HISTORIA CRIMINAL // PARTE I. La maldita Federal: los casos del secuestro de Macri y la estafa del Churruca

Fotografía: Vierja // Enfoque Rojo

En La Izquierda Diario hemos dedicado miles de caracteres a lo que será el traspaso de la Policía Federal, tema que se tratará el 18 de enero en sesión extraordinaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Dialogamos con el reconocido periodista Ricardo Ragendorfer, hemos explicado por qué el traspaso implicará un fortalecimiento del aparato represivo estatal, y también expresamos la posición de los diputados del Frente de Izquierda.

El historial delictivo de esta fuerza cuenta, al igual que la Bonaerense o la Metropolitana, con numerosos escándalos relacionados a la corrupción, la brutalidad policial, las estafas y la impunidad.

Desde su fundación, el 24 de diciembre de 1943, sus integrantes han sido parte de innumerables delitos y violaciones a los derechos humanos.

Veamos dos ejemplos de la historia más reciente, “emblemas” que ponen de manifiesto la podredumbre de la fuerza así como el entramado entre ésta, la Justicia y los poderes políticos de turno.

El secuestro de Macri y la Banda de los Comisarios

Corrían los años 90 y el actual presidente era para ese entonces “simplemente” el hijo empresario de uno de los multimillonarios más conocidos del país: Franco Macri.

Será por ese legado familiar que el exsubcomisario José “el Turco” Ahmed, recién salido de prisión, lo elegiría como víctima. Ahmed y sus colegas, conocidos luego como “La Banda de los Comisarios”, tenían experiencia en secuestros. El de Macri sería el quinto de una serie que arrancó en 1978.

La madrugada del 24 de agosto de 1991, en la calle Tagle entre Tedín y Estrada de la Ciudad de Buenos Aires, tres hombres sorprendieron a Mauricio al bajarse de su auto, lo golpearon y metieron en una camioneta. Una vez dentro de la combi fue maniatado con alambres, vendado y encapuchado para luego ser encerrado dentro de un ataúd.

Había comenzado lo que sería el momento “más oscuro” de la vida del actual presidente.

Sin un rasguño, luego de 13 días de cautiverio en el “emblemático” sótano de la Avenida Garay 2882 (donde también habían estado otras víctimas como Werthein y Meller), Macri fue liberado en un descampado del Bajo Flores. Fue el 5 de septiembre, pero llegó a la casa paterna el 6 a la madrugada.

La liberación se realizó 48 horas después de que su padre pagara un rescate de 6 millones de dólares. Sin embargo al día siguiente Mauricio Macri negó ante la prensa, curiosamente, que ese pago se hubiera producido.

Los responsables. La investigación del caso develó un oscuro entramado que involucró a expolicías y a policías en actividad, quienes poseían un historial delictivo que comenzó en los tiempos de la dictadura.

La Banda de los Comisarios fue responsable de los secuestros de Karina Werthein (14/6/78), Rudi Apstein (7/11/79), Julio Dudoc (19/11/79 -su cuerpo jamás fue encontrado-), Sergio Meller (13/11/84) y el propio Mauricio Macri. Tiempo después se conoció que también participaron del secuestro, en 1988, de Rodolfo “Ralph” Clutterbuck, titular del Banco Central durante el mandato de facto de Reynaldo Bignone y directivo de la firma Alpargatas.

En febrero de 1992 la Cámara en lo Criminal confirmó la prisión preventiva para el exsubcomisario Ahmed, el excomisario mayor Raúl González (al momento del secuestro, pese a haber sido un torturador del llamado circuito “ABO”, trabajaba en la Superintendencia de Comunicaciones de la Federal) y al exmilitar Héctor Ferrer.

A su vez desvinculó del caso a los comisarios Andersen y Arza, quienes en 1991 eran jefe de la Seccional 6° y comisario de la Seccional 8°, respectivamente.

Para las condenas hubo que esperar 10 años. El juicio, finalizado el 6 de agosto de 2001, sentenció a perpetua a Miguel Ángel “Jopo” Ramírez -miembro de las Brigadas de Seguridad Federal durante la dictadura-, a Juan Carlos “el Pelado” Bayarri (quien figura en los listados de represores de la CONADEP), a once años de prisión al exsargento de la Federal Carlos Benito (agente durante el terrorismo de Estado), a ocho al exmilitar Ferrer y a cinco años a González.

De confesiones y torturas. Este mediático secuestro puso en evidencia que los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura seguían vigentes en democracia.

En mayo de 2005 el juez Luis Zelaya ordenó el arresto de nueve policías federales (varios del área Defraudaciones y Estafas) por las torturas infligidas a sus cmaradas de armas durante la investigación del secuestro de Macri. La causa se iniciaría en marzo de 1992, cuando Bayarri amplió su declaración desmientiendo su propia confesión y revelando que fue torturado.

Carlos Sablich

Entre los detenidos en 2005 se encontraba el comisario mayor Carlos Sablich, quien había abandonado su puesto de jefe del Departamento de Delitos Complejos meses antes del arresto porque “sus hombres” habían sido acusados por un fiscal federal de haberle ocultado información sobre el secuestro y asesinato de Axel Blumblerg.

Los torturados por la Federal fueron “el Pelado” Bayarri y el exsargento Carlos Benito.

Según relata el periodista Rolando Barbano en su libro Sangre Azul, a Bayarri “lo llevaron esposado y vendado hasta un lugar al que le decían ’el pozo’, pero que según lo que él pudo ver no era otro que El Olimpo, aquel centro clandestino de detención (…) que conocía tan bien por haber sido su destino durante la dictadura (…) lo desnudaron, lo acostaron en un catre y lo empezaron a interrogar sobre su participación en el secuestro de Macri y en todos los casos anteriores.

(…) Le aplicaron picana eléctrica en las tetillas, en los genitales, en el ano y en la planta del pie derecho, mientras le decían que su padre estaba sufriendo lo mismo (…) ante su negativa a hablar, lo picanearon otra vez y lo ahogaron poniéndole una bolsa en la cabeza (el ’submarino seco’), para después molerlo a golpes hasta reventarle el tímpano derecho. Así lo tendrían durante dos días enteros”.

Días después su detención fue blanqueada y el 20 de noviembre lo trasladaron al Departamento Central de Policía. Allí fue nuevamente interrogado, le hicieron escuchar un audio en el cuál Carlos Benito lo incriminaba en el secuestro de Macri y de otras víctimas. Acto seguido lo amenazaron diciéndole que si quería continuar con vida debía hacerse cargo de todo.

“Bayarri no dudo más. Le dieron unas hojas y allí escribió todo lo que le dictaron”, relata Barbano en el libro. El 24 de noviembre de 1991 Bayarrí fue llevado a Tribunales, luego de que los oficiales presentaran al juez Bonifati su confesión manuscrita junto a una carta que explicaba que el ex policía había solicitado declarar para aliviar su conciencia, donde ratificó su confesión. Un médico constató las lesiones, pero hizo caso omiso de las mismas.

Juan Carlos “el Pelado” Bayarri

En el caso de Benito los oficiales que lo “detuvieron” en Córdoba, durante el traslado hacia Capital Federal lo golpearon con tal brutalidad que le arrancaron tres dientes.

En el mismo libro Barbano describe que “al llegar (a Benito) lo encerraron en una oficina para encapucharlo, meterle la cabeza en un fuentón con agua hasta casi ahogarlo y clavarle alfileres debajo de las uñas. ’Tenemos autorización bien de arriba para ir a buscar a tu mujer y a tu hijo y hacerles lo mismo’ le dijeron. Según diría Benito más tarde, a continuación le dictaron una serie de detalles sobre el secuestro de Meller que él reprodujo con su propia voz para que lo grabaran en una cinta: la que luego le harían escuchar a Bayarri. Después lo llevaron al juzgado de Bonifati, donde lo indagaron para que repitiera su confesión. Un médico lo revisó y constató que tenía lesiones, pero otra vez nadie hizo nada.”

Como definió Fernando Rosso en su artículo Macri y lo que oculta la oscuridad, “la ‘Banda de los Comisarios’ estaba integrada por personajes que habían sido parte del engranaje operativo de la represión (durante la dictadura) que actuó al servicio de los integrantes de la clase del actual presidente. Su tarea esencial fue el secuestro y asesinato de los mejores de una generación, sin posibilidades de rescate ni pedidos de indemnización. El itinerario posterior y los secuestros fueron parte un ’ajuste de cuentas’ entre la ’mano de obra desocupada’ y sus antiguos jefes empresarios. Una indemnización que los ejecutores en el terreno del genocidio, los que hacían el trabajo sucio, creyeron justo cobrarse con los únicos métodos que conocían. Una ’paritaria’ de los grupos de tareas con la clase a la que sirvieron”.

Giacomino y la estafa del Churruca

Roberto Eduardo Giacomino asumió como jefe de la Policía Federal el 26 de diciembre de 2001, propuesto para el cargo por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf luego de las jornadas del 19 y 20 que dejaron como saldo 42 muertos en su mayoría a manos de la fuerza que Giacomino debiera dirigir desde aquel momento.

Roberto Eduardo Giacomino

Durante su mandato al frente de los agentes de "sangre azul", ocurrieron varios casos de gatillo fácil que serán parte de la segunda entrega de esta serie. Sólo diremos que sucedieron en diciembre de 2001 y en septiembre de 2013 y que por los mismos el comisario no tuvo reprimenda alguna.

Pese a contar con ese historial, Giacomino sería reconfirmado en su cargo al asumir el presidente Néstor Kirchner, aunque duraría poco tiempo dado que luego sería destituido de su cargo.

Lo que terminaría con su carrera sería una causa penal por cuestiones económicas, convirtiéndose en el primer jefe de la Federal removido de su cargo por un caso de corrupción.

La gran estafa. La causa penal por “asociación ilícita”, derivada por una denuncia presentada en el 2003 por el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz, fue llevada adelante por el juez federal Juan José Galeano. En la misma se denunciaba una defraudación global por 10 millones de pesos, ocurrida entre junio de 2002 y octubre de 2003. Ese monto se dividía en 2 millones de pesos por contratos informáticos, 4,8 millones por servicios de salud asignados en el interior del país y otros 3 millones pagados de manera directa en centenares de trámites por obras, refacciones, insumos y consultoría. Seis empresas estaban implicadas en el caso, todas creadas durante la gestión del propio Giacomino.

La estafa comenzó a gestarse en 2002, cuando el comisario general Marcelo Raúl Pigretti (superintendente de Bienestar de la Federal, responsable de la obra social de los policías y su atención médica) rescindió el contrato de la empresa que tenía a cargo el servicio informático del Hospital Churruca y solicitó al entonces ministro de Justicia, Juan José Álvarez, la urgente contratación de un nuevo proveedor.

Álvarez, a modo de cobertura, envió el contrato propuesto a la Sindicatura General de la Nación, la cual respondió que, debido al alto monto, (2 millones de pesos) debía realizarse un llamado a licitación. Claro que la Federal hizo caso omiso y, mediante una maniobra en la que separó los contratos en dos (dado que la institución estaba habilitada a aprobar contratos, sin autorización ministerial, hasta 1 millón de pesos), realizó un concurso por su cuenta.

Las tres empresas que se presentaron al concurso fueron L&M Sist-Serv, Novel Time y Tropel SRL, resultando "ganadoras" las dos primeras. Avanzada la investigación, en la cual se sumaron otras tres empresas, se sabría que al momento del concurso L&M Sist-Serv y Tropel SRL eran gerenciadas por el esposo de la hermana menor de Giacomino y la tercera, Novel Time estaba vinculada al tío de la nuera del jefe de la Federal y algunos amigos de uno de sus hijos. De las tres empresas restantes al menos una también resultó estar gerenciada por personadas vinculadas al comisario general: Dinatech, propiedad de los hermanos de su concuñado.

La condena. Recién en febrero de 2011 la causa se elevó a juicio oral por el cuarto juez que intervino en la misma, Sergio Torres. La carátula contra el jefe de la Federal sería “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El debate oral comenzó en junio de 2015. Para entonces Giacomino aún formaba parte de la fuerza como comisario jubilado, dado que nunca fue exonerado, pese a sus más que complicados antecedentes y causas penales en su contra.

La dilación en la resolución de este caso es una muestra más de la connivencia entre las fuerzas represivas, la Justicia y el poder político.

Continuará...