Tribuna Abierta. La ley educativa de Camacho

Durante el pasado mes de mayo, se sucedían movilizaciones protagonizadas por sindicatos de maestros urbanos e iglesias en contra de reformas curriculares implementadas por el ministerio de educación. Mientras tanto, la asamblea legislativa de Santa Cruz aprobaba una “Ley departamental de desarrollo humano y políticas sociales para niños y adolescentes sobre educación y currícula regionalizada” [1], promulgada por el gobernador Camacho desde su celda en Chonchocoro.

Pese a la importancia del hecho, la sanción de semejante ley fue ignorada por el poder mediático y se convirtió en noticia recién por estos días de julio, a partir de una nota publicada en el periódico La Razón [2].

¿Un currículo “regional departamental”?

Bolivia tiene una normativa vigente, asociada a la Ley educativa 070 [3], donde se define el currículo regionalizado como un documento elaborado dentro de los lineamientos del currículo base que “considera las particularidades del contexto sociocultural, lingüístico y productivo” (p. 85) de pueblos indígenas o municipios.

Hay dos condiciones fundamentales, entonces, para hablar de un currículo regionalizado: a) su necesario encuadre dentro del currículo base y, b) su carácter “regional”, que supone contextos mucho más específicos que un departamento. La ley departamental de la gobernación cruceña está lejos de cumplir ambas condiciones. Porque niega y desconoce el currículo base vigente, y porque Santa Cruz -como los demás departamentos- es lo bastante amplia y diversa como para tener un solo currículo regional.

Aunque este error de concepto es lo suficientemente grueso, no es el único. La norma que aprobó la bancada mayoritaria de la gobernación cruceña posee tantos vicios de contenido y forma, que el gobierno del MAS no tendrá muchos problemas para impugnarla legalmente. No obstante, los métodos e ideas inscriptos en la lógica política de la Ley en cuestión, merecen una reflexión aparte.

Consignas hechas Ley

La Ley aprobada por la administración de Fernando Camacho está concebida como parte de la estrategia de barrer las reformas de Estado realizadas por el MAS. Como toda la ultraderecha internacional, la reacción cruceña asume la importancia de su batalla cultural en contra de ideas como la plurinacionalidad, la “ideología de género”, el “progresismo”, de ahí su rechazo al currículo educativo del ministerio de educación.

Camacho y compañía administran la gobernación con las mismas formas y métodos usados para controlar otro tipo de entidades como el comité Pro Santa Cruz. Las “resoluciones” de un cabildo se redactan con la misma ligereza que las leyes departamentales. Pensemos, por ejemplo, que la reciente Ley departamental de educación ni siquiera menciona la existencia de currículos regionalizados, ya oficiales, de diferentes naciones y pueblos indígenas que existen en el departamento de Santa Cruz, como el currículo chiquitano o el guaraní, por ejemplo.

Por otra parte, esta Ley, como no podía ser de otra forma, es muy autonomista respecto al gobierno central, tanto así que no toma en cuenta como miembro de su consejo educativo al director departamental de educación. Pero el espíritu autonómico se termina ahí, en la conformación del consejo educativo departamental, la participación de la sociedad civil es mínima; 6 de los 17 miembros que lo componen pertenecen al órgano ejecutivo de la gobernación.

“Dando ajo que morder”

En el lenguaje popular cruceño se dice “estás dando ajo que morder” para evidenciar actitudes provocativas. La mejor manera que tiene para existir la ultraderecha es, precisamente, dando ajos que morder. Nadie recordará a Camacho por sus ideales, por su gestión del Estado, ya ni siquiera por asfaltar calles. Las diez páginas que contiene la ley departamental se limitan a resumir dos consignas clásicas de la agitación reaccionaria: defender la familia patriarcal y resguardar “la identidad cruceña”.

Consigna 1: Proteger la familia

Durante los meses de abril y mayo, mientras se suscitaban los conflictos contra el currículo base de las escuelas, las organizaciones religiosas salieron al frente a denunciar la “ideología de género”. En un video viral, una activista denunciaba el “avasallamiento contra la familia” por parte de las políticas de despatriarcalización y descolonización; y señalaba las “reales intenciones” de la Educación Sexual Integral: enseñar a la niñez que “los seres humanos podemos disfrutar de los orgasmos desde el momento en que nacemos”. Para muchos de estos predicadores, enseñar educación sexual en el aula es equivalente a mostrar pornografía …

Se sabe que una de las principales estrategias discursivas de las ultraderechas es usar la vulnerabilidad e incluso zozobra a la que están expuestas las personas en un sistema social capitalista cada vez más injusto y desigual, para catalizar el miedo. En la operación, van desvinculando, eso sí, las manifestaciones de la crisis (inseguridad, desempleo, pobreza, estrés) de las desiguales relaciones de poder social y económico que las provocan. La ultraderecha resguarda los intereses de los privilegiados, de los ganadores de la crisis, de quienes generan la precarización de la vida, para buscar responsables en el movimiento feminista, de las diversidades sexuales, en el comunismo e incluso en gobiernos como el del MAS, que aplican de algún modo medidas como la educación sexual integral o el enfoque de género.

Cuando la Ley educativa de Camacho insiste en diversos momentos con “el derecho de los padres (¡sólo de los varones!) a elegir libremente la educación de sus hijos”, las palabras “libertad” y “derecho” quedan profundamente resignificadas hasta implicar exactamente lo contrario. Cuando se establece la participación de las iglesias católica y evangélicas en el consejo educativo departamental, se busca en realidad una educación opuesta a la inclusión, al respeto de la diversidad, se quiere legitimar la opresión de género a través de introducir en la escuela las aristas más prosaicas del dogma religioso.

Consigna 2: Fortalecer “la identidad cruceña”

Uno de los objetivos de la norma es fortalecer algo que denomina “la identidad cruceña” en los siguientes términos: “La currícula regionalizada deberá incorporar mínimamente en su contenido el patrimonio cultural tangible e intangible del Departamento, su identidad, historia, valores culturales, religiosos, sociales y económicos, así como las actuales características naturales y culturales cosmopolitas y de crisol de la bolivianidad que tiene el pueblo cruceño” (Art. 7, II.)

Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue Santa Cruz donde se registró la mayor cantidad de hechos de violencia durante la crisis política del 2019. El dato no es casual, pues esa identidad de la que singularmente habla la derecha, es una identidad clasista y étnica, además de ser muy propensa a imponerse a palos. El desarrollo capitalista que el mismo Estado central boliviano promovió en Santa Cruz, ha dado lugar a la conformación de una ideología regionalista que combina los valores cristianos de los terratenientes con el consumismo e individualismo del capitalismo neoliberal. Una ideología altamente hostil a las culturas subalternas, principalmente a aquellas asociadas con lo colla.

A diferencia de los innumerables regionalismos que existen en Bolivia, el regionalismo cruceño tiene como marca registrada reivindicar un “modelo económico”, una forma de desarrollo, una “pujanza económica” que aparece como patrimonio de las clases poseedoras blancas. Cada cierto tiempo, la patronal del oriente y sus representantes mediáticos y políticos nos recuerdan que ellos dan de comer al país, que cargan con el peso de la migración colla, que hace 15 años padecen una dictadura donde la mayoría del país vota equivocadamente. Todo este relato, empero, contiene dos síntomas ideológicos que lo tensionan.

El primer síntoma lo constituye el racismo anti indígena en general (y anti-colla en particular), que sirve para sostener condiciones de explotación (extracción de plusvalía) claves para el modelo de desarrollo económico oligárquico. La constante apelación a avergonzarse de ser pobre e indio en la “moderna” Santa Cruz, es la profilaxis para disciplinar la fuerza de trabajo. El segundo síntoma de la ideología dominante cruceña tiene que ver con que el mentado “modelo de desarrollo” es sostenido por su supuesta antítesis, el Estado central. En efecto, ni en su proceso de “acumulación originaria” (cuando las dictaduras transfirieron recursos y mano de obra a los agroindustriales), ni en su configuración productiva actual, es posible que ese modelo “autónomo” pueda ser viable sin depender de la mamadera estatal en forma de subsidios, inversión fiscal, ventajas legales, etc. Por eso, la capacidad de dominio político cultural de las clases dominantes cruceñas se limita a su departamento y se frustra repetidamente cuando intenta lograr alcance nacional. Una burguesía que posa como cosmopolita, porque ostenta cuentas en Panamá o vacaciona en Miami, tiene a la vez una raigambre fuertemente provinciana.

Con todo, uno de los ingredientes principales de la polarización política y social que se está viviendo desde el golpe de Estado del 2019 es esta ideología formateada en clave regional (pero también clasista y racial) que ahora persigue incrustarse de forma “oficial” en los libros de texto de historia, de ciencias sociales, de religión y de filosofía dentro de las aulas de Santa Cruz. Los recursos judiciales para inhabilitar la Ley educativa de Camacho deben ser inmediatos y eficaces, pero están lejos de ser remedio suficiente. La ultraderecha necesita ser frenada por medio de una intensa batalla política, social y cultural.