Opinion. La lucha de los estudiantes colombianos por una educación de calidad

Marcha del 10 de octubre

En una histórica y multitudinaria marcha, el miércoles 10 de octubre miles de colombianos se volcaron a las calles de todo el país a exigirle al Gobierno mayores recursos para la educación superior, tras las crisis de desfinanciamiento que afronta hace años. En la movilización, que incluyó muestras de arte como comparsas y grupos de música tradicional, participaron docentes y estudiantes de 32 universidades públicas, el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) Y 28 universidades privadas, quienes también se sumaron al reclamo, en un país en donde cada vez se profundiza más la mercantilización de la educación.

En ciudades como Cali, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Valledupar, entre otras, se sintieron las voces de los jóvenes que llevaron un pliego de diez peticiones al Ministerio de Educación del presidente Iván Duque, entre algunas de las más importantes se incluyó: el incremento de 4.5 billones de pesos colombianos (unos 1.500 millones de dólares) en el presupuesto para las universidades públicas en 2019, el congelamiento de tarifas para universidades privadas y la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX (Crédito Educativo y Becas en el Exterior), con tasa real de intereses del 0%. Esta última, es una entidad del Estado que jactándose de promover el financiamiento de oportunidades educativas, ha sido desde hace más de seis décadas el verdugo de estudiantes, que frustrados ante la negativa del acceso a facultades públicas, acuden a millonarios y eternos préstamos para acceder a este derecho fundamental.

La precipitada desfinanciación ha acompañado de forma permanente la historia del sector educativo, sobre todo desde 1992 cuando durante la presidencia de César Gaviria, salió la famosa Ley 30 por la cual se organiza el servicio público de educación superior, que si bien fue justificada por el Ministerio para beneficiar a la comunidad educativa con la mejora de infraestructura, inclusión de nuevas tecnologías y ampliación de cobertura, no ha sido desde entonces suficiente ante la demanda del sector. Sin que la Ley hubiera previsto la lógica de desarrollo y ambiciones de los jóvenes en el país, actualmente la misma no es consecuente con el crecimiento de estudiantes de pregrado y posgrado de las Universidades Públicas, la preparación y especialización por parte de los docentes y las pertinentes inversiones en el mejoramiento de los establecimientos, dejándolos en una continua crisis.

Según cifras del (SUE) Sistema de Educación Estatal organismo creado por la Ley 30, desde 1993 sólo el número de estudiantes de pregrado y grado creció de 160 a 600 mil estudiantes en las 32 universidades públicas de Colombia. Por su parte, con un costo de formación tres veces mayor a los de pregrado, en el caso de los posgrados entre 2003 y 2017 el aumento fue de 16.492 a 46.794 estudiantes. Estos datos responden a un déficit estimado en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura. Entre otros, uno de los artículos más polémicos de la Ley y que en varias oportunidades se ha exigido replantear por parte del estudiantado, es el artículo 86 el cual indica que la inversión y el financiamiento de las instituciones, incrementa anualmente según el (IPC) Índice de Precios al Consumidor. Este presupuesto demuestra que está prácticamente congelado y que a duras penas cubre la inflación anual, dejando por fuera otras necesidades objetivas. Dicho esto, la Unees propone que en lugar de aumentar los recursos designados a la guerra y a la acción militar a través del Ministerio de Defensa, sean dirigidos al de Educación, dando prioridad a las necesidades reales del conjunto de la población.

Horas antes de la movilización, el presidente Duque le habló a los manifestantes mientras se encontraba en la Cámara de Comercio de Bogotá y buscando distraer a la opinión publica aseguró que su gobierno “ha hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”. También dijo que “tenemos el más alto presupuesto en la educación que haya visto nuestro país”. Por su parte, durante la tarde histórica en donde miles de personas colapsaban las calles de la capital bogotana, el Ministerio de Hacienda y educación confirmaron como solución para cubrir el difícil, reasignar $500 mil millones. Cifra rechazada en las calles ya que no sólo es escaso ante el valor necesario, sino que también es dinero que ya había sido aprobado semanas atrás antes de la movilización, pero cuyo anunció fue guardado oportunamente para poner paños de agua fría al reclamo nacional.

Aunque la cifra es difícil de calcular, se estima que en todo Colombia se movilizaron más de 250 mil personas, sólo en Bogotá alrededor de 60 mil se concentraron en la Plaza de Bolívar. Con frases como: "Si el Estado no escucha, la Universidad sigue en lucha", "no se gasten la plata de la educación en armas", "estamos cansados de que inviertan más en la guerra que en nuestro futuro", muchos estudiantes dieron un mensaje en las calles de resistencia y organización. Sin embargo, con la intensión de que se solidarizaran con sus pedidos, algunos se dieron la mano con la policía e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), intercambiaron flores y hasta formaron una barrera con sus cuerpos, cubriendo a los mismos de los llamados encapuchados. Estas acciones fueron justificadas por los estudiantes, para evitar así que la gran movilización fuera desprestigiada, sobre todo por los medios de comunicación que cotidianamente sobrevaloran la importancia de pocos incidentes, causados por quienes ellos creen son infiltrados.

Otra de las medidas de los estudiantes fue la manifestación a los costados del paso vehicular sin bloquear una sola vía, sin detener el tráfico y con velas en la mano. A su vez, usuarios del sistema de transporte TransMilenio tuvieron que bajar de los vehículos y seguir su recorrido a pie, debido a bloqueos que sí se realizaron en otros puntos de la capital. Sólo para Bogotá, la Policía aseguró que fueron desplegados más de 2000 uniformados y otros 500 más para custodiar los sistemas de transporte.

Históricas movilizaciones estudiantiles en Colombia

El 9 de junio de 1954, bajo la presidencia del dictador Gustavo Rojas Pinilla, fueron asesinados en Bogotá 13 estudiantes a manos de 50 soldados, mientras realizaban manifestaciones para conmemorar 25 años de la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez. Gonzalo, fue asesinado en 1929 por oficiales de la guardia presidencial mientras se encontraba en la manifestación que se realizó en repudio a la Masacre de las Bananeras, en donde en ese año aproximadamente 2 mil trabajadores de la Unite Fruit Company fueron víctimas de una matanza, mientras se encontraban en una huelga exigiendo mejores condiciones laborales a dicha multinacional.

El 7 de julio de 1964, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander departamento del noroeste del país, marcharon 400 kilómetros hasta Bogotá para protestar y exigir educación de calidad. Esta movilización, logró ser una de las más representativas y sentó precedente en cuanto a la protesta estudiantil colombiana.

El 26 de febrero de 1971, en un hecho considerado como una masacre fueron asesinados por parte de la policía y el ejército, 30 estudiantes en la Universidad del Valle en Cali, quienes se encontraban realizando una protesta y habían tomado en campus universitario tres semanas atrás, en contra de las decisiones tomadas por el entonces rector del lugar. El hecho que dejó decenas de heridos y alrededor de 7 mil detenidos, sucedió durante la polémica presidencia de Misael Pastrana Borrero.

La década del 80 no fue excepción de la represión estudiantil, el 16 de mayo de 1984 los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá se manifestaron en contra de la política estatal y paraestatal por la que se veían perseguidos dirigentes estudiantiles, a través de la represión y estigmatización de los mismos. La tortura y asesinato de líderes universitarios, había incentivado la protesta que fue ferozmente reprimida por la policía, dejando un número desconocido de muertos y desaparecidos que no fueron reconocidos por el Estado.
En marzo de 1990, estudiantes de varias universidades del país propusieron la inclusión de la denominada: séptima papeleta, por la cual convocaban a una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones del 11 de marzo del mismo año. Sumar una papeleta electoral a las seis oficiales en donde serian elegidos los representantes para el Senado y la Cámara, entre otros, fue una idea promovida por el Movimiento Estudiantil a partir de la preocupante crisis de violencia que se vivía en el país gracias al conflicto armado, patrocinado por la corrupción y el narcotráfico. Por considerarla obsoleta, los estudiantes exigían cambiar la constitución de 1986, fue entonces cuando con dos millones de votos lograron que la propuesta fuera incluida por el entonces presidente Virgilio Barco, en las elecciones presidenciales de ese año. Los colombianos que debían responder si estaban de acuerdo o no con la constituyente, dieron el afirmativo con más de 5 millones de votos y así el triunfo a lo que los estudiantes consideraron casi una revolución. Bajo la presidencia de Cesar Gaviria el 4 de julio del siguiente año, se promulgó la actual Constitución de 1991.

En marzo de 2011, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se presentó un proyecto para reformar la Ley 30 de 1992, que si bien inicialmente sólo fue compartido con directivos universitarios, posteriormente al hacerse pública ante la comunidad educativa recibió un rechazo inminente. La reforma, que representaba aún más el deterioro del ámbito educativo en el país, entre otras cosas pretendía: Establecer una autonomía económica para las universidades públicas, posibilitar la declaración de insolvencia empresarial en las Instituciones estatales y privadas, permitir la vinculación de docentes contratados por horas y limitar los recursos destinados a las Instituciones de Educación Superior Estatales de manera temporal. Sin importar el rechazo que implicó el proyecto, el mismo fue radicado por el Gobierno ante el Congreso de la República en octubre de ese año, esto impulsó la inmediata organización de asambleas en Instituciones de Educación Superior, que finalmente el 12 de octubre decidieron entrar en cese indefinido de actividades afirmando que éste no se levantaría hasta que el Proyecto de Reforma fuese retirado del Congreso.

El 11 de noviembre, Santos radicó en el Congreso la solicitud de retiro de la Reforma que se dio por hecho el 16 del mismo mes, fue entonces cuando los estudiantes dieron por terminado el Paro Nacional Universitario después de alrededor de 40 días y luego del asesinato del estudiante de medicina de la Universidad Santiago de Cali, Jan Farid Cheng Lugo, quién en un hecho que no ha sido esclarecido, falleció a causa del lanzamiento de un artefacto explosivo. La NAME (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) denunció su muerte como un asesinato, rechazando así las afirmaciones por parte de la policía que aseguró que el joven llevaba “papas bombas” en su mochila.

A pesar de lo anterior y luego de diferentes jornadas de movilización en todo el país, meses después a través del Ministerio de Educación se notificó que el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) definido por el gobierno como: “un organismo colegiado, integrado por representantes de las comunidades académicas y científicas, del sector productivo del país y por algunos representantes de las instituciones oficiales que tienen que ver con el desarrollo del sector educativo en el nivel superior”, sería el único autorizado para redactar una nueva ley de educación superior. Dejando así por fuera al movimiento estudiantil y de una forma desleal apartándolo del debate educativo; finalmente, en 2014 el CESU presentó el documento "Acuerdo por lo Superior 2034", que impuso las condiciones al sector hasta 2034 y que siguen siendo motivo de crítica ante la visible crisis de estudiantes y docentes.

Estos antecedentes de lucha, son claros ejemplos que preceden a las nuevas generaciones que también se movilizan. Finalmente, en medio de las marchas de octubre de 2018, el miércoles 17 de este mes el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de presupuesto 2019, al que para educación otorgó sólo 2,7 billones más de la propuesta inicial de 38,7. Los 41,4 billones del sector educativo, representan una cifra similar a la que le fue otorgara al Ministerio de Defensa con 33,5 billones de pesos, garantizando recursos suficientes para la guerra y la acción militar. No obstante, estas importantes y grandes movilizaciones, son las primeras en el gobierno del derechista Iván Duque.

En medio de la militarización de los campus universitarios y el permanente señalamiento de terrorismo y vandalismo para los estudiantes organizados, vale resaltar las exigencias de este sector de la población que intenta atacar el problema. Aunque las mismas no signifiquen una solución definitiva al modelo económico que históricamente ha priorizado recursos, sobre todo los humanos, para el sostenimiento de la guerra interna, es evidente que los jóvenes colombianos se organizan y preparan jornadas de resistencia.