OPINIÓN. La narcocampaña y la interna peronista

Aníbal Fernández es acusado por una denuncia del periodista Jorge Lanata de ser el autor intelectual del asesinato de tres personas (Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón) vinculadas al tráfico de efedrina, en un hecho que ocurrió en el año 2008. Elisa Carrió sentencia que Aníbal Fernández es un criminal, pero además agrega que Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de su aliado Mauricio Macri, es “íntimo amigo” de Aníbal Fernández.

Uno de los involucrados en la causa de la efedrina hizo sus declaraciones en la casa de Elisa Carrió porque “era un lugar seguro”. Aníbal Fernández, que además de candidato es jefe de Gabinete le dice a su contrincante en la interna, Julián Domínguez, que además de candidato es presidente de la Cámara de Diputados, que se deje de “comprarle droga a los transas”. El yerno de “Toty” Flores, precandidato a vicepresidente de Carrió, es detenido en la tarde del miércoles porque tenía un laboratorio de anfetaminas.

La campaña electoral se convierte en los últimos días en la “narcocampaña” y vuelve a salir a la luz la complicidad de la Policía, los servicios de inteligencia y las organizaciones criminales; todos funcionando bajo el amparo del poder político. Nadie pudo probar fehacientemente que “La Morsa” (apodo con el que se conocía al “responsable político” en esta causa) sea el mismo Aníbal Fernández. Pero lo que es indiscutible es que para que tengan lugar estos hechos, tiene que haber “muchas Morzas dando vueltas”.

Y todos están trabajando para los “barones” de la droga que seguramente habitan en la comodidad de esa megaurbanización cerrada conocida como Nordelta en Tigre, el orgullo de Sergio Massa, que, según afirmó uno de los desarrolladores de ese emprendimiento, es un “es un nido de narcotraficantes”.

“Son todos narcos, y de los malos…” agitaba la Bersuit cuando grabó Sr. Cobranza (tema que pertenece a Las Manos de Filippi) y que pintaba la escena política decadente de los años menemistas.

Cambian el pelo, pero no las mañas y parece que todos están empeñados en demostrar que “veinte años no es nada”.

Se equivocan los dirigentes políticos que opinan que la presunta falta de reacción o la indiferencia popular por el bochorno de hechos de estas características, implica que no tienen consecuencias políticas o estratégicas.

Como sucedió con el caso Nisman, la política burguesa, el Estado y sus instituciones suman desprestigio y la percepción general es que la justicia, la Policía y los implicados, lo último que pretenden es la verdad.

La madre de todas las internas

Para algunos, la denuncia contra Aníbal Fernández fue impulsada por la oposición porque es el candidato que “más mide” en el Frente para la Victoria en la carrera por la gobernación de provincia de Buenos Aires. La hipótesis sería: golpear al que tiene mayores probabilidades de ganar en las PASO de agosto, centrar la segunda parte de la campaña en las acusaciones del narcotráfico y ganarle en octubre.

La tendencia a la “despolarización” por los reveses de Mauricio Macri para asentar su proyecto político, habría impulsado este “manotazo de ahogado”.

La negativa de Florencio Randazzo a bajar a la provincia –después de haber utilizado los recursos estatales para propagandizar su imagen- dejó al FpV con dos candidatos con problemas inversamente proporcionales.

Julián Domínguez comenzó la campaña con un alto nivel de desconocimiento entre los bonaerenses (70%) y Aníbal Fernández con un elevado nivel de imagen negativa (65%). “A uno lo conocemos muy poco y al otro lo conocemos demasiado”, sintetizó un periodista, bastante antes de este narcotizado escándalo.

Otros especulan con que, frente a la crisis que atraviesa el proyecto de Macri, la oposición político-mediática se juega a intervenir en la interna peronista de la provincia para favorecer a los candidatos más orgánicos al aparato pejotista y menos enfrentados a la corporación Clarín. A Aníbal Fernández lo acompaña Martín Sabbatella, titular del Afsca, la autoridad de aplicación de la Ley de Medios que, pese a que no logró cambiar nada sustancial de los monopolios mediáticos, no dejó de ser una molestia para Magnetto y Clarín.

Además, pueden encontrar aliados muy predispuestos a la operación entre los “barones” del conurbano que detestan a Sabbatella por las listas “colectoras” que les presentó en algunos distritos durante los últimos años. Incluso en el mismo Scioli, que está preocupado por cuánto puede tirar para abajo un candidato como Aníbal Fernández, en el distrito que concentra el 40% del padrón del país.

Por el contrario, Domínguez y Fernando Espinoza (su candidato a vice), al igual que Scioli, fueron a la “meca” del clarinismo y realizaron el espectáculo payasesco correspondiente en el programa de Marcelo Tinelli, que sella la buena predisposición a dar por definitivamente cerrada la “batalla cultural”, en los nuevos tiempos sciolistas que asoman en el horizonte.

Varios elementos abonan esta hipótesis. Por un lado, la acusación del mismo Fernández contra sus competidores del FpV. Pero también las incógnitas en torno a quien le abrió las puertas de la cárcel de General Alvear a Lanata para que entrevistara al otro Lanatta (Martín), condenado por el triple crimen de General Rodríguez (que en realidad ocurrió en Quilmes). El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), depende del ministro de Justicia provincial, Ricado Casal, hombre de confianza del mismísimo Scioli. Quienes sospechan de la interna peronista ponen el ojo en esa área, porque pese a que afirmaron tener una orden judicial, nadie conoció el nombre del juez o jueza.

El periodista “enemigo público N°1” del gobierno entra como pancho por su casa en una cárcel bonaerense para grabar el testimonio de un recluso que acusó al jefe de Gabinete de ser el autor intelectual de un crimen triple. Cómo mínimo, hay sectores del aparato estatal bonaerense muy predispuestos a hacer la vista gorda o a colaborar con este tipo de “operaciones”.

Tanto Daniel Scioli como Cristina Fernández intentaron ubicarse por arriba y llamaron al orden en la interna, imponiendo una tensa paz. Scioli no participó de ninguno de los cierres de campaña y la presidenta acusó a la oposición por la “operación”.

Cristina afirmó que la casa de Carrió, donde se grabó la declaración del ex – policía José Luis Salerno, parecía un “aguantadero”, como si la “casa” del peronismo bonaerense fuera un convento de carmelitas descalzas.

La casa está en tregua en una interna caliente, donde se está reconfigurando el poder del peronismo en la primera transición real en la conducción política en 12 años, y en la que hay muchos intereses en juego que no admiten “doble comando”. No se ahorran muertos para tirarse, incluso aquellos que hace años están bajo tierra. Todo más agravado por un fin de ciclo económico que empieza a mostrar sus tensiones, relativamente contenidas por la campaña electoral.

Además de poner en evidencia las internas que atraviesan al peronismo, estas denuncias dejan al desnudo la farsa absoluta de los discursos que centran sus campañas en la “seguridad”.

Así como la crisis Nisman demostró los lazos criminales con los “servicios” y sus negocios, estas denuncias cruzadas muestran la relación íntima con los negocios criminales, en la que también están presentes los servicios y la policía.

Los organizadores de la gran industria del delito funcionan al amparo de todas las fuerzas políticas tradicionales. Los discursos de “mano dura” contra el pequeño delito son sólo slogans de campaña para criminalizar la pobreza y a la juventud.

La crisis Nisman evidenció el peso gravitante de los “servicios” en el Estado: las denuncias de estos días muestran que en su seno existen esferas de “narcoestado”.

La coyuntura reafirma la necesidad de fortalecer al Frente de Izquierda y de renovarlo para enfrentar a la descomposición que anida en el núcleo del Estado y en las fuerzas tradicionales que se disputan el poder.

VIDEO del programa "Giro a la Izquierda" de Córdoba (todos los jueves a las 23 hs. por Canal C) donde se habla sobre el tema de esta nota.