Opinión. La libertad está en las calles

“Hoy la lectura general es que había una oportunidad que se desperdició cuando estaba todo por hacer. No era la lectura que teníamos en ese momento. Nosotros no sabíamos si llegábamos a marzo. Por la herencia recibida, por lo que era tener al peronismo en contra, por estar en minoría en las dos cámaras, por no contar prácticamente con gobernadores y tener el sindicalismo en contra” [1].

¿Postales del futuro? Por ahora -solo por ahora- ecos del pasado. Jorge Liotti recurre a los recuerdos de Alfonso Prat-Gay, primer ministro de Economía de aquel Macri que también se creía empoderado. El autor de La última encrucijada recorre ese diálogo en el capítulo espinosamente titulado “El fantasma de la ingobernabilidad”.

Aquella experiencia política -aquel “experimento”, como lo definió Carlos Pagni- contó la inestimable colaboración de gran parte del peronismo. Dadores activos y voluntarios de gobernabilidad. Senadores, diputados y dirigentes sindicales burocráticos; gobernadores e intendentes; unidos trabajando para que la gestión cambiemita finalizara su labor ajustadora.

En una suerte de circularidad, el nuevo gobierno derechista repite, extrapoladas, muchas de las tensiones de origen que afrontó Macri. El fantasma de la ingobernabilidad ronda la historia presente, la que corre ante nuestros ojos. La aparición se le presentó al enviado del Tesoro norteamericano, Jay Shambaugh. Según Marcelo Bonelli, el funcionario que responde a Janet Yellen volvió a su país a recomendar “ir monitoreando la gobernabilidad” de la gestión Milei.

El Gobierno ejerce la prepotencia para simular fortaleza. Al protocolo represivo le sigue el mega DNU; a este, más anuncios de ajuste. El presidente se declara dispuesto “a pagar el costo político”. Asume como realidad una apariencia: que el 56 % de los votos obtenidos es un aval absoluto a lo que decida.

Las calles empiezan a contestarle. Los balcones, con el ruido metálico de las cacerolas, también. En Argentina ese sonido rememora, de manera inconfundible, a otro diciembre. El de 2001. Síntoma acústico de los tiempos -convulsivos, pero interesantes- que empiezan a desplegarse.

Parte de la oposición patronal contesta en otro registro. Ofrece el Congreso Nacional como teatro para acordar el feroz ajuste. El radical Martín Tetaz llega a afirmar que comparte “el 90 % del contenido del mega DNU”. Otras figuras consignan porcentajes similares o superiores. Figuras disímiles como Martín Lousteau o Miguel Ángel Pichetto ofrecen el mismo menú. El objetivo es rodear de “consenso” a un ataque salvaje contra la inmensa mayoría de la población nacional.

El gran capital a la ofensiva

Este martes, al anunciar el mega-decreto, Milei reincidió en las arengas de campaña contra “la política”. Bajo esa densidad discursiva, intenta ocultar una verdad: los beneficiarios del ajuste feroz están entre el gran empresariado.

Esa realidad, sin embargo, pareciera empezar a despejarse. Publicada hace pocos días, una encuesta de la consultora Circuitos indica que un 36,1% considera que las medidas de Milei benefician a los grandes empresarios; un 13,5% que favorecen a “la casta”; y tan solo un 17,1% ve ventajas para los trabajadores. Finalizado el 16 de diciembre, el relevamiento solo alcanza a registrar los efectos del Caputazo en la llamada opinión pública. Indudablemente esas opiniones se profundizarán a medida que el mega DNU haga efecto en la vida de la sociedad.

Confirmando su carácter de ganadores, los grandes empresarios agrupados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) acaban de definir al Gobierno de Milei como “Una oportunidad histórica”. En un comunicado que no disimula euforia, valoran “muy especialmente que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria”.

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El vínculo entre las medidas decretadas y sus intereses no podría ser más cristalino. Alfredo Coto, gran formador de precios, es uno de los vicepresidentes de la entidad. Héctor Magnetto, uno de los titulares del Grupo Clarín, otro. Paolo Rocca, hombre que acumula puestos claves en el nuevo poder estatal, un tercero.

El gran empresariado pareciera estrechar vínculos con la nueva gestión del Estado capitalista. Apostar a una ofensiva que intenta formatear las relaciones sociales y laborales regresivamente. Asume como propio el plan de guerra lanzado por el Poder Ejecutivo contra las mayorías populares.

Con el dedo en el gatillo, el gran capital avala las salvajes embestidas a la ya golpeada condición de millones de trabajadores y trabajadoras. El mega DNU es el arma. El ataque al derecho a huelga y el facilitar los despidos constituyen núcleos duros de un programa de contrarreforma que la elite empresaria reclama hace años. El decreto, sin embargo, va más allá. Afecta los intereses propios de las conducciones sindicales burocráticas. Amenazando recursos, ofrece una tormenta perfecta contra el mundo gremial.

La CGT habita un mundo de incomodidades. Después de haber batido su propio récord de pasividad ante el ajuste peronista, enfrenta una ofensiva feroz. Garante política y organizativa de la llamada “paz social”, recibe el fuego intenso de gobierno y grandes patronales. Intentando esquivar esa densa realidad, juega a los discursos y a las medidas elusivas. Anuncia una “estrategia” de lucha que requiere varias estaciones antes de llegar al paro general.

Exigido por miles de gargantas, en decenas de esquinas a lo largo de todo el país, ese paro general aparece como necesidad concreta en la situación política. Como primera medida defensiva del movimiento obrero organizado frente a un ataque global del poder capitalista. La pelea, sin embargo, obliga a incluir al conjunto de la clase trabajadora. Impone tomar como propias las demandas de millones de trabajadoras y trabajadores informales y desocupados, marginados de los sindicatos y del mundo de los convenios colectivos.

Al mismo tiempo, hace necesario asumir un programa que asuma los intereses del conjunto del pueblo pobre y las clases medias arruinadas. El agravio social y económico contenido en el decreto oficial alcanza a millones de personas. A decenas de millones. Junto al Caputazo, se anuncian como un huracán contra las mayorías trabajadoras.

El sonido de las calles

Los cacerolazos emergieron como un grito de desahogo para una porción del electorado progresista. Retaron en las calles al supuesto fascismo que -según sus dirigentes- solo podía ser conjurado electoralmente con el voto a Massa.

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Sin embargo, es evidente que ese camino lo abrió la movilización convocada por la izquierda, el sindicalismo combativo y las organizaciones sociales independientes el miércoles 20. Fue allí, camino a Plaza de Mayo, donde se estructuró el primer desafío al intento de liquidar la protesta social. Esa valentía política en movimiento enfrentó un operativo represivo monumental; sufrió ataques de las fuerzas represivas; tuvo presos. Al hacerlo, levantó la moral de cientos de miles o millones en todo el país. Puso en evidencia que el único camino ante la ultraderecha gubernamental no era la espera triste y resignada.

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Aún está por verse si los cacerolazos se convierten en algo más que una expresión pasajera de malestar. Si devienen -como sería necesario- en Asambleas populares por barrio o zona que sean parte de articular una lucha permanente hasta derrotar el mega DNU. En la noche del jueves, la convocatoria en las calles porteñas apareció más débil. Evidenciando las desigualdades del mapa nacional, emergió en localidades del interior como Mar del Plata o Córdoba, con movilizaciones de miles de personas. En la Docta, haciendo gala de su propio autoritarismo, el peronista Llaryora, aliado de Milei, ejerció la labor represiva. Este viernes pareció continuarse una dinámica decreciente.

Tan solo 13 días pasaron de la asunción formal de Javier Milei. La pretendida omnipotencia reaccionaria ya encontró sus primeras respuestas en las calles. Estas se convirtieron en un primer terreno de libertad. Terreno que está y seguirá estando en disputa.

Esas acciones, sin embargo, solo pueden ser parte de una gran lucha nacional del conjunto del pueblo trabajador. El plan de guerra lanzado por Milei, Clarín, Rocca, Coto y cía. requiere una respuesta altamente superior. A la prepotencia ajustadora del gran capital hay que responderle con la potencia social de la clase trabajadora apoyada en el pueblo pobre. La exigencia de paro general que despliegan la izquierda y el sindicalismo combativo se anudan a esta necesidad. Debe ser el primer paso hacia una huelga general que haga entrar en escena a los sectores obreros que tienen la capacidad de paralizar la economía, golpeando el poder económico de la elite empresaria.

Esa perspectiva debe ser impuesta a las conducciones sindicales conservadoras y burocráticas. Hay que apostar al desarrollo de la autoorganización en cada lugar de trabajo y en cada gremio. Al desarrollo de la coordinación entre distintos sectores. Unificando fuerzas desde abajo puede crecer la potencia para imponer a la CGT y las CTA una perspectiva distinta a la que vienen apostando.

El futuro -inmediato y no tanto- se presenta poblado de grandes acontecimientos y grandes combates. Tiempos convulsivos e interesantes. Tiempos de pelear por una libertad que, en parte, se conquista en las calles.