Bajo la consigna “Ni una bala más Ni un pibe menos” la Coordinadora Familiares de Víctimas de gatillo fácil se movilizó por el centro cordobés. Estuvo junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos.
Miércoles 24 de agosto de 2016
Fotos: Valentina Malkotsoglou, Mauro Aguirre
Haciéndose eco de la convocatoria a nivel nacional, familiares de los jóvenes víctimas de la represión policial en calles, cárceles y comisarías junto a organizaciones sociales arribaron al centro cordobés movilizándose junto a aproximadamente 500 personas. Repletos de pancartas con los nombres y fotografías de las víctimas, denunciaron la política de seguridad del Gobierno provincial.
La Coordinadora, organismo que nuclea a familiares de jóvenes víctimas de la represión estatal, apuntó a la justicia y denunció: “La frialdad con la que la supuesta justicia trata nuestros casos y cómo las causas quedan paradas con excusas como ´intercambio de disparos´, ´legítima defensa´, y ´frondoso prontuario´; legitimando y encubriendo el accionar de los responsables”.
Por otra parte, hicieron referencia a la situación en las cárceles provinciales denunciando que en penitenciarias como Bouwer, Cruz del Eje y Villa María, “utilizan métodos que se usaban en las dictaduras”, agregando además que a los presos “tan solo por pedir traslados, o mejores condiciones, los encierran en celdas de aislamiento, con un plato de comida por día, sin abrigo, a veces hasta atados a camas de sujeción”.
Sobre la situación que se vive en los barrios, luego de los anuncios del gobierno en materia de seguridad aclararon: “Vivimos cada vez más en barrios militarizados. Vemos cada vez más patrulleros en las calles, más cámaras de seguridad o video vigilancia, vemos cómo se le da a la policía cada vez más presupuesto, en vez de mejorar la educación y la salud”.
En el documento leído al finalizar la marcha se expresó en tono critico al código de convivencia provincial: “El nuevo código de convivencia facilita la posibilidad de las detenciones arbitrarias y violentas de la policía, basadas en la discriminación y la criminalización. Figuras ridículas como la “actitud sospechosa” posibilitan y hacen moneda corriente los procedimientos irregulares”, sostuvieron.
Esta movilización se da en una semana complicada en materia de derechos humanos para el gobierno de Schiaretti donde tan solo a dos días de la lectura de la sentencia del Mega juicio “La Perla”, se desato un escándaloluego de que el fiscal antidrogas reconociera en una entrevista haber revistado en el centro clandestino de detención conocido como "D2" durante la última dictadura cívico-militar.
