pero qué contiene y qué significa dicha “Ley”?
A diferencia de una que se intentó promulgar en marzo del 2016, esta vez se trata de una Ley dirigida prácticamente a las Fuerzas Armadas, teniendo por nombre “Ley de amnistía y garantías constitucionales para los militares y civiles que colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden constitucional”.
En el acuerdo sobre Ley de Amnistía que fuera “aprobada” por la Asamblea Nacional el pasado martes 15 de enero, se ofrecen garantías para los uniformados “que contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución”. Un eufemismo claro para asestar un golpe de Estado militar.
La ley del 2016, promulgada por esta misma Asamblea Nacional, tenía como fondo el plafón para las negociaciones que se estaban operando en los entretelones entre el gobierno de Maduro y la oposición derechista, en ese entonces cuando aún la ya fenecida MUD tenía cierta vida como plataforma opositora. Era la llamada de “Ley de amnistía y reconciliación nacional”, la cual en su esencia era la propuesta del “autoperdón” de ambas partes por delitos cometidos, como base para los acuerdos políticos.
En ella no se hacía mención alguna a los militares pues todo estaba concentrado en las mesas de diálogo y pactar una transición política. Dicha Ley jamás adquirió curso legal al ser rechazada por el Ejecutivo en función, al no avanzar los acuerdos entre el gobierno y la oposición, siendo que los últimos “esfuerzos” fracasaron en Santo Domingo. Para el gobierno de Maduro por “saboteo” de los norteamericanos, y para la entonces MUD, por el incumplimiento de los acuerdos previos por parte del chavismo. Pero donde, en esencia en tales acuerdos, ambas partes tenían en común en que la crisis la pagara el pueblo, y por eso negociaban a sus espaldas.
Esta vez los militares son los protagonistas de la amnistía de la derecha, en un intento por penetrar a los cuarteles, buscando un quiebre en las Fuerzas Armadas o para provocar un levantamiento. Cuestión que a más de tres semanas de haberse hecho pública no se ha producido, a no ser algunos pronunciamientos individuales como el general de la aviación, pero que no conduce tropas.
Este llamado directo a los militares se presenta bajo frases como “a acompañar a la Asamblea Nacional” y señalando que “solo faltan los militares” para que Guaidó pueda asumir de facto el gobierno. Así lo dice textualmente dicha Ley: “Por ello es deber de la Asamblea Nacional legislar para que los militares o civiles que actúen con base en el artículo 333 constitucional, para restablecer el orden constitucional conculcado, tengan asegurada la amnistía y la reinserción en la vida democrática del país.” El eufemismo para el golpe se cae de maduro.
Pero más explícitamente en esta ley se establece que: “Se decreta la amnistía para todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”, es decir toda la etapa completa desde que Chávez llegó al gobierno.
Así mismo, se continúa indicando que “se establecerá estas y otras garantías a aquellas personas civiles y militares que contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela”. Pero aún, mientras el tiempo pasa, no ha tenido el eco en la dimensión esperada.
Anticipándose y buscando cerrar filas, el ministro de la Defensa, General en jefe Vladimir Padrino López, rápidamente salió a declarar que “Aquí en la Fuerza Armada nadie se cree eso”, y momentos después todos los ocho Comandos de las Regiones Estratégicas Operacionales de la FANB en que se divide el país salieron a jurarle lealtad a Maduro.
Pero es de destacar también que, con esta Ley de amnistía, los integrantes de la oposición de derecha buscan también autoamnistiarse. En la misma se lee que: “Se concederá amnistía igualmente en favor de los funcionarios civiles y militares, así como también a diputados y demás personas que para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren detenidos, en el exilio o estén perseguidos judicialmente por razones políticas”. Agregándose que “A los efectos de la determinación de los hechos amnistiado de conformidad con este artículo, se tendrán en cuenta tanto los hechos investigados, como la lista de presos y perseguidos políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional; sin perjuicio a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
No en vano, todos los de arriba buscan salvarse el pellejo, tanto para aquellos militares que se den vuelta, independientemente de sus responsabilidades en crímenes cometidos contra el pueblo, como para los políticos de la derecha que tanto han azuzado el golpismo a las órdenes de Whashington como el de abril del 2002 y en adelante.
Y en este plan, no extraña tampoco que a estos diputados de la derecha, con su plena mayoría, jamás se le pasó por la cabeza liquidar el conjunto de leyes represivas existentes y votadas una a una cuando el chavismo tenía mayoría, pues las quieren conservar intactas al momento mismo en que se hagan del poder para aplicarlas a la hora de protestas cuando apliquen sus severos plantes como el contemplado en el Plan País.
Pero hay que ser enfáticos en remarcar que este plan de Guaidó y todo su séquito derechista no surge de la cabeza de esta misma derecha criolla. Fue creado directamente en Washington buscando minimizar tiempos para su avanzada golpista con la esperanza de quebrar rápidamente las Fuerzas Armadas. Sabían que una declaración militar o de sectores significativo de las Fuerzas Armadas podían provocar la caída inmediata de Maduro, siendo que éstas son el pilar fundamental del régimen, para consumar un golpe de Estado.
Se sabe, y es de conocimiento público, tal como denunció Associated Press en un reportaje, toda la actuación de la “diplomacia secreta” previas al movimiento político de Guaidó, dándose a conocer cómo éste viajó silenciosamente a Washington, Colombia y Brasil para afinar la política. Todo esto, siendo que al final de cuentas, la decisión de autoproclamarse presidente solo fue posible gracias al fuerte apoyo de la administración Trump, que dirigió a un coro de gobiernos latinoamericanos derechistas que reconocieron de inmediato a Guaidó.
Aún está abierto qué curso tomará la situación. Si terminará triunfando la tentativa golpista o si se entrará en un impasse mayor. Hasta el momento se prefigura un relativo impasse al no quebrarse las Fuerzas Armadas lo que le da tiempo a Maduro, un tiempo que le favorece. La ley de Amnistía actuando como la zanahoria para el mundo de los cuarteles a la par de las amenazas militares. Mientras tanto el estrangulamiento vía las sanciones como el embargo petrolero puede ahondar aún más el colapso económico lo que buscan hacer tambalear al gobierno de Maduro.
Por eso seguimos insistiendo que una salida progresiva a la crisis política y la catástrofe económica solo puede venir de la mano de la clase trabajadora. No es de la mano del imperialismo con variantes títeres criollas que vendrá algo bueno para el pueblo. Ellos han aprovechado toda la debacle del chavismo, que de paso es quien en los hechos ha abierto el camino con sus políticas antiobreras y represivas acentuadas aún más con Maduro. Por eso, en la actual catástrofe hay que levantar un programa obrero y popular de emergencia enfrentando resueltamente el plan imperialista en curso, desarrollando sus organismos de lucha y planteándose la conquista de un verdadero gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.
