Miércoles 24 de septiembre de 2014
El 28 de septiembre se conmemora el día de acción por el aborto legal seguro y gratuito. La fecha, que surgió del quinto Encuentro de Feministas Latinoamericanas realizado en 1990 en la ciudad bonaerense de San Bernardo, se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por este derecho.
La Unión Soviética fue la primera en legalizar el aborto en 1920, como afirma la historiadora Wendy Goldman dicho decreto no sólo despenalizo la práctica, sino que aseguro la atención gratuita y sin restricciones de ningún tipo para realizarlo.
A partir de entonces de manera progresiva otros países comenzaron a permitir y en algunos casos a garantizar la detención voluntaria del embarazo. Actualmente el aborto está legalizado sin restricciones en 61 países, principalmente de Europa y Asia, que incluyen el 39,5% de la población mundial femenina. Sin embargo en muchos de estos lugares aún se debaten contrarreformas reaccionarias.Por ejemplo hasta ayer el gobierno del estado español impulsaba como parte del programa electoral del oficialista Partido Popular, un anteproyecto de reforma a la Ley de Aborto Española, que prometía "reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". El texto suponía un paso atrás de tres décadas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, derogando el sistema actual de plazos (que otorga derecho a decidir libremente si interrumpe su embarazo durante las primeras 14 semanas) y suprimiendo el supuesto legal de aborto por malformación fetal.
El anteproyecto no eliminaba en la práctica la posibilidad de que una mujer embarazada de un feto inviable o con malformaciones abortara, pero se le obligaba a alegar otro motivo (el daño psicológico que sufriría ella) y se le imponía un procedimiento largo y complicado para acreditarlo. El rechazo de la sociedad fue tal que el Presidente Mariano Rajoy tuvo que dar marcha atrás con la iniciativa y Alberto Ruiz-Gallardón, el titular de Justicia y principal promotor, debió renunciar a su cargo.
En Argentina, se estima que el 60% de los embarazos no son buscados y que el 40% del total de las gestaciones son interrumpidas de forma voluntaria. Las clases medias y altas acceden a procedimientos relativamente seguros en clínicas privadas que cobran aproximadamente unos 10 mil pesos por la práctica, mientras que son las pobres recurren a métodos más peligrosos. La clandestinidad en que se realizan estas intervenciones suele derivar lesiones graves y hasta la muerte. Ante la falta de debate legislativo sobre el tema, se extiende la aplicación del aborto farmacológico mediante el Misoprostol.
El aborto como problemática de salud pública
Enfocar el tema de un aspecto aislado, o sólo hacer referencia a la ideología de ciertos grupos sociales (creencia religiosa y/o moral) equivale a dejar de lado la cuestión central: El aborto es un problema de salud pública porque es una situación objetiva, real que se practica independientemente de las penas que impone la ley (art. 86 Código Penal) o de los pronunciamientos de la Iglesia o grupos pro-vida.
Su magnitud, donde sólo a nivel nacional se producen medio millón de abortos que originan 300 muertes al año (siendo la principal causa de mortalidad materna), trasciende el “acto” individual de la persona en la que se concreta dicha práctica, en tanto sus causas como problema de salud pública deben buscarse en la opresión de género desgarrada por el antagonismo interior de la estructura de clases.
El aborto no es una medida de control natal o planificación familiar –nadie aborta por gusto- sino que es el último recurso al que acude una mujer porque los anticonceptivos no garantizan el 100% de seguridad y no todas tienen acceso a los programas de planificación familiar, para lo cual mínimamente debería existir un sistema de salud público, único, gratuito y de calidad. Además, si se presentasen estadísticas de la mortalidad perinatal por clases sociales, seguramente la tasa de mortalidad sería mucho mayor en las mujeres de clase obrera que en las capas medias o burguesía, que desde luego se practican abortos generando un inmenso negocio para la red de clínicas clandestinas, muy rentables para médicos que quizás se encuentren en la sala de operaciones al margen de la ley, en un rentable negocio, y hasta podríamos encontrarlo en la lista de Objetores de conciencia. Quién sabe.
Pero la estadística oficial y la perspectiva de todos esos grupos mencionados pesa más que el entramado de datos ocultos intencionalmente para velar la cruda realidad: Quien tiene acceso y dinero sobrevive, quien no lo tiene muere o padece secuelas irreversibles. Todas lo practican.
La despenalización resultaría de poca utilidad y hasta contraproducente ya que la medicina privada elevaría los costos de atención del aborto y quedaría por fuera del acceso la mujer trabajadora y de los sectores populares. La lucha por la legalización del aborto para que se practique en el hospital debe acompañarse por la lucha de un sistema de salud único, público con la infraestructura sanitaria-asistencial necesaria para atender esta problemática de forma integral.
Agostina G.
Andrés Limayni
