Política. La nueva Constitución y los 30 años: un intento de transición negociada

De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos y políticos están definiendo posiciones. Hay distintas opiniones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Varios sectores de “tecnócratas” ligados a la DC y ex DC también plantean rechazar, supuestamente para luego “reformar”. Pero hay sectores burgueses por el apruebo, como Mario Marcel que aseguró que la llamada Constitución Económica no afectaba la inversión.

Incluso del capital financiero internacional como se vio en las declaraciones de Morgan Stanley que veían con buenos ojos este proceso ya que “promovería la inversión”. En un tono similar ya se había pronunciado altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea. Se vislumbra un escenario abierto.

Las empresas ya estudian qué acciones y resguardos tomarán. Empresarios de los recursos naturales, la minería, concesiones y el sector inmobiliario, se encuentran contratando asesoría legal. Buscan alternativas a seguir para el resguardo de las inversiones en Chile, tanto ante los tribunales locales como ante instancias internacionales amparados en los Tratados de Libre Comercio. La Convención no tocó los tratados de libre comercio y los empresarios se apoyarán en eso.

Sin embargo, tal como lo planteó El Mostrador,

Un banco de inversión líder en Wall Street, e influyente en el mercado local, mandó un informe preliminar a sus clientes este domingo, en el que dice que el borrador es menos radical de lo que muchos anticipaban y con el énfasis puesto en reconocer derechos sociales. “No vemos una amenaza a la propiedad privada o al rol del mercado en la economía chilena. Sí vemos una economía donde el Estado tendrá un rol mayor, habrá una suba de impuestos y mayor regulación e incertidumbre para la minería, salud y pensiones.

Los empresarios se debaten si apostar por la transición negociada a un nuevo régimen político (tratando de absorber y regular los aspectos más revulsivos); o directamente desechar la Convención e ir a una salida más represiva y conservadora, contra los derechos de la clase trabajadora, las mujeres y pueblos originarios.

La promesa incumplida del Apruebo

La Convención llegó con amplias expectativas de grandes sectores de la población, esperanzados en poder reflejar sus demandas y reivindicaciones en este proceso. Pero con el paso del tiempo, la Constituyente demostró que se dedicaría a cumplir la función fundamental por la cual fue creada en el “Acuerdo por la Paz” del 15 de noviembre del 2019: modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país. El régimen político está anacrónico, ya no es funcional. Incluso la pinochetista Marcela Cubillos dijo que la Constitución del 80 estaba muerta.

Esto se refleja claramente en dos momentos claves: Primero cuando traicionaron a los presos políticos de la revuelta y sus familias ya que se dedicaron tan sólo a realizar una declaración a favor de los presos y luego cuando se rechazó en la comisión de justicia la Iniciativa Popular de norma por el Indulto. En palabras vacías quedó la consigna de que “no habría nueva Constitución” o que “no iban a sesionar” con presos políticos. Y más estructuralmente decidieron no declararse como una Convención soberana, asumiendo su sometimiento a los poderes constituídos de los “30 años”, a la vez que se alejó de las demandas populares en momentos en que cada vez más se precarizan las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Apruebo Dignidad comenzó nuevamente la campaña por el apruebo, puesto que el gobierno se juega mucho en el plebiscito. Mientras hablan de plurinacionalidad, paridad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión. El Partido Comunista terminó avalando la decisión. También hace suya la “razón de estado” frente a las y los presos políticos. No obstante, quedó demostrado que para evitar la inestabilidad en el marco del plebiscito, están dispuestos a desalojar y reprimir a trabajadores como en ENAP o a estudiantes secundarios.

En ese escenario, los Movimientos Sociales Constituyentes y los grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica absolutamente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones extra parlamentarias o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen.

Así, tal como la consigna de que “no se sesionaba con presos políticos”, la política de “rodear la Convención” o de “desbordar la CC” se quedaron en nada más que bonitas declaraciones que pasaron al olvido cuando comenzó a funcionar la maquinaria institucional.

Contra la ilusión de un borrador que no borra los 30 años

El borrador de nueva Constitución deja sin vigencia varios de los enclaves autoritarios de la Constitución de Jaime Guzmán, reconociendo derechos negados durante los últimos 30 años, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, entre otros.

Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana chilena como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Por primera vez se incluye en una Constitución la “responsabilidad fiscal”. El Banco Central mantiene su autonomía.

Se dio un portazo a la nacionalización de las empresas mineras. La regulación de la gran minería queda fuera de la Constitución y será el Congreso el que defina la institucionalidad minera. No se nacionaliza, sino que se modifica la naturaleza de la concesión minera.

Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios. Como el establecimiento del agua como bien incomerciable, la plurinacionalidad y el sistema de salud. Se afirma que en la práctica, las isapres dejarían de existir y podrían pasar a ser parte de un sistema privado de seguros de salud. Un nuevo modelo de negocios.

En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores del banco BCI, confían en que las AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección. Algunos creen que lo establecido podría abrir nuevas oportunidades de negocio bajo un nuevo cuadro de competencia. Guillermo Larraín, exsuperintendente de Valores, plantea que no hay que temer a la mayoría simple en el Congreso. Esto solamente va a modificar la forma en que se llegan a acuerdos políticos entre los partidos del régimen.

El borrador de la nueva Constitución tiene aspectos de mayor democratización en comparación a Carta Magna actual, pero el punto clave es que no toca lo ejes de la acumulación capitalista en Chile, se habla de derechos fundamentales pero no se garantizan los recursos para esto como podría ser la nacionalización del cobre y de sectores de la minería, o se habla de plurinacionalidad pero sin tocar el problema del derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.

La presentación del borrador de nueva constitución se da en un momento en que los alimentos no paran de subir de precio, recrudece la represión en el Wallmapu y el gobierno impulsa reformas limitadas a las reglas del juego que le imponen los grandes empresarios. Por eso, hay que barrer con toda ilusión de que la nueva Constitución va a resolver las demandas por las cuales nos rebelamos el 2019.