Un paciente internado falleció el 1 de diciembre, luego de ser atacado por otro. Una nueva muerte evitable expone la precariedad y falta de personal en las instituciones de salud mental.
Lunes 6 de diciembre de 2021 10:43
Durante la madrugada del 1 de diciembre falleció un paciente internado en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, a partir de recibir una golpiza por parte de otro paciente internado en el mismo servicio. Según denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) otros pacientes del mismo servicio de internación corrieron a pedir ayuda, sin embargo por la falta de personal de enfermería en el servicio durante el horario nocturno no se pudo evitar el fatal desenlace.
En las últimas horas se dio a conocer que María Graciela Iglesias titular del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental (ONR), dependiente del ministerio público de la Defensa, solicitó a la justicia que se investigue la “responsabilidad que cabe al deber de cuidado y debida diligencia del Estado con poblaciones vulnerables” ya que las personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos se encuentran bajo la tutela del Estado y por lo tanto su cuidado es una obligación irrenunciable tanto de la dirección del Hospital como del Gobierno Porteño.
Esta muerte totalmente evitable se suma a la de Jorge Marcheggiano en mayo del 2020, quien falleció luego de haber sido atacado por una jauría de perros mientras se encontraba en el parque del hospital. En las semanas previas, el CELS había presentado una acción de amparo colectiva donde se denunciaban las condiciones gravísimas que se viven en los cuatro hospitales neuropsiquiátricos porteños.
Esta nueva muerte nos obliga a repensar las condiciones en la que se encuentran aquellos usuarios que están internados en los hospitales psiquiátricos públicos y en los recursos que se destinan a dicha población. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la real implementación de la misma no fue prioridad de ningún gobierno.
Según datos del CELS, en 2019 más de 12.000 personas continuaban encerradas en instituciones, con un promedio de más de 10 años de internación. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser la ciudad más rica del país el 60% de las internaciones prolongadas son por problemáticas sociales como la falta de vivienda o acceso a trabajo con derechos.
En materia de presupuesto, la Ley Nacional de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto total de Salud debe destinarse a la Salud Mental. No sólo nunca se cumplió en estos años, sino que –según denuncia la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ)– lo destinado a salud mental para el año próximo será de apenas el 1,48%. En diez años, el gasto en salud mental nunca superó el 2,2%. Y de ese monto, el 85% se siguió destinando al hospital psiquiátrico monovalente, por lo que la internación continúa siendo el principal método de atención.
Te puede interesar: El acuerdo con el FMI ya trae recortes en salud mental
Te puede interesar: El acuerdo con el FMI ya trae recortes en salud mental
A esto se suma que la mayoría de los centros de salud y hospitales que atienden la problemática se encuentran totalmente colapsados, en algunos casos con un demora de meses para poder acceder a la atención por la salud mental, los profesionales se encuentran desbordados por la demanda de atención y el Estado no garantiza la continuidad laboral de residentes y concurrentes a la vez que año tras año se recortan los cupos para la formación pública en salud. Es urgente que se revierta esta situación para que los usuarios puedan acceder a una salud pública de calidad.
