Provincia de Buenos Aires. La maldita Policía quiere que Vidal le dé cada vez más privilegios

Foto: La Tecla

Hace una semana el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo anunciaba un aumento salarial del 25 % para la fuerza represiva del Estado provincial, aunque para las categorías más bajas del escalafón el aumento llegará al 30 %.

La noticia se supo tiempo después de que la gobernadora María Eugenia Vidal cerrara con las burocracias sindicales de UPCN y Salud Pública un aumento del 15 % para los estatales de la Provincia, lo que viene motivando reiteradas protestas desde ATE, Soeme, Cicop y otras organizaciones.

Cuando hizo el anuncio, Ritondo dijo que “la Policía cobrará a mediados de abril un 15 % de aumento retroactivo a febrero y, a partir de julio, el aumento llegará al 25 %”. Y agregó a modo de definición política que “en los últimos diez años la Policía de la Provincia de Buenos Aires cobró por debajo de lo que ha sido la paritaria de la administración pública, y con este gobierno esto no va a ocurrir”.

Vale aclarar que el anuncio de Ritondo, donde anticipó que el sueldo más bajo del escalafón pasaría a ser de $ 15.500 (a lo que se le deberá agregar las habituales sumas adicionales, las horas Cores y demás beneficios), se dio la semana pasada para apaciguar los ánimos de los uniformados que amenazaron con paralizar el 911 durante el fin de semana.

Enojo con "Ritonto"

Esta semana finalmente se conoció la escala salarial basada en esos aumentos e inmediatamente los sectores más activos de la fuerza represiva volvieron a protestar, tanto a través de la página de Facebook “Policía Reclamando” como del sitio del Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba), un grupo de uniformados que, pese a su nombre, no tiene reconocimiento legal como organización gremial.

“Como veníamos sospechando (el aumento) fue una tomada de pelo por parte del ministro Ritondo”, dicen en un comunicado difundido por Facebook. E informan que están “convocando a reuniones en varios lados de la Provincia para tomar la decisión que seguramente puede llevar a una nueva protesta”.

Desde el Sipoba agregaron que los anuncios de Ritondo son “una mentira” ya que “no equipara ni siquiera la devaluación que hicieron en diciembre”. Nicolás Masi, cara visible del grupo de uniformados a quien internamente llaman “titular del gremio”, manifestó a los medios que “la promesa en la campaña de Cambiemos fue que iban a equiparar nuestro sueldo como los de la Policía Metropolitana, pero resulta que un efectivo del rango más bajo cobra 17.392 pesos en la actualidad y con el aumento que va a recibir, llegará a casi 20.500 pesos”.

Otros reclamos que surgen desde los cerebros de la fuerza represiva son que se aceleren los ascensos en el escalafón, que se deje de pagar el impuesto a las ganancias e incluso que se modifique el régimen llamado de 24x48.

Otro vocero del Sipoba, Luis Tonil, dijo a la prensa que por estos días al ministro de Seguridad se lo empezó a llamar “Ritonto”, “porque es un experto en mirar para el costado”. Y afirmó que, como “crece el malestar en los integrantes de la Bonaerense”, desde el Sipoba están convocando a “una protesta para el 14 de abril próximo, a las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín de La Plata”.

Pum para arriba. Imagen con la que abre el sitio web del Sipoba

Asuntos internos

En medio de esta puja por ver cómo se fortalece a la fuerza represiva del Estado bonaerense y se mantiene contenta a la tropa, desde la Gobernación dejaron que se haga público un escándalo que no es más que un botón de muestra de una realidad, si no conocida, al menos intuida por todo el pueblo trabajador.

Según la versión que esta semana hizo pública el Ministerio de Seguridad, en febrero la división Asuntos Internos de esa cartera recibió una “denuncia anónima” de alguien que dijo ser oficial de la fuerza desde hace 25 años. Esa denuncia fue derivada al fiscal de La Plata, Marcelo Martini, quien finalmente ordenó un allanamiento en la Jefatura Departamental de La Plata el viernes 1° de abril.

Siempre según la versión oficial difundida desde el ministerio de Ritondo, en la oficina del secretario del jefe departamental Darío Camerini se hallaron 36 sobres con un total de $ 153.700. Además de los sobre y el dinero, del operativo resultó imputado el propio Camerini por ser “la máxima autoridad” de esa dependencia, según afirmó el fiscal.

La denuncia anónima, según se informó, decía que en la en la sede de la Departamental de La Plata, ubicada en la calle 12, entre 60 y 61 se estaba produciendo un sospechoso “movimiento de sobres con dinero”.

Aún no se sabe si en serio o en chiste, pero el fiscal Martini públicamente pidió que “cualquier persona que haya recibido un pedido de dinero por parte de la Policía se presente y realice la denuncia, que aporte datos para saber la procedencia de la plata”. El aluvión de denuncias, por el momento, no se estaría haciendo presente.

Algo que por el momento no dijeron las autoridades provinciales es si esos sobres hallados el 1° de abril son los mismos que denunció el "anónimo" en febrero. Cuesta creer que durante más de un mes esos miles de pesos estuvieron inmóviles en la mesa del secretario de la Departamental La Plata.

Marketing policial

Hallado el dinero en los sobre y hecho público el escándalo, Ritondo resaltó el trabajo de Asuntos Internos y dijo que, a diferencia de lo que sucedía antes, en la actual gestión se ha generado lugar para ese tipo de denuncias y se las investiga. ¿Otro chiste?

Ritondo es parte del personal político que “gestiona” a la Metropolitana desde 2010, una fuerza que nada tiene que envidiarle a la Bonaerense o a cualquier otra en cuanto a coimas, aprietes, asociación ilícita en todo tipo de delito organizado y represiones reiteradas al pueblo trabajador.

Lo curioso es que pese a la imputación que el fiscal Martini realizó sobre el jefe de la Departamental La Plata, para Ritondo ese uniformado “hasta el momento colaboró con la investigación” e incluso tuvo la buena voluntad de “abrir la dependencia” para que se investigue.

Finalmente, como para meter un poco de presión a sus subordinados en medio de la discusión salarial y de condiciones de “trabajo” para la fuerza represiva, Ritondo dijo que desde la Gobernación tenían “la denuncia sobre un subcomisario” pero que prefiere no “dar más datos porque se está en plena investigación”.

En medio de las duras luchas de trabajadores que hoy atraviesan a la Provincia de Buenos Aires, donde Vidal y sus ministros decidieron declararle la guerra a miles y miles de estatales, la búsqueda del gobierno de tener a su brazo armado contento y presto para reprimir para no estar asegurada.

Desde el Sipoba y otros grupos de oficiales y suboficiales se pretende instalar la idea de que ellos son “trabajadores” al igual que cualquier estatal, como si no fueran justamente los encargados de defender ante todo a las clases dominantes y sus agentes políticos, llegando a reprimir, torturar y hasta asesinar a sus supuestos “compañeros”. La maniobra de los “trabajadores” del gatillo fácil no resiste el menor análisis.

Lo que se juegan es, en última instancia, un trato mucho más privilegiado por parte de sus superiores a fin de poder “cumplir órdenes” con mayor predisposición y sin sobresaltos. Y eso no tiene mucho que ver con (e incluso está en las antípodas de) los legítimos reclamos de la clase trabajadora.