Hace escasos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá anunciaba su intención de “extender la cobertura de los planes de pensiones colectivos a más de la mitad de la población ocupada”. En otras palabras, crear planes complementarios a la pensión pública, pero de gestión privada.
Jueves 19 de noviembre de 2020
Se trata así de establecer un sistema como el británico, de gestión mixta, con la diferencia de que en el Estado Español una tasa de desempleo mucho más alta, por lo que una desincentivación en la Seguridad Social a favor de lo privado terminará repercutiendo, aún más que en Gran Bretaña, sobre los mismos de siempre: los que menos tienen y peores condiciones laborales padecen. Aunque, teóricamente, estos “planes complementarios” no vienen a sustituir la maltrecha Seguridad Social, es de sobra conocido por todas lo que suele suceder cuando “lo privado” empieza a introducir sus garras en “lo público”.
El plan anunciado por Escrivá es el enésimo ataque del gobierno PSOE-UP contra la clase trabajadora, que lleva cargando sobre sus hombros las peores consecuencias de esta pandemia. Frente a lo que sí sería necesario, como nacionalizar la sanidad privada, asegurar que se cumplieran las condiciones de seguridad en los centros de trabajo o ilegalizar los desahucios y los despidos, lo que encontramos es que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos no cesan en sus esfuerzos por empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Si se implantara este nuevo sistema de pensiones, popularmente conocido como “mochila austríaca”, como trabajadores ahora tendríamos que cotizar a la Seguridad Social y, a la vez, a un fondo de pensiones privado de la empresa para la que trabajemos. Ese fondo se nutriría, en parte, de los sueldos de las trabajadoras, por otro lado, de aportaciones de las empresas y, también, de una aportación del Estado, vía impuestos. El primer problema surgiría cuando se diesen despidos o situaciones de interrupción del trabajo. En ese caso, nadie aportaría a ese fondo y la pensión se estaría “volatilizando”. Además, el objetivo es que la aportación realizada al sistema público sea cada vez menor y, por tanto, la pensión pública recibida también lo sea en ese caso de incapacidad, despido o accidente.
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La peor parte de todo esto es que ese dinero que se va acumulando en el fondo de pensiones de la empresa es gestionado directamente por una financiera privada que lo podría invertir donde quisiera, como un banco, y que puede perderlo y con ello perder nuestra jubilación.
Por otra parte, el sistema de aportaciones es algo tramposo: no es cierto que parte de ese fondo de pensiones de la empresa lo ponga el trabajador y parte la empresa, porque la empresa lo obtiene del beneficio generado por el trabajador. Y con la parte de los impuestos, sucede igual. El trabajador es el que termina pagando íntegramente el fondo, como ocurre ahora, con la diferencia de que una empresa sacará beneficios por la especulación.
Esta medida sería uno más de los innumerables ataques hacia las que somos jóvenes hoy nos toca vivir en un sistema que ya nada tiene que ofrecernos. La crisis del 2008 nos dejó ante un escenario poco halagüeño: los desahucios vinieron para quedarse -y los innumerables suicidios que estos llevaron consigo y que se silenciaron en su mayor parte-. Además, multitud de jóvenes que ya no se podían permitir seguir estudiando, tuvieron que abandonar sus estudios, o incluso ni siquiera llegaron a acceder a ellos, expulsando así a la clase obrera de la universidad y los estudios superiores.
El trabajo basura se estableció como la norma; igual que los llamados “minijobs”, y con ellos, un largo etcétera de situaciones aparentemente coyunturales a la crisis pero que vinieron para tomar asiento en primera fila de nuestras vidas. Y cuando pensábamos que la cosa ya no podía ir mucho peor, resultó que la Diosa Fortuna nos tenía preparada una sorpresa más: una pandemia. Y esta, venía acompañada por una gestión por parte de los gobiernos capitalistas y neoliberales nefasta, que se ha traducido en una mayor precarización de los trabajos, más abusos laborales, desempleo, saturación de los servicios sanitarios, (que ya estaban muy mermados tras las políticas de recorte y privatizadoras de los gobiernos) y desesperación, ante todo mucha desesperación ante el futuro.
En esta tesitura, lo que observamos es que aquellos que se hacen llamar “partidos de izquierdas” no hacen otra cosa que poner más piedras en el camino a todos aquellos jóvenes que no ven luz al final del túnel, que observan cómo sus aspiraciones en la vida se esfuman pasito a pasito y que constantemente escuchan cómo les prometen un futuro tras su formación que sólo huele a precariedad y explotación. Y, mientras perdemos trabajos por no tener suficiente experiencia, o cursos o idiomas, mientras trabajamos en curros mal pagados y no podemos emanciparnos porque con los sueldos de miseria se hace imposible, esperamos que las cosas cambien y llegamos a pensar que el problema está en nosotras.
Pero el problema no está en nosotras, sino que radica en este sistema que de forma continuada nos pone trabas, muchas veces de forma sigilosa, sin armar jaleo, como es el caso del nuevo plan del ministro Escrivá, pero que terminan devastando nuestras posibilidades para una vida buena. Porque esta propuesta aparentemente inofensiva y que se vende como algo positivo para el trabajador es tremendamente injusta y tramposa. Así que si sigue adelante y no nos organizamos para destruir este sistema y desenmascarar a estos gobiernos “progresistas” que nos condenan a la precariedad, nos encontraremos trabajando cada vez más años y en condiciones cada vez peores sin tener nunca esa vida decente, tranquila, desahogada que un día nos prometieron.
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