Mientras los resultados de las nuevas pericias reavivan las brasas de enero (cuando el fiscal fue hallado sin vida) el gobierno, la oposición, la Justicia y todo el régimen son garantes de la impunidad desde hace 20 años.
Miércoles 9 de septiembre de 2015
Una nueva pericia sobre el arma que acabó con la vida del fiscal Alberto Nisman determinó que la misma deja rastros de pólvora al momento de disparar el gatillo. De ese modo, las pruebas de barrido electrónico efectuados en el Centro de Información de Fiscales de Salta ponen en tela de juicio la teoría del suicidio y multiplican las dudas sobre las condiciones en que se produjo la muerte del fiscal, en tanto la autopsia no registró vestigios de explosivos en las manos.
La pesquisa desprende tres posibles hipótesis: la intervención de una tercera persona que habría disparado, o ingresado para limpiar las huellas de restos de pólvora, o que sencillamente la pericia haya sido mal realizada por la Policía Federal. Asimismo, los peritos detectaron por lo menos diez entradas en la computadora y el teléfono personal del fiscal para borrar sus archivos, insertando un virus troyano.
A pesar de la infinidad de críticas vertidas en ocho meses de una investigación generosa en materia de irregularidades y torpezas mayúsculas, la fiscal Viviana Fein, apodada irónicamente “mamá Cora”, declaró que recién después de las elecciones de octubre presentaría su dictamen.
Los resultados de las nuevas pericias reavivan las brasas de enero, cuando el fiscal fue hallado sin vida un día antes de hacer efectiva su presencia en el Congreso, citado a instancias de la oposición para completar su denuncia contra Cristina y el canciller Héctor Timerman como presuntos encubridores de Irán en el brutal atentado a la AMIA de 1994 que segó la vida de 85 personas.
Arrinconado contra las cuerdas, el kirchnerismo logró sortear esa crisis poniendo al desnudo el mamarracho jurídico de Nisman, carente de pruebas, pocos meses después rechazado por la Cámara de Casación en sintonía con el fallo de juez Daniel Rafecas. Sin embargo, la oposición, gran parte de la Justicia, el grupo Clarín y el diario La Nación asimilaron la denuncia de Nisman como una bandera en su pugna con el kirchnerismo, llegando al extremo de impulsar la “marcha de los paraguas” del 18F como una epopeya republicana encabezada por los fiscales Germán Moldes y Raúl Plee, acusados de encubrimiento de la causa AMIA por todos los organismos de familiares y amigos de damnificados.
En su afán de desviar la atención, el gobierno de Cristina dejó correr en los medios que la muerte de Nisman habría sido consecuencia de las “actividades ilegales”, que costeaban la onerosa vida de lujos que llevaba el fiscal “fiestero”. En esa dirección, el juez Claudio Canicova Corral acusó por “lavado de dinero” a Sara Garfunkel, Sandra Nisman, Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picon, señalados como testaferros del fiscal que poseía una cuenta en el banco Merryl Linch con mas de 600 mil dólares, objeto que de ningún modo podría justificarse por sus ingresos de funcionario judicial sino en razón de actividades de “enriquecimiento ilícito”.
En el mismo sentido, el titular de la AFI Oscar Parrilli acusó la responsabilidad de Antonio “Jaime” Stiusso, ex director de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia, por “encubrimiento agravado” de los ejecutores de la voladura de la mutual judía, delito convalidado por el mismo fiscal al “delegarle la investigación” a ese personaje siniestro que llevaba de hecho las riendas de la institución represiva, con la escuela de la Triple A y la dictadura genocida.
La gravedad de semejante denuncia no se corresponde con la liviandad de la ausencia de pedido de captura, sobre todo cuando el mismo gobierno proporciona el detalle de la estancia de Stiusso en Florida, claro que prescindiendo de la solicitud de extradición a las autoridades de EE.UU.
Las falacias de Parrilli y Cristina no pueden ocultar que el tandem Nisman-Stiusso surgió a instancias de Néstor Kirchner en 2004 con la finalidad de desviar premeditadamente la llamada “conexión local” para atribuir la responsabilidad del atentado a la AMIA a Irán, a partir de las falsedades elaboradas por el Mossad, el FBI y la CIA, incorporadas en el dictamen de Nisman y avaladas por toda la Justicia, en función de las necesidades del entonces presidente norteamericano George Bush, el Estado de Israel y la “guerra antiterrorista” lanzada contra los pueblos árabes de Medio Oriente.
Un curso reaccionario que acompañaron los Kirchner demonizando a Irán en la ONU así como en cuanta tribuna internacional que abordaran (y que en el plano local aprovecharan para sancionar la Ley Antiterrorista). Con esa mira, Néstor puso a disposición de Nisman y Stiusso la UFI-AMIA, una fiscalía VIP con edificio propio, 45 empleados a cargo y un presupuesto faraónico de más de 400 millones de dólares, sin ningún tipo de contralor estatal de parte de la Procuración General de la Nación, presidida por Alejandra Gils Carbo y su predecesor Esteban Righi.
Esa relación puso al desnudo el maridaje entre los jueces federales y los servicios de inteligencias como arietes del Poder Ejecutivo, tanto para poner en movimiento o como para enterrar una causa judicial, desenmascarando la ficticia división de poderes del Estado. Pero esa relación se quebró cuando Cristina firmó el Memorando de Entendimiento con Irán, siguiendo el rumbo de Obama, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, los que celebraron un acuerdo con la República Islámica a cambio de limitar su programa nuclear.
Para salir del estancamiento, Cristina ingenió una nueva vuelta de encubrimiento que la terminó enfrentando a sus viejos socios.
El exjuez Juan José Galeano señaló que los Kirchner tenían pleno conocimiento del rol de Nisman desde 1997, cuando ingresó con carácter suplente al equipo de fiscales junto a Eamon Mullen y José Barbaccia. Los tres participaron del operativo de encubrimiento timoneado por Galeano mediante el soborno del vendedor de autos robados Carlos Telleldin a cambio de 400 mil dólares por testificar falso testimonio, aunque a diferencia del resto, Nisman permaneció libre de culpa, lavando su pecado originario.
Así los últimos años de vida de Nisman transcurrieron vinculados estrechamente a las diversas fases de encubrimiento de la causa AMIA, por eso su muerte dudosa también lleva ese sello indeleble, del cual debería partir cualquier investigación con un mínimo de seriedad para esclarecer toda la verdad.
La misma lógica que desarticula la dudosa muerte del fiscal de la causa madre es la que guía el juicio por encubrimiento del atentado que comenzó el pasado 5 de agosto, una farsa basada en la descentralización de la operación de encubrimiento sobre las responsabilidades individuales de funcionarios públicos que cometieron “irregularidades”, como bien denuncian los compañeros de APEMIA.
El derecho a la verdad y a la justicia se da de patadas con el gobierno, la oposición, la Justicia y todas las instituciones del régimen, garantes de la impunidad durante más de 20 años.
