EDUCACION. La “mala” educación (1era parte)*

“A ver Cristina, a ver si nos entendemos (…) pagaste millones para la Repsol y ni un solo peso para educación”.

Coreado por miles de docentes en las calles en el conflicto de 17 días de comienzo del año 2014.

Después de la oleada descentralizadora y privatista de los ‘90, el sistema educativo se ha convertido en marca registrada del debate político nacional. El balance K no será la excepción y supone pensarlo vinculado al proyecto asumido por los Kirchner desde el 2003, centrado en recomponer, en el contexto de la crisis pos 2001, la autoridad estatal y la estabilidad económica y política que, supuestamente, devolvería la Nación al “paraíso previo a la barbarie neoliberal” [1].

Edificado sobre el consenso de dejar atrás la herencia menemista de desarticulación y desfinanciamiento, el proyecto educativo K fue presentado bajo un discurso rupturista, sintetizado en una serie de leyes nacionales que, preservando la lógica noventista, no han modificado estructuralmente las condiciones educativas del país, sino que lentamente se ha profundizado su decadencia, asegurada principalmente por la descentralización presupuestaria y el financiamiento estatal, como nunca en la historia nacional, de las escuelas privadas (mayoritariamente religiosas).

En estos apuntes analizaremos la realidad de los relatos educativos K, en discusión con el rol del Estado y el concepto de educación como un derecho social, vinculados a la pretendida superación de las consecuencias excluyentes de la década anterior. Abordaremos también el alcance de la Ley de Financiamiento que define el presupuesto educativo en función del PBI, tal como lo impusieron en los ‘90 y siguen promoviendo los organismos internacionales.

I. LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, INFRAESTRUCTURA Y SALARIOS

El kirchnerismo enarbola un discurso armado con los supuestos logros de la década, que tiene en el financiamiento educativo uno de sus supuestos pilares. Repiten la Presidenta, funcionarios y ministros, que en los ‘90 la educación era un gasto, por eso primaba el desfinanciamiento y el vaciamiento de la escuela pública. Hoy, tras 10 años de crecimiento, la educación pública vuelve a ser una prioridad y por eso tenemos un Estado presente que invierte, capacita y mejora constantemente la calidad educativa.

Como mostraremos en este artículo, y como salió a la luz nuevamente en medio del conflicto docente a comienzo de año a lo largo y ancho del país [2], la realidad de la escuela pública sigue en decadencia acelerada, con paupérrimos salarios docentes y una infraestructura escolar en verdadera emergencia. ¿Cómo es posible que la crítica realidad cotidiana de las escuelas conviva con el supuesto récord de inversión y financiamiento educativo?

La descentralización menemista y la Ley de Financiamiento Educativo

La Ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación (junto a la Ley de Educación Superior), constituyeron el paquete de leyes menemistas orientadas a atacar la educación pública, avanzar en el proceso privatista y adaptar las políticas educativas a los dictados del FMI y los organismos internacionales.

La LTSE votada en 1992 descentralizó hacia las provincias la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos de nivel terciario nacionales y las escuelas de gestión privada. Si Onganía concretó la primera descentralización educativa y Videla/Martínez de Hoz terminan esta primera transferencia, el menemismo completa la tarea que impusieron esas dictaduras y desde entonces se ha profundizado “el modelo”.

Actualmente, el Estado Nacional aporta una suma mínima por provincia, lo que genera que el grueso de la inversión deba ser realizado por ellas, profundizando la desigualdad ya que “las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa) albergan apenas al 6 % de los alumnos del país, mientras el grupo de las más pobladas (provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) reúne a casi el 70 % de los alumnos” [3]. Al mantenerse la descentralización que generó la transferencia del financiamiento, cada provincia debió hacerse cargo de la educación, generando una profunda y extendida desigualdad entre los sistemas provinciales en función de la disímil situación de cada provincia respecto a la recaudación y el gasto. Veintitrés sistemas educativos, con veintitrés presupuestos diferentes, es decir, el kirchnerismo no ha tocado una coma de la política de desentenderse del financiamiento educativo federal, lo que constituye la madre del desfinanciamiento de la escuela pública.

En relación con la Ley de Financiamiento Educativo (LFE, Ley Nº 26.075), sus objetivos concluyeron en 2010 elevando la inversión del Estado nacional al orden 6 % del PBI [4]. Si lo comparamos con otros momentos de la historia reciente, dicho número parece auspicioso ya que por ejemplo en el ‘89 el porcentaje era del 2,84 %, 4,86 % en 2001 o 3,74 % en 2003. Pero la gran bandera kirchnerista se empieza a deshilachar cuando vemos el detalle de la inversión, su incidencia en la financiación del sistema educativo provincial y, sobre todo, la comparación con otros componentes del presupuesto nacional [5]. Veamos.

Los subsidios a empresarios, que en su gran mayoría van a parar a sus bolsillos, fueron en 2007 de $14.600 millones, en 2012 de $84.700 millones, y en 2014 serían de $140.000 millones de pesos. Es decir, en 7 años aumentaron casi 1.000 %. En comparación, la “fenomenal” inversión kirchnerista en educación fue de $13.619 millones, $40.020 millones y $61.000 millones respectivamente. Es decir, un aumento de menos del 500 %. Una prioridad… no muy prioritaria.

Otro componente mayoritario del gasto público lo constituye el pago de la ilegítima deuda externa que constituye un mecanismo de sometimiento de los países imperialistas a países dependientes como el nuestro. En 2009 su pago cuadruplicó lo destinado a educación. En tanto, durante 2010 el dinero destinado a la deuda fue cinco veces mayor a lo destinado para salud y educación juntas. Y en los años subsiguientes esto se mantuvo. En 2014, solo los pagos de los intereses de la deuda externa [6] (es decir, sin contar los pagos del capital) se llevarán 77.000 millones de pesos (9 % del gasto público) mientras que para educación y cultura apenas se destinará 61.000 millones (7,1 % del presupuesto). Las comparaciones hablan por sí mismas…

Infraestructura de la deKadencia

En el flamante Plan Nacional Quinquenal de Educación se plantea que hasta 2015 se construirán 2.671 nuevas escuelas en todo el país, se señala que hasta 2014 se construyeron 1.665 escuelas nuevas, y que se concretaron 5.914 obras de refacción, ampliación y reparación. Esto mediante los programas nacionales 700 escuelas, Más Escuelas y Más Escuelas II [7]. Nuevamente en algo tan sentido como la infraestructura escolar, el doble discurso es la regla. Tan solo un recorrido por las escuelas del conurbano bonaerense o de cualquier provincia pone en evidencia que la realidad está muy alejada del paraíso que presentan. No hay publicidad que pueda tapar escuelas en situación de emergencia edilicia, ausencia de mantenimiento estructural, techos que se vuelan en tormentas, sin calefacción ni ventilación, con filtraciones y paredes electrocutadas que, cotidianamente, ponen en riesgo la integridad física de alumnos y docentes. No por casualidad una de las demandas más sentidas de la huelga docente de principio de año fue la pelea por inversión en infraestructura. Si estas cuestiones básicas están irresueltas en la gran mayoría de los establecimientos educativos del país, ni hablar de la necesidad de contar con bibliotecas completas, laboratorios con personal a cargo, salas de computación con internet y el piso tecnológico (router e internet) necesario para trabajar con las netbooks en las aulas.

Es indispensable pelear por un plan de mejoramiento de la estructura edilicia educativa, que no puede quedar en manos de los políticos patronales y las empresas socias del gobierno. Es necesario imponer con la lucha un plan de construcción de escuelas, controlado por las organizaciones docentes, los padres, los estudiantes y los sindicatos.

Los docentes pobres. El salario desinflado

Como parte del discurso de transformación “copernicana” en materia educativa, el salario docente ocupa un lugar fundamental. Tanto la presidenta CFK, el Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni, como el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, inflan el pecho cuando aluden al importantísimo aumento de salarios de 2003 a esta parte que –según dicen– debería ser tomado en cuenta para “moderar las expectativas” y haber aceptado un aumento de un mísero 22 %, cuando las cifras del INDEC (que siguen siendo un dibujo de las estadísticas oficiales), plantean que en 3 meses la inflación fue de casi 10 %, proyectando una inflación anual del 40 %.

A principio de año, Capitanich sostuvo que “desde el año 2003 a la fecha el salario docente se incrementó el 832,5 %” [8]. Pero al desplegar los números se observa que dicha estadística está planteada para los sueldos correspondientes a un maestro de educación primaria sin antigüedad, lo que constituye una mínima parte del total de los docentes del país (menos del 10 %) y no es representativo para analizar la evolución salarial. Asimismo, sin cotejar los sueldos nominales con el aumento de precios desde 2003, después de la devaluación de 2002 que licuó el poder adquisitivo del salario un 40 %, se oculta la caída del poder adquisitivo salarial frente al alza de la inflación de 2014. Para muestra sobra un botón…

En Salta los docentes, luego de 36 días de lucha, han logrado un promedio de conjunto entre el 30 y el 36 % de aumento salarial y el no descuento de los días de huelga; en Buenos Aires se empezó el año con un básico de $1.800 que, luego del acuerdo de Baradel con Scioli, se llevará a $2.200 en septiembre. Recién luego de la gran lucha docente de principio de año, el sueldo de un maestro de jornada simple con 10 años de antigüedad en la Provincia de Bs. As. llegará en agosto a $5.000. Es decir, que para poder obtener un sueldo cercano a la canasta familiar se debe trabajar dos y tres cargos, lo que repercute fuertemente en la salud y en la calidad educativa. Por otra parte, al comparar el salario docente con el de trabajadores de otras ramas, si se considera el mercado de trabajo y el salario bruto promedio por actividad, es uno de los más desfavorecidos. Según un documento de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicado en noviembre de 2011, Educación es el segundo peor salario promedio en el sector servicios y el tercero en la general [9].

La Ministra de Educación de la Pcia. de Bs. As., Nora de Lucía, junto a los diputados y senadores, que cobran 10 veces más que un docente… ¿Qué autoridad poseen para imponernos un salario tan bajo? Muy por el contrario, el diputado nacional por Mendoza del PTS en el FIT, Nicolás del Caño, ha presentado un proyecto de ley para que todo funcionario político gane lo mismo que una maestra, lo que desnuda que aquellos que tienen sueldos altísimos gobiernan para los empresarios y sus amigos.

Con la promulgación de la LFE comenzó a funcionar la Paritaria Nacional Docente (PND) que fija el salario mínimo docente en todo el país. El Ministerio de Educación de la Nación y los cinco gremios con representación nacional (Ctera, CEA, UDA, Sadop y Amet) discuten el salario mínimo de los docentes a nivel nacional. Es decir, el Gobierno nacional solo interviene para fijar a las provincias un piso salarial que en realidad es un techo.

Por otro lado, la Ley de Financiamiento, en su artículo 9, dispuso la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que se suma al aporte que la Nación viene efectuando a las provincias desde 1998 a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuyo monto es igual para cada provincia sin importar cantidad de docentes, alumnos o escuelas. Lo mismo da Buenos Aires con más de 18.000 unidades educativas que Formosa con menos de 1.500. En 17 provincias, este aporte constituye menos del 5 % del salario docente. En síntesis, el aporte del Ministerio de Educación de la Nación en el financiamiento de los salarios de las provincias es ínfimo (en promedio menos del 7 %) [10], promoviendo la desigualdad salarial entre provincias y los bajos salarios.

Mañana la 2da y última parte de la nota.

1. El Estadista 95, Año 5.

2. Ver IdZ 8.

3. Axel Rivas, Radiografía de la educación en Argentina, Bs. As., Fundación CIPPEC, 2010.

4. Aunque si echamos mano a la nueva base estadística del Indec, el porcentaje del producto destinado a educación que era del 6,5 %, en rigor solo es del 5,1 % en la actualidad, lejos del 6 % que exige la norma.

5. Monitoreo y Evaluación de la Ley de Financiamiento educativo, CIPPEC.

6. Esto sin contar el reciente acuerdo del gobierno con el Club de París para abonar 9.700 millones de dólares.

7. Ver www.700escuelas.gov.ar. También portal.educacion.gov.ar.

8. “Según Capitanich, el sueldo docente creció 832 %”, en www.diariouno.com.ar.

9. Informe de Recaudación, III trimestre 2011, en www.afip.gob.ar.

10. “La Nación paga sólo el 7 % del salario docente”, en www.idesa.org.