La carta de Cristina luego de la dura derrota electoral, reconocía que el gobierno de Alberto Fernández del que ella es parte (preside el Senado) había aplicado un ajuste, algo que solo la izquierda dijo con toda claridad en las PASO. Aunque Cristina restringió la idea de ajuste a la subejecución del presupuesto nacional (los gastos del estado, incluyendo asistencia social, salud, educación, etc.) y no al conjunto del ajuste que se viene aplicando (por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones), fue una dura confesión de que el propio gobierno es responsable de la crisis social, que se ve crudamente en el aumento de la pobreza, que se mantiene por encima del 40 % de la población, sin revertir la tendencia que ya venía desde el gobierno de Macri. Denunciaron el acuerdo de Macri con el FMI como una estafa, pero no lo desconocieron sino que están renegociando el pago, y para ello hacen “buena letra” ajustando el gasto fiscal más de lo que el propio FMI exige. Se confirma la denuncia que hicimos en la campaña presidencial del 2019 cuando alertamos que bajo la bota del FMI y sin enfrentar a las grandes patronales, no había forma de salir del desastre que dejó Macri. Enfrentamos en aquellos años el “malmenorismo” de amplísimos sectores que depositaron sus esperanzas en “la vuelta” del kirchnerismo y sus aliados.

Ahora el gobierno intenta revertir su derrota anunciando medidas que apenas compensan una parte de lo perdido, mientras promueven a su vez “incentivos” para los empresarios, que van desde rebajas impositivas para favorecer las exportaciones en determinados sectores hasta planes “estratégicos” de aumentar la producción primaria (agroindustrial, minera, petróleo y gas, etc.). El esquema económico del gobierno es promover una economía exportadora de materias primas, atrasada, pagadora serial de una deuda infinita (ya se pagaron más de U$S 600.000 millones desde la última dictadura militar).

La promoción del gobernador de Tucumán José Manzur como Jefe de Gabinete, implica un giro a la derecha ya que no solo se trata de un ferviente “celeste” que obligó a parir a una niña de 11 años violada, sino que fue el articulador del apoyo de los gobernadores peronistas a Macri bajo su gestión, aportando los votos necesarios en el Congreso para la aprobación de las leyes de ajuste. El llamado “combate a la derecha” es con más derecha en el gobierno.

La oposición de Juntos propone, además de ser los responsables de la “vuelta” del FMI y de una fuerte pérdida de salarios y jubilaciones, reemplazar las indemnizaciones por algún otro sistema (hay varios “proyectos” patronales en el Congreso) que les facilite a los empresarios despedir cuando se les cante. El verso es que así se crearía trabajo en blanco. Uno de los modelos es el convenio de la UOCRA, donde hay un fondo de desempleo que cubre una parte de lo que correspondería a una indemnización. La realidad es que la construcción es una de las ramas con más trabajo en negro y precario.

Espert y Milei van más allá y plantean directamente liquidar los convenios colectivos por rama de actividad y que cada empresa negocio el suyo, para atomizar y debilitar el poder de los trabajadores. Capitalismo más salvaje.

Pero por el lado del peronismo, desde los gobernadores hasta la burocracia sindical, pasando por las direcciones kirchneristas, no proponen avanzar en crear trabajo en blanco con derechos, sino que promueven una “reforma laboral por empresa”. El modelo es Toyota, donde se impuso trabajar los sábados como si fuera un día más de la semana laboral (sin que se considere como “horas extras”). Los gobiernos kirchneristas mantuvieron lo esencial de la precarización y las tercerizaciones que se impusieron con el gobierno neoliberal de Menem en los ‘90. Por esto el trabajo en negro y precario nunca bajó a menos del 30 % de las y los trabajadores en los mejores años de Néstor y Cristina, algo que históricamente no era así en la Argentina.

Una salida de(l) fondo

El programa del FITU plantea la defensa de los salarios y las jubilaciones, como parte de una salida del pueblo trabajador. Todos los analistas de los grandes medios y el conjunto de las y los funcionarios políticos se quejan de la inflación, pero los que siempre terminan perdiendo son las y los trabajadores y jubilados. Por esto, lo mínimo que exigimos (y esto lo planteamos en la campaña de las PASO) es que los salarios y jubilaciones aumenten de forma automática, mensualmente, de acuerdo con la inflación, y se recupere todo el poder adquisitivo perdido en los últimos años. La inflación tiene múltiples causas, que no podemos desarrollar aquí (el peso de la deuda, la fuga de capitales, la monopolización de ramas enteras de la producción, en particular de las exportaciones del agro cuyos precios dolarizados a su vez impactan sobre los alimentos, la emisión monetaria para pagar deudas y subsidios a las empresas, el atraso del aparato productivo, que obliga a importar insumos y maquinarias, etc.). Pero lo que no se puede aceptar es que sea un arma de ajuste permanente sobre salarios y jubilaciones. Partiendo de esto, planteamos una “salida del pueblo trabajador” con un programa de conjunto que incluye el desconocimiento soberano de la deuda ilegal e ilegítima, pero no como un “default” (cuando los gobiernos capitalistas no pueden pagar más y vienen golpes devaluatorios y catástrofes para el pueblo) sino articulada con otras medidas de fondo. Por ejemplo, la nacionalización del sistema bancario y financiero, expropiando los bancos privados y financieras que son los operadores de las fugas y golpes devaluatorios. Con esta medida, lejos de apropiarse de los ahorros de los sectores populares, se los puede preservar y conformar un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, para cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares, y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis. Otra medida sería la nacionalización del comercio exterior, es decir, que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado que comercializa y administra la relación con otros países. Es la forma de terminar con el poder de veto que tienen este puñado de empresas (sobre todo las cerealeras) poniendo límites objetivos a la capacidad que tiene el Estado de apropiarse de rentas, como la agraria, o modificar los parámetros del comercio exterior, así como a definir los precios internos. En diversos artículos de LID hemos desarrollado estas y otras medidas.

La fuerza para terminar con la dependencia y el atraso

Una “salida del pueblo trabajador” no es fácil, porque lleva a enfrentar al capital financiero internacional y a la gran burguesía. Los partidos mayoritarios dicen que nuestro programa es “infantil” y que “el país no está preparado para eso”. ¿Estamos preparados para seguir hundiéndonos de forma “seria”? Una recuperación económica podrá permitir que algunos mejoren, pero no que las grandes mayorías puedan tener trabajo genuino, cubrir las necesidades de sus familias, poder estudiar, aprovechar todo lo que representa una vida que merezca ser vivida. Cualquier promesa de que esto sea posible sin romper los lazos de dependencia del país y de sometimiento a los grandes empresarios y al imperialismo, es pura demagogia cínica.

No proponemos una salida fácil, pero no estamos solos: somos la mayoría productora de la sociedad y en Latinoamérica y muchos países del mundo los pueblos se rebelan para no pagar los costos de una crisis que es internacional. Hasta en Estados Unidos, modelo de tantos derechistas, se está dando una fuerte oleada de huelgas.

Nuestra estrategia es la unidad de todos los explotados y oprimidos: desde las y los más precarios a los científicos y técnicos, incluyendo sectores de las clases medias. Son todos ellos y ellas quienes inventan, diseñan, producen y hacen funcionar todo, no los empresarios. Impulsamos que, desde la clase trabajadora, tomemos las demandas de la juventud que lucha por el medioambiente, de las mujeres y personas LGTB que luchan contra toda forma de opresión, de los pueblos originarios, de las y los inmigrantes, contra cualquier expresión de racismo y xenofobia.

El partido que queremos construir apuesta a ser una fuerza política que acelere y potencie la emergencia de esa fuerza social capaz de darlo vuelta todo.

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