Newsletter. ¿La memoria como herramienta de combate o como religión cívica?

Una vez más (por si ya leíste esto hace unos días), bienvenide al reino del revés, donde el vigilante y el juez son ladrones con poder. Donde por más que te hagas amigue del juez y no le dés de qué quejarse, cuando a éste le aprieten los zapatos te va a terminar armando una causa y mandando a la gorra a plantarte un caño o un ladrillo de merca. Pero donde vos y yo sabemos que las pistolas no se disparan solas, que el rati horror show sigue estrenando capítulos y que nadie se suicida en una comisaría.

En el anterior mensaje, de presentación, te conté el por qué del nombre de este nuevo newsletter de La Izquierda Diario . Y anticipé de qué van a ir sus entregas quincenales. Para no redundar, podés leer el texto presentación completo acá.

Sólo agreguemos que Antipoliciales intentará explicar, desde una óptica ligada a los intereses del pueblo trabajador, qué se quiere decir con expresiones tan abstractas como “Justicia”, “seguridad”, “derechos humanos”, “orden” o “paz” y qué significan sustantivos tan concretos como gatillo fácil, causas armadas, represión, desaparición forzada o torturas. También qué se esconde en el complejo palabrerío de los expedientes. Y analizaremos cómo se vive en los barrios populares, donde el Estado no está “ausente” (como gusta decir el progresismo) sino muy presente patrullando, controlando y sometiendo.

Hacé memoria

No podemos eludir el almanaque. Nos tocó arrancar el newsletter dos días antes de cumplirse 47 años del golpe cívico-militar-eclesiástico encabezado por Videla, Massera y Agosti. La referencia es obligada, porque para hablar de crímenes y violencia en Argentina, con el genocidio del Estado contra la población trabajadora (perpetrado aún desde antes del golpe) podemos hacer dulce.

Además, a fines de este 2023 se cumplirán cuarenta años de “democracia”. Lo escribimos entre comillas para diferenciar este régimen manejado por una casta de políticos capitalistas, apoyados en los aparatos de represión estatal, de una democracia que le haga honor a la semántica. Porque si algo está claro es que, en esta “democracia”, el pueblo no gobierna.

Ante el número redondo y un presente escaso de buenas noticias, las usinas del discurso dominante sobrevaloran la efeméride y se proponen instalar una épica de lo que no fue. Pero en plena crisis socioeconómicopolítica, el éxito de la operación puede ser efímero. Sobre todo para las generaciones post 1983, que sin comerla ni beberla llevan mucho tiempo soportando las miserias que esta “democracia” nos legó.

Es que, por un lado, aquella máxima alfonsinista de que con la “democracia se come, se educa y se cura” quedó archivada como un mero eslogan electoral. Y por otro lado, hasta hoy perduran muchos de los efectos más crueles de aquel plan genocida, hambreador, saqueador de los bienes sociales y culturalmente ultraconservador.

Dos ejemplos lo ilustran a fondo. Uno notorio y otro más naturalizado. La deuda externa y el reciclaje de las fuerzas represivas.

La maldita deuda fue aumentada exponencialmente por los milicos. Y todos, todos los gobiernos posteriores la legitimaron, pagaron, renegociaron, refinanciaron y nunca dejaron de pagar. En este video Maga Peralta, estudiante de ciencias económicas y nieta de César Robles (dirigente del PST asesinado por la Triple A en 1974), te cuenta la relación entre la dictadura, la deuda externa y la actualidad. Vayamos ahora al ejemplo más naturalizado: el reciclaje de las fuerzas represivas.

El aparato intacto

Más arriba decíamos que esta “democracia” es un régimen manejado por una casta de políticos capitalistas que se apoyan en los aparatos de represión estatal. Y es en ese aparato represivo donde encontramos mil hilos de continuidad entre el largo invierno dictatorial y la primavera “democrática”. Claro, como ni la escuela ni las corpos te lo cuentan, para encontrarlos hay que meter la lupa a fondo.

En 2008, en un juicio por delitos de lesa humanidad, el ya fallecido abogado, historiador y exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, dijo que el número de militares, policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios comprometidos con el terrorismo de Estado rondó los 200 mil (no todos, desde ya, con las mismas responsabilidades). Pero como detalló en esta nota Gloria Pagés (miembro del CeProDH y hermana de desaparecidos), a cuatro décadas de terminada la dictadura la cantidad de condenados por secuestrar, torturar, matar, desaparecer y robar bebés apenas supera el millar.

En promedio, esta “democracia” mandó a la cárcel a poco más de un genocida por cada uno de los (oficialmente reconocidos) 800 centros clandestinos de detención montados en el país. Modesto, ¿no? Encima, tres de cada cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad están con domiciliaria. Y sólo a un puñado de ellos se los controla con monitoreo electrónico.

¿Qué pasó con las decenas de miles de criminales no tocados judicialmente? Una parte ya murió impune. Otra se camufló en la sociedad civil (algunos montaron pymes de seguridad privada, otros se hicieron custodios de multinacionales). Pero la gran mayoría siguió en funciones, jurando honor a la “democracia” y retirándose con jubilaciones mucho mayores que la mínima que cobran tu mamá, tu papá, tu tía o tu abuela.

Ojo, hablamos de los miembros formales del aparato represivo del Estado. A ellos habrá que sumarles a los civiles que integraron la Triple A, la CNU y otras bandas paraestatales, a los espías del Batallón 601 y a los servicios de la SIDE y otras agencias. El emblema de estos últimos es Antonio “Jaime” Stiuso, capo de la “contrainteligencia” que entre 1972 y 2014 sirvió sin grieta a todos los gobiernos. Uno de sus continuadores es Américo Balbuena, pluma de la Policía Federal infiltrado entre 2002 y 2013 en la Agencia Rodolfo Walsh, que fue descubierto y hoy está siendo juzgado. Hablaremos de ellos en otras entregas.

Pensá en esto: en las fuerzas represivas se combinan el escalafón y la verticalidad. Se va ascendiendo en la “carrera” y a la par se gana jerarquía. Por eso la totalidad de generales, almirantes, brigadieres, comisarios y subcomisarios de estos cuarenta años de “democracia” son aquellos jóvenes que llenaban formularios, hacían “operativos”, abrían las puertas de los centros clandestinos, custodiaban sus calabozos y cocinaban vomitivos menúes para les detenides. Esos miles de canallas nunca rompieron el pacto de silencio.

Ahí está el general César Santos del Corazón de Jesús Milani, exsubteniente del Ejército en Tucumán y La Rioja durante el genocidio y exjefe de esa fuerza armada nombrado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Denunciado por sobrevivientes y absuelto por el Poder Judicial cómplice. Hasta hoy mantiene en secreto todo lo que sabe. Es ridículo creer que nunca hizo, vio ni escuchó nada. Y aunque no haya podido tapar su mugre, logró acercarse y coquetear con Hebe de Bonafini en pleno kirchnerismo.

En estos años vimos a muchos de “aquellos jóvenes” apretar sus gatillos fáciles y torturar hasta la muerte en comisarías y cárceles. También reprimir luchas obreras y manifestaciones populares. Y, por supuesto, ser socios en redes de trata, bunkers narco, desarmaderos de alta gama, piratería asfáltica y otros negocios. El propio Horacio Rodríguez Larreta debió reconocer, ante una exigencia de les legisladores Myriam Bregman y Patricio del Corro, que en 2019 revistaban en la Policía porteña 282 efectivos que participaron de la dictadura.

Desde el célebre libro “noventista” La Bonaerense de Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil hasta el nuevo éxito netflixero División Palermo de Santiago Korovsky, la historia de la Policía de esta “democracia” está sobradamente contada e ilustrada. Sin embargo es común escuchar a presidentes, gobernadores y funcionarios decir sin vergüenza que nada queda de aquel aparato genocida. Aunque se renueven las generaciones, las misiones no cambian. Sólo desde una mirada adscripta al control social y la represión se puede justificar el actual envío de Fuerzas Armadas a “urbanizar” barrios populares de Rosario con la excusa de “combatir el narcotráfico”.

Fueron 30.000, fue un genocidio de clase

Puede parecer paradójico que, a cuarenta años de “democracia”, haya sectores que levantan el copete para reivindicar el accionar de los genocidas al tiempo que niegan todo lo que se describe más arriba. Pero no lo es. Si ultraderechistas como Mauricio Macri, Javier Milei, Patricia Bullrich, Victoria Villarruel o Ricardo López Murphi se dan el lujo de ir contra la historia, es porque encuentran pasto seco en una agenda cada vez más corrida a la derecha por el “progresismo” gobernante. ¿Qué se puede esperar de los “liberales” si para el Frente de Todos ni siquiera hay golpe de Estado en Perú?

Para quienes, buscando relativizar la magnitud del crimen genocida, parlotean que les desaparecidos “no fueron 30 mil sino muchos menos”, les dejo este informe de Miguel Bonasso publicado en La Izquierda Diario en 2016. Vayan pa’llá, loros.

Ahora bien, desde el otro lado del asunto nos preguntamos qué pasó en cuarenta años de “democracia” con nuestros desaparecides, asesinades, torturades, apropiades y sobrevivientes. Así como el Estado aceptó juzgar a las cabezas militares mientras mantuvo intacto el aparato represivo heredado de los chupaderos del terror, ¿cómo fue el doble juego hacia las víctimas?

Al día de hoy se sigue desconociendo el destino de miles de compañeras y compañeros. ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Quiénes los vieron con vida por última vez? ¿Dónde están las cuatrocientas personas nacidas en cautiverio que aún no recuperaron su identidad? ¿Quiénes son sus apropiadores? Preguntas elementales que la “democracia” siempre se negó a responder.

Hay un dato clave: pese a esporádicas y direccionadas apariciones de archivos durante los últimos años, el Estado mantiene bajo siete llaves gran parte de la documentación de aquella época que podría arrojar luz sobre muchos de los crímenes, sobres sus hacedores y sus víctimas. Es “razón de Estado” no avanzar sobre ellos y menos aún que sobrevivientes y familiares tomen contacto con ese material. Pese al gran trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo para la formación del Banco de Datos Genéticos, la vía para que cientos de mujeres y hombres apropiados puedan conocer su identidad sigue siendo la duda personal y el subsiguiente pedido de un análisis de ADN.

Menos aún el Estado “democrático” obligó a que se abran y den a conocer los archivos ultrasecretos de las empresas que fogonearon el golpe y se beneficiaron con todas las políticas de la dictadura, empezando por la eliminación física de activistas, delegados y comisiones internas. Los prontuarios de varios exponentes de esa clase social genocida te los muestra Lucho Aguilar en esta nota. Todos ellos actuales dirigentes de la Asociación Empresaria Argentina. Los mismos que ahora fogonean el ajuste, aumentan los precios de la canasta familiar y ultraprecarizan a sus trabajadores.

Y no hablemos de los archivos de la Iglesia católica, institución que registra hasta el último de sus bautismos y cuya jerarquía forjó una santa alianza con los asesinos y sus mandantes.

Esta semana La Izquierda Diario publica en su sección Libertades Democráticas diversos artículos, entrevistas y videos en los que vas a poder profundizar más sobre cómo la dictadura inaugurada el 24 de marzo de 1976 tuvo relación directa con la necesidad del gran empresariado de imponer sus planes a sangre y fuego en lucha contra una insurgencia obrera y popular que se venía desarrollando desde el Cordobazo.

La lucha que se pierde es la que se abandona

Llegados a este punto, advirtamos que en Argentina se forjó, entre fines de la dictadura y principios de la “democracia”, un enorme movimiento de defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Con los años, la mixtura de sobrevivientes convencidos de transformar el dolor en denuncia, de madres, abuelas y familiares de víctimas y de nuevas generaciones de militantes de izquierda fue vital tanto para luchar por Memoria, Verdad y Justicia como para desnudar el operativo impunidad encarado por los gobiernos de las primeras dos décadas de “democracia”.

Tras las jornadas de diciembre de 2001, en las que gritamos “¡que se vayan todos!” y echamos a los odiados De la Rúa y Cavallo; y ante el rechazo masivo a la Masacre de Avellaneda de 2002; los gerentes del Estado entendieron que para salvar al régimen de conjunto debían cambiar el discurso y la formas.

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos menemistas impulsó la apertura de varios juicios contra genocidas. Mientras, el ejército de funcionarios políticos se fue despegando de las anteriores gestiones neoliberales y desde los despachos convocaron a emblemáticas figuras del movimiento a ser amigas de un Estado “más democrático”. Los chupaderos fueron reconvertidos en espacios de memoria. Se descolgaron cuadros de dictadores y colgaron pañuelos blancos en ministerios y organismos públicos. Y varios personajes nacidos de aquel movimiento se integraron al funcionariado. Pero, en el fondo, el Estado capitalista y represor siguió siendo el mismo.

Dice el italiano Enzo Traverso en su ensayo Melancolía de izquierda que en la sociedad contemporánea hubo una operación desde el poder, mediante la cual “las utopías del siglo pasado han desaparecido y han dejado un presente cargado de memoria pero incapaz de proyectarse en el futuro. No hay a la vista ningún ‘horizonte de expectativa’ (...) La historia misma se muestra como un paisaje de ruinas, un legado viviente de dolor”.

Agrega el historiador marxista que en las últimas décadas se desató a nivel mundial una “obsesión por la memoria”, pero no como “memoria colectiva” para sacar lecciones del pasado sino como “religión cívica”. Una obsesión que levantó “museos”, decretó feriados y organizó eventos en los que se habla de cómo perdimos, cómo nos cagaron la subjetividad e incluso de cómo pudimos sobrevivir, pero se silencian las luchas y los proyectos que encarnábamos antes de la derrota.

No deja de ser perturbador que esa memoria inofensiva, esa “religión cívica” sostenida por la “democracia” para conjurar toda empresa emancipatoria de los de abajo, haya terminado en boca de personajes que, allá lejos y hace tiempo, supieron luchar en las calles. Llevamos años viendo a exluchaoras y exluchadores justificar desde sus despachos las violaciones a derechos elementales por parte de los propios gobiernos “democráticos” a los que pertenecen. ¿Quién dijo funcionarios que no funcionan?

Como escribieron Violeta Bruck y Javier Gabino en esta nota, la aparición en escena de Argentina 1985 abrió muchos debates sobre la significancia política del juicio a las juntas militares militares. Para tener un buen análisis, cinematográfico y político, leete ese artículo (y si querés saber cómo fue el juicio de verdad, te dejo esta otra nota de Liliana Caló).

Pensando en la memoria como herramienta política para combatir los sentidos comunes negacionistas, acá sólo alertemos sobre una grosera omisión de los guionistas Santiago Mitre y Mariano Llinás. En Argentina 1985 el rol fundamental de ese masivo movimiento de derechos humanos es sustituido por la acción individual de un puñado de funcionarios. Teniendo en cuenta ese detalle, no sorprende que el film haya sido elogiado por peronistas, radicales, macristas, jueces, fiscales y hasta grandes empresarios.

Cuando en septiembre de 2006, en plena “democracia”, Jorge Julio López era nuevamente desaparecido tras haber dado testimonio contra el odiado genocida Miguel Etechecolatz, los funcionarios de entonces (algunos también lo son ahora) pedían calma y prometían encontrarlo pronto, sano y salvo. Al ver cómo sucedían las cosas, Myriam Bregman (abogada querellante en ese juicio) denunciaba las maniobras de policías y funcionarios para desviar la atención. Más tarde Adriana Calvo, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (personaje central en Argentina 1985), diría que la causa judicial por la segunda desaparición de López sería analizada en el futuro como un “monumento a la impunidad”. No se equivocó.

Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández nos dijeron qué pasó con López. Llevamos 2030 días preguntándole a esta “democracia” quiénes planearon y ejecutaron su crimen a la sombra del Estado. Pero nunca hubo una respuesta. Por eso seguimos diciendo que el Estado es responsable.

Hace décadas las Madres de la Plaza acuñaron una consigna: “la única lucha que se pierde es la que se abandona” . Que más de uno haya abandonado la lucha independiente y colectiva a cambio de pequeños beneficios, no le quita vigencia a esa máxima. Por eso este 24 de Marzo nuevamente miles de personas marcharan contra el olvido, el perdón y la reconciliación. Por nuestres 30 mil. Porque fue un genocidio de clase. Y también contra el ajuste que aplican los gobiernos de la “democracia” y el FMI.

Por Memoria, por Verdad y por Justicia.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

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