El caso de la joven conocida únicamente como Beatriz refleja las consecuencias de la penalización del aborto en El Salvador. ¿Cuál es su historia y por qué el movimiento de mujeres lleva adelante una demanda contra el Estado? Acá te contamos.
Miércoles 12 de octubre de 2022
El 28 de septiembre, en el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, distintas organizaciones feministas y de Derechos Humanos de El Salvador y México, junto con abogadas que llevan el caso de Beatriz, presentaron en el cine Magaly el video "Beatriz, un legado de lucha por la vida". Este es uno de los casos que refleja las consecuencias de la penalización del aborto en El Salvador, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Beatriz y su lucha por el acceso al aborto
Beatriz fue una joven salvadoreña de familia empobrecida que padecía de Lupus Eritematoso Sistémico. En febrero del 2013 se le informa que se encuentra embarazada, siendo diagnosticado como embarazo de alto riesgo debido a su enfermedad (antes de esta fecha, Beatriz ya había pasado por un primer embarazo de alto riesgo que había deteriorado su salud, dando como resultado un bebé con secuelas).
Luego de estar internada por varios días en el Hospital Nacional de Maternidad, los exámenes realizados indicaron que se trataba de un embarazo con anencefalia fetal, lo cual significa que el feto no tendría formación del cráneo ni del cerebro, y que, una vez que naciera, iba a morir. Este diagnóstico ponía en grave riesgo la salud y la vida de Beatriz, por lo que el Comité Médico del hospital hizo la recomendación de interrumpir el embarazo.
Aunque Beatriz solicitó que se le realizara un aborto terapéutico, pues su vida estaba en peligro y ella deseaba vivir, el Estado le negó su solicitud, producto de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. Su derecho al aborto fue denegado por segunda vez cuando, en abril de ese mismo año, presentó un recurso de amparo frente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Ante estas dos negativas, Beatriz no se dio por vencida y, acompañada de organizaciones feministas y de Derechos Humanos, elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando como resultado que, 81 días después de haber tenido el diagnóstico de embarazo anencefálico, finalmente se le practicara una interrupción de embarazo mediante cesárea.
Guillermo Ortiz, médico tratante de Beatriz, comenta en el video que se presentó en el cine Magaly que "se retrasó el tratamiento más de dos meses y medio. (Beatriz) Tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica mayor, cuando se pudo haber resuelto con unas pastillas en las primeras semanas y ella haberse ido para su casa 2-3 días después. Se le sometió a un procedimiento innecesario por haberla hecho esperar. Pero más que eso fue una tortura emocional, psicológica, irse a dormir no sabiendo qué iba a suceder. Lo único que sí sabía es que su criatura no iba a vivir de todas maneras. Prácticamente estaba ella llevando en su vientre un muerto en vida".
Por otra parte, Delmy, madre de Beatriz, comenta también en el video que, luego de haber pasado por todo ese proceso trágico "a ella le afectó tanto su salud emocional como su salud (física), sus riñones tuvieron problemas por el desgaste que tuvo. Ella sonreía más, ya después no, se quedaba sola".
Beatriz, junto con organizaciones de derechos humanos, pusieron una demanda al Estado por no garantizar su derecho desde el momento en que lo solicitó. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta favorable. En el 2017 el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "considerar que el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones que le había hecho para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados", además de las violaciones a los derechos humanos a las que sometieron a Beatriz y su familia.
En el 2017 Beatriz fallece, pues su salud ya se encontraba muy deteriorada. Sin embargo, organizaciones feministas y de Derechos Humanos, junto con su familia, siguen en la búsqueda de justicia para Beatriz. En el 2023 se llevará a cabo el juicio contra el Estado salvadoreño, razón por la cual se espera que más organizaciones a nivel internacional se sumen a alzar la voz en reclamo de justicia, no solo para Beatriz, sino también para que estos casos no se repitan.
Qué pasa en El Salvador
En El Salvador, el aborto está totalmente penalizado desde el año 1998. En la región, Nicaragua y Honduras también son países que penalizan en aborto en todos los casos, sometiendo a las mujeres que quieren un aborto a tener que optar por la clandestinidad (lo que implica complicaciones de salud o, en algunos casos, incluso la muerte) o a tener que llevar a cabo un embarazo no deseado.
En el caso de El Salvador, la ley castiga a las mujeres que abortan con una pena de hasta 50 años de cárcel y 12 para el personal médico que realice la intervención. Desde su prohibición hasta el 2022, se han contabilizado 197 mujeres que han tenido que enfrentar casos por abortar, algunas de ellas, han ido presas.
Organizaciones feministas salvadoreñas señalan que el Estado ha llevado adelante un retroceso democrático, que va acompañado por un aumento en la militarización. Recientemente, el Estado salvadoreño censuró un documental titulado "Nuestra libertad", el cual relata la historia de varias mujeres que han sido condenadas por abortar. La justificación dada por el Estado para la censura, es que El Salvador vive en un estado de excepción, donde el documental se interpreta como una apología del delito.
Además de esta situación, las organizaciones feministas salvadoreñas sufren criminalización por parte de grupos antiderechos: les hacen amenazas, las acusan de apología del delito, las difaman en redes sociales y suelen llegar a las afueras de sus oficinas para rezar. En el caso específico de Beatriz, los grupos antiderechos niegan que ella tuviera complicaciones de salud debido al tiempo de espera para el aborto.
Retomando la pelea que comenzó Beatriz, las organizaciones feministas presentaron el 28 de septiembre de 2021 una propuesta para despenalizar el aborto en 3 causales, llamada Reforma Beatriz. Sin embargo, ese mismo año la Asamblea Legislativa archivó la propuesta.
Aun así, el movimiento de mujeres sigue la pelea, en busca de justicia para Beatriz y su familia y para garantizar que todas las mujeres que lo deseen puedan abortar sin ninguna restricción.
Y en Costa Rica…también peleamos
En el 2019, luego de muchas trabas por parte del gobierno y gracias a la pelea del movimiento de mujeres, se logró aprobar la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo. Aunque fue un triunfo parcial del movimiento de mujeres, todavía queda mucha pelea que dar para tener acceso al derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, y evitar la clandestinidad y los riesgos que eso conlleva para las mujeres.
El actual presidente Rodrigo Chaves, desde su campaña electoral, mostró alianzas con la Iglesia Católica en su defensa de una agenda antiderechos junto con una agenda de ajustes para la clase trabajadora. En diversas ocasiones, Chaves ha realizado intentos de ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como, por ejemplo, al reunirse con la Conferencia Episcopal para discutir una revisión de la norma técnica que sería aún más restrictiva, o al tener pretensiones de "eliminar la ideología de género" de la educación.
Tanto en El Salvador como en Costa Rica, la negación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo afecta principalmente a las mujeres de clase trabajadora y sectores empobrecidos.
Frente a gobiernos antiderechos que no están por regalarnos nada, es fundamental que el movimiento de mujeres de cuenta de que solo nuestras propias fuerzas y organización independiente de los gobiernos de turno puede garantizar cada uno de los derechos que demandamos, como el aborto legal, la educación sexual de acuerdo a las edades y acceso a anticoncepción gratuita.
Impuestos a las grandes empresas y el no pago de la deuda externa, pueden garantizar dinero que se destine a la creación de centros de refugio para víctimas de violencia, brindar atención psicológica y médica gratuita y de calidad a mujeres que lo requieran.
Desde Pan y Rosas nos sumamos al llamado de justicia para Beatriz, extendemos nuestra solidaridad internacional.
