QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS. 1 millón de personas entre “suspendidas” y despedidas: ¡enfrentemos los ataques del gobierno y empresarios!

Esta última semana el gobierno asesino de Piñera instaló la línea de volver a una “nueva normalidad”, bajo su discurso “triunfalista” de que todo está controlado en cuanto al Covid-19; discurso que ha sido criticado por la población, por el Colegio Médico, por trabajadores y trabajadoras de la salud, del sector de educación y público, entre otros. Incluso, los dichos de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y del ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre “la vuelta a la normalidad” generaron roces en la propia coalición de Chile Vamos. Tan así, que el día de hoy el propio Piñera tuvo que retroceder en su política y anunciar un "plan retorno seguro", no porque no quiera echar andar rápido la economía y las ganancias capitalistas mientras la población está expuesta al contagio y sufre los costos de la crisis que los empresarios están descargando.

¿De qué “normalidad” hablan si cientos de miles de personas verán mermados gravemente sus ingresos y la calidad de vida de sus familias; si cientos de miles de “suspendidos” tendrán que hacer malabares para llegar a fin de mes y tener para comer, gastando sus ahorros del fondo de cesantía, sumado a que ni siquiera es seguro que tras la crisis vuelvan a sus puestos de trabajo; si otros cientos de miles más ya fueron despedidos? El gobierno criminal quiere hacer parecer que está todo bien, mientras todos los organismos internacionales auguran una grave crisis económica en el mundo y millones de nuevos desempleados, y actualmente ya la clase trabajadora está pagando los costos en Chile y a nivel internacional.

Contra la “nueva normalidad” ya se han pronunciado desde el sector docente, público y del retail. El viernes 17, trabajadores/as de Walmart, agrupados en el Sindicato SIL, colgaron un lienzo en Plaza Dignidad con la consigna “El costo de la crisis: ¡que no lo paguen los trabajadores!”, esto ante el anuncio de reapertura del comercio); también lo expresaron desde profesores ante el intento del gobierno de volver a clases este lunes 27, lo que, si bien, fue desechado por parte del Ministerio de Educación, de igual forma el jefe de cartera, Raúl Figueroa, insiste con el ingreso a clases lo antes posible, quitándole importancia a que jóvenes y niños se enfermen “ya que no es tan grave”; y en el caso del sector público las direcciones se encuentran en reuniones con autoridades para “revertir la circular n° 18”, donde se establece el retorno a trabajar para este 27, lo que, al parecer, también recularía.

Esto se ha dado en un contexto de llamados a manifestaciones para este 27 y 28 de abril, en distintas redes sociales y páginas de “las plazas” de ciudades, contra la criminal “normalidad” que quiere imponer Piñera, en rechazo a la ley de protección del empleo y sus nefastas consecuencias, y en repudio a la falta de resguardo y medidas básicas de higiene para cientos de miles que aún continúan trabajando. Sobre este último punto, por ejemplo, trabajadores portuarios de Fesiport y los cinco sindicatos de cargadores de la Zofri, se manifestaron frente a la Intendencia de Iquique, exigiendo “cuarentena total” con un sueldo básico, mientras dure la crisis sanitaria por el Covid-19.

¿Cuál ha sido la postura de la CUT? Mantener la tregua con el gobierno y los grandes empresarios. El lunes 20 realizaron una penosa conferencia de prensa donde manifestaron que esperan que sea el parlamento- el mismo que aprobó la ley de “protección al empleo”- el que enmiende esta nefasta normativa). En esa instancia intentaron ubicarse “más críticos” al gobierno de Piñera- tras los profundos cuestionamientos que ha recibido la central sindical, comandada por la PC Bárbara Figueroa-, recriminando que este “no ha hecho eco” a sus propuestas de Plan Nacional de Emergencia (PNE), presentado el 17 de marzo, y de Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales al alero del Consejo Superior Laboral (CSL), propuesta el 24 de dicho mes. En una declaración, desde la CUT instaron al gobierno a seguir las “recomendaciones de organismos tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de establecer, más que nunca, el diálogo social tripartito (entre Gobierno, trabajadores y empresarios) para enfrentar el impacto de la propagación del Coronavirus en el mundo del trabajo”.

Una burla el actuar de las direcciones sindicales, las que no han hecho nada serio en términos de acciones y organización de sectores de la clase trabajadora para imponer el paro nacional de los trabajos no esenciales, con goce total de las remuneraciones, y con medidas de seguridad e higiene acordes a la gravedad de la crisis sanitaria; tampoco han movido un dedo para frenar realmente los cientos de miles de despidos y suspensiones laborales. El llamado a movilizarse el 27 y 28 de este mes debería ser el inicio de un combate para que la crisis no la paguen las y los trabajadores, por la derogación de esta ley maldita y la prohibición de los despidos.

¡Que la crisis no la pague la clase trabajadora! Enfrentemos los despidos y el abuso patronal

Ya van más de 56.000 empresas que han solicitado acogerse a la mal llamada “ley de protección del empleo”. Ante las masivas críticas debido a que grandes empresas y marcas han despedido y suspendido a trabajadores/as, desde el Ministerio del Trabajo afirmaron que el 95% de las empresas que han requerido de la normativa “son micro, pequeñas y medianas y medianas empresas”. Algo bastante cuestionable y fuera de la realidad: Ripley, Paris de Cencosud, La Polar, H&M, Burger King, MacDonalds, Starbucks, el canal de televisión Mega, Latam, Sky, Jetsmart, son solo algunas de las grandes empresas y cadenas que ya han aplicado la ley contra su personal.

Con la aplicación de la ley maldita se han suspendido a más de 700.000 trabajadores/as, sumado a por lo menos 300.000 despidos que ya se han cursado en estas últimas semanas. La “ley de protección al empleo”- aprobada desde la UDI al Partido Comunista- es uno de los ataques más duros contra las y los trabajadores, legaliza los despidos encubiertos en masa, exime a los empresarios de pagar remuneraciones y cotizaciones al 100%, y además ni siquiera prohíbe que empleadores despidan, posterior a que termine el plazo de la suspensión. Y aunque cínicamente la hayan anunciado como una ley para “ayudar a las pymes y cuidar esos puestos de trabajo”, la realidad es que está siendo utilizada por grandes empresarios, holding, multitiendas y cadenas de comida rápida y servicios mundialmente reconocidas, tal como lo denunciaron a través de una campaña las y los trabajadores de Starbucks.

Tenemos que seguir el ejemplo de las y los trabajadores que se han manifestado o estén organizando alguna respuesta contra los despidos, las suspensiones, contra la política criminal del gobierno ante el Covid-19, que tiene a funcionarios/as y profesionales de la salud sin insumos ni implementos, tal como lo han denunciado desde el sector salud con protestas virtuales y en hospitales como el Barros Luco, Gustavo Ficke, Hospital Regional de Antofagasta, Juan Noé de Arica, Félix Bulnes, entre otros. Las y los trabajadores pueden dar una respuesta a esta crisis y a los ataques de Piñera.

Es necesario amplificar toda lucha de resistencia a los ataques, tal como lo vienen ensayando desde el sector industrial de Antofagasta, con una coordinación que vienen impulsando desde los sindicatos de Orica, SGS, Bureau, Siglo XXI, Molyb, Guanaco, RemaTipTop; además de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras No+Afp Antofagasta, trabajadoras de la empresa de alimentación HRA Mediterráneo y Patricia Romo presidenta del colegio de profesores comunal Antofagasta. Varios de estos trabajadores y trabajadoras son integrantes del Comité de Emergencia y Resguardo.

“Votamos amplificar la campaña contra los despidos junto a todos los sindicatos que conforman el Comité de Emergencia y Resguardo, que se comprometieron a acompañar cada una de las medidas que tomemos. Y la semana que viene vamos a realizar acciones de no haber conseguido la reincorporación de todos los despedidos y la garantía de que no habrá ni despidos ni rebaja salarial mientras dure el estado de catástrofe. Nuestros salarios representan un porcentaje ínfimo frente a las ganancias de estos empresarios, a pesar de ello no dudan en dejarnos en las peores condiciones posibles para afrontar la pandemia”, denunció el dirigente del Sindicato Interempresa de Metalurgistas Unidos, Jaime Rodríguez, en una asamblea realizada el miércoles 22, y donde participaron decenas de trabajadores y dirigentes de tres sindicatos: SGS Minerals, SGS Chile y Bureau Veritas.

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