Mundo Obrero. La lucha contra la reforma jubilatoria en Francia: ¿Qué pasa en México?

Emanuel Macrón, presidente de Francia, impuso una brutal reforma al sistema de pensiones y con ello, declaró la guerra a las y los trabajadores, pues esta medida eleva de 62 a 64 años la edad jubilatoria y exige como mínimo 43 años de aportaciones.

Esta desató una oleada de huelgas y protestas masivas -a las que se han unido jóvenes universitarios en las últimas jornadas-, no sólo porque es totalmente impopular -más del 80% de la población la repudia-, sino porque fue impuesta de manera autoritaria a través del decreto presidencial 49.3.

La respuesta del presidente francés ante el estallido social, ha sido la brutal represión: más de 200 detenidos muchos de ellos jóvenes y estudiantes y trabajadores, así como represión policial en las universidades y requisas en los lugares en huelga para obligar a volver al trabajo. Pese a esta terrible situación, los dirigentes de la Intersindical –que agrupa a ocho centrales sindicales y cinco organizaciones juveniles -, insisten en sentarse a negociar sin consultar a las bases, con un gobierno que declaró que la reforma no está a debate. Las y los trabajadores en Francia continúan la batalla en las calles y los centros de trabajo con un gran desafío por delante: generar un plan de lucha que coordine a todos los sectores y logre rebasar a las direcciones sindicales pactistas, que buscan reestablecer la “paz social” con Macrón y su gobierno, desviando la lucha hacia la confianza institucional.

El apoyo y la solidaridad internacional no se ha hecho esperar pese al cerco de los grandes medios de comunicación que han intentado silenciar esta importante lucha, por miedo a que se convierta en un ejemplo para las y los trabajadores en otras latitudes y reabra los debates sobre el régimen de pensiones que los empresarios y sus gobiernos han logrado aprobar en países como el nuestro.

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En México ¿qué régimen de pensiones tenemos?

En 1997, se aprobó la Reforma a la Ley del Seguro Social que inició el proceso de privatización de la seguridad social, sustituyendo el sistema de pensiones -que hasta ese momento era responsabilidad del Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- por las Administradoras de Fondos para el Retiro, las famosas Afores.

Con este cambio, no solo se beneficiaron los bancos privados que pasaron a administrar los recursos para el retiro -cobrando tasas de hasta el 30% anual de los montos ahorrados por los trabajadores-, sino que además casi se triplicó el tiempo que debe laborar un trabajador para acceder a la pensión de vejez. El salto fue brutal: se pasó de 500 semanas de cotización (aproximadamente 10 años), a 1,250 semanas (aproximadamente 25 años).

Aunado a esto, se aumentó la edad para la jubilación, pues anteriormente un trabajador podía jubilarse al haber prestado 30 años de servicio (hombres) y 28 de servicio (mujeres), y tener 60 años de edad. Con esta reforma, ahora debemos esperar a cumplir 65 de edad, además de los años de servicio prestados.

En el 2021, el actual presidente realizó una nueva reforma al sistema de pensiones, donde se redujo de 1250 semanas a 1000 semanas cotizadas, aunque se mantiene el requisito de la edad. Asimismo, los trabajadores pueden “optar” por contratar a través de alguna aseguradora una “renta vitalicia” cuyo monto dependerá de la cantidad acumulada en la cuenta de Afore y se otorgará de por vida o al contratar un “retiro programado”, que le otorgará los recursos que el trabajador tenga acumulado en su cuenta de Afore, hasta que estos se agoten.

Es decir, aunque en esta última reforma se reduce la cantidad de semanas cotizadas, lo cual nos beneficia como trabajadores, se mantiene el régimen de cuentas individuales y es esto, lo que realmente afectó el derecho a una pensión digna, pues la aportación en México no rebasa el 6.5% del salario base, lo cual trae como consecuencia que, cuando el trabajador se retire, sólo reciba el 26.4% de su último salario.

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Aunado a esto, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió utilizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, para calcular el aumento anual de las pensiones jubilatorias en lugar de utilizar como criterio el valor del salario mínimo contemplado en la ley vigente. Esto afecta a todos los trabajadores pensionados, pues el valor de la UMA es menor que el del salario mínimo.

Y esto para los pocos que aún pueden acceder al sistema de pensión, pues los trabajadores del sector informal o quienes están empleados bajo contratos precarios y de simulación laboral, por honorarios, o que son “beneficiarios de un programa social” como los trabajadores de Pilares, no tienen el ahorro para el retiro como parte de sus prestaciones laborales, muchos y muchas de ellas ni siquiera cuentan con algún tipo de seguridad social, mucho menos servicios médicos.

Hagamos como en Francia

En 1997, cuando se aprobó esta lesiva reforma a las pensiones, las y los trabajadores realizaron algunos mítines afuera del congreso y algunos sindicatos que se reivindicaban opositores publicaron desplegados en los periódicos denunciando esta medida, pero no hubo grandes movilizaciones que lograran detenerla; sin embargo, en otros momentos, como en el 2003 cuando se atacó al régimen de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del IMSS, éstos realizaron importantes movilizaciones contra las modificaciones que violentaban sus derechos.

De la misma manera, recientemente vimos acciones importantes de los trabajadores de distintos estados de la república, como en Yucatán con la reforma al ISSSTEY, o en Zacatecas contra la reforma al ISSSTEZAC, que desató un paro de labores entre los trabajadores estatales con masivas movilizaciones en el estado.

El año pasado comenzó a jubilarse la primera generación de trabajadores con la reforma del 97. La mayoría recibe una pensión promedio de cuatro mil 756.62 pesos al mes, según datos del IMSS. Es decir, reciben un monto que no alcanza para sobrevivir. Si a esto le sumamos que la inflación en los últimos años ha aumentado en más del 7 % la situación para los pensionados empeora.

Todas las trabajadoras y trabajadores debemos abrir el debate sobre el régimen de pensiones. No podemos arrodillarnos frente a los hechos consumados y pensar que no podemos hacer nada para recuperar nuestro derecho a una pensión digna, a no tener que trabajar hasta la muerte. La clase obrera en Francia nos está mostrando el camino. Necesitamos organizarnos en cada centro de trabajo, en cada escuela, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores precarios, junto a los jóvenes estudiantes y otros movimientos como el de migrantes, de mujeres y personas LGBT+, a quienes el capitalismo nos ha robado el derecho al futuro y quiere condenarnos a la explotación y barbarie, luchar por pensiones dignas que nos garanticen nuestro derecho a una vejez sin preocupaciones, debe ser solo el comienzo, la chispa para que en México y el mundo luchemos por una vida que realmente valga la pena ser vivida.