El pasado 26 de septiembre, 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero hacían una colecta para participar en la movilización que todos los años se realiza el 2 de octubre hacia la capital de México, fecha en la que se conmemora a estudiantes y civiles masacrados por el gobierno, en 1968. El alcalde ordenó que fueran reprimidos violentamente por elementos de la policía municipal. Hubo tres normalistas muertos y otro más con muerte cerebral por impacto de bala.
Jueves 23 de octubre de 2014
Aniquilar el corazón de la resistencia: Estudiantes Normalistas, Docentes y la Educación Pública
Las Escuelas Normales Rurales surgieron en la década del ´20 para formar a los hijos de los campesinos que no podían acceder a la Universidad. Tanto los planes de estudio, como los materiales didácticos se centralizan en la defensa de la educación pública de los campesinos, los derechos de los trabajadores y la resistencia ante los abusos de las autoridades.
A partir de la década del setenta, el gobierno mexicano embistió sistemáticamente contra las escuelas normales rurales, porque son el símbolo revolucionario para la educación de los sectores postergados, condensan una historia de resistencia y rebeldía en sus luchas por una educación pública, laica, gratuita, masiva, de carácter popular. Referentes sociales como Othón Salazar, Pablo Gómez, José Santos Valdez, Misael Núñez Acosta, así como los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez egresaron de esas escuelas. Los maestros rurales, organizadores solidarios, representan un nexo vital de la comunidad donde trabajan y una posibilidad para que los niños indígenas sean educados en su propio idioma y contexto.
Vaciar las escuelas a través del achique presupuestario y el terror
El gobierno federal jaquea sistemáticamente a las escuelas rurales comprimiendo el magro presupuesto para 7 mil alumnos quienes se ven obligados a buscar el sustento, en las calles a través de colectas, a riesgo de enfrentar los ataques constantes de policías y bandas del crimen organizado, como sucedió el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, con los estudiantes de Ayotzinapa. En los últimos 40 años, además de las agresiones, cada vez más frecuentes y violentas, los gobiernos estatales y el federal han intentado a toda costa cerrarlas o transformarlas en centros de educación para formar sólo “técnicos de turismo”. Actualmente sólo quedan 17 escuelas rurales de las 29 que había hace algunos años.
Por otro lado, la Normal Raúl Isidro Burgos, en Guerrero desde siempre fue el epicentro de la resistencia. Ya en el año 2007, el gobierno de Torreblanca intentó cancelar la apertura de cupos para los ingresantes y planteó convertirla en escuela de turismo, pero la lucha de las Escuelas Normalistas lo impidió.
En 2011, los estudiantes de Ayotzinapa tomaron la autopista que lleva al famoso puerto de Acapulco para exigir el aumento de cupos y decir “No” al control político que el gobernador Aguirre imponía; en respuesta fueron desalojados por la fuerza y asesinados dos estudiantes. En septiembre de 2014, la policía municipal acribilló a los estudiantes de Ayotzinapa. Dicha masacre, donde el rastro más significativo es el rostro desollado de un joven normalista, abandonado en vías públicas, señalan claramente el objetivo: paralizar a la juventud que se propone transformar la realidad a través de la organización, la educación, la lucha. Los normalistas rurales tienen hasta la fecha una formación clasista, fiel al objetivo de que las comunidades más marginadas y aisladas de los centros urbanos, -la población campesina e indígena- reciba educación básica y pueda a la vez ser organizada para la defensa de sus derechos.
Terrorismo de estado
La amalgama policial, narco-terrorista es indisoluble. El gobierno en todos sus niveles (EPN, presidente por el PRI, Aguirre Rivero, gobernador estatal por el PRD), pretende responsabilizar a la mafia narco, pero en realidad se trata de un claro terrorismo de estado. Sin embargo, el "narcopoder" exhibe su impunidad, exigiendo la liberación de los policías detenidos, caso contrario amenazaron con asesinar más inocentes, y denunciar a políticos cómplices de ellos, (Guerreros Unidos). El alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca continúa prófugo desde el momento del asesinato y desaparición de los normalistas rurales, una exhibición más de corrupción, autoritarismo y "narcopoder".
Lejos de amedrentar y silenciar completamente a la ciudadanía a través del horror, la reacción de sectores populares continúa siendo de profundo rechazo a los responsables de la masacre y sus autores políticos. Persiste el reclamo: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
