Opinión. La niña manifestante, el veto y la protesta

El dicho popular de que los niños no mienten nos vino a la mente cuando escuchamos a una nena de tan solo 10 años después de haber sido reprimida, gaseada a mansalva, en la manifestación contra el veto del gobierno a la ley de movilidad jubilatoria. Solo que esta vez le provocó a la ministra de Seguridad del gobierno nacional, nada más ni nada menos, una sucesión de traspiés tratando de justificar lo injustificable. “Un video muestra al policía que roció con gas pimienta a la niña de 10 años directamente en el rostro”, tituló el diario La Nación cuando apareció el video que desbarató el fake news que salió de la Policía Federal, con el gobierno inculpando a un activista como el agresor, que confirmaba irrevocablemente la autoría de un policía. Fue el primero de los tropiezos.

El segundo fue dar por hecho que no se puede pretender que el policía vea a quien reprime, es decir que para la ministra Patricia Bullrich deberíamos aprobar que la policía dispare a ciegas. El disparate fue nuevamente desbaratado por la foto que mostraba la cara del policía con la visera totalmente levantada. Ni los medios más oficialistas siguieron a Bullrich, y al contrario dejaron entrever la falsedad de cada una de sus aparentes aseveraciones.

Sin preocuparse un milímetro por la salud de la madre y la nena, lanzó un tweet, “Madre irresponsable y violenta” por llevar a su hija a la manifestación, para poder defender a ultranza a la policía. Es un gobierno que avala que se dispare gas pimienta a centímetros de la cara, sustentado en un mero invento. Como si fuera poco, los intentos de culpabilizar a la madre fueron confrontados por la misma nena, que se animó a hablar a través de los medios: “no estábamos haciendo nada… era una manifestación pacífica”, se la oyó sin titubear. A diferencia del silencio de la la CGT, la CTA y la UTEP, la vocecita de la niña sonó inequívoca respecto a los dichos de Bullrich y sus "protocolos represivos": “dice que está prohibido llevar a los niños a las manifestaciones y en ningún lado dice que está prohibido”. La desproporción saltó a la vista de todos.

Para defenderse la mamá contó que era madre soltera y que trabaja por un sueldo de hambre. “No le alcanza la plata a mi mamá, es comer o tener techo”, refirió la chiquita. Es el veto a tener un ingreso que alcance para vivir. Expuso una situación que abarca una realidad de millones como ella y que a lo sumo intentan acallar con migajas desde la Iglesia y algún que otro plan del Estado. “No es para nada justo”, serían las palabras de la niña, las mismas que usó cuando respondió a un periodista sobre porqué eligió ir a la manifestación cuando se enteró del veto a la ley de jubilados.

En sus palabras sentenciaba el robo de su niñez. Sin el estómago lleno, sin buenas condiciones de vivienda, no hay juego ni imaginación, sino las crudas necesidades cotidianas. De ese robo ninguno de los gobernantes habla. En un mismo día, la niña pudo comprobar que el veto a los jubilados es el mismo que el veto a comer y tener un lugar donde vivir, es el veto a protestar... el veto a sus sueños y a sus derechos de niña. Despojada de la hipocresía social que naturaliza la desigualdad social y la represión contra quienes se rebelan, esta niña dejó expuesto al gobierno y a sus cómplices frente a la realidad de un país.

El derecho a la rebeldía y a la protesta

Otros de las argucias de Bullrich para defender incondicionalmente a la policía y gendarmes fue que vivimos bajo la “violencia permanente”. Ya se había visto la saña que descargó la policía sobre jubilados, y ahora con la madre y su hija, todo un símbolo en su campaña de instalar temor y reprimir sin más la protesta. Pero la única “violencia permanente” que se vio es la de los operativos represivos y las provocaciones que monta exageradamente la ministra, para imponer un plan motosierra sobre la población cuyos fusibles ya saltaron a través de los más vulnerables. La ministra se vio menos solvente que nunca tratando de avalar la represión a una niña en un país dónde dos de cada tres pasan hambre, o engrosan los números del trabajo infantil, la mitad del pueblo trabajador habita en casas pobres y cinco millones de jubilados lo son. No ve que detrás de la valentía de los jubilados, o de una madre y una niña que se enfrentan a la represión, se acumula odio contra el gobierno a montones y también contra los que están mirando para otro lado. Da que pensar la abrupta caída de rating ante el primer minuto de intervención, por cadena nacional, del presidente en el Congreso.

Nadie en su sano juicio podría declarar que los jubilados, los niños y trabajadores son la casta y sin embargo son los más castigados. Jubilarse no puede ser una condena, como tampoco ser niño o niña. En un país que podría alimentar a 400 millones de personas, la libertad es para los grandes empresarios y el FMI. Milei empieza a materializarse como la gran estafa que es, como dijo Myriam Bregman, gobernando con la casta, a través del veto. Esta situación de ilegitimidad de los “representantes” del pueblo es la que enciende la fortaleza de los que salen a luchar.

En todos los casos estamos hablando de la defensa del derecho a la protesta y la lucha por nuestros derechos. Como afirma el jurista Roberto Gargarella, “Siempre pero muy en particular en democracias representativas tan imperfectas y tan socavadas como las nuestras, la protesta tiene un papel central… Si se nos cae ese derecho, si no le damos una protección hiperespecial a ese derecho, ponemos en riesgo todos los demás”. Es lo que quisiera el gobierno, que no podamos defender nuestros derechos criminalizando la protesta social. En los marcos limitados del capitalismo, en momentos que el gobierno con la ayuda de la casta, de la mano del FMI y los “benefactores sociales”, pretende descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador y que no se pueda luchar.

El gobierno de ultraderecha pretende avanzar contra derechos humanos básicos. Aumentando el descontento y la rebeldía, el tiro le estaría saliendo por la culata.