Mientras la alcaldesa de Barcelona se opone a la lucha contra la precariedad de diversos sectores, beneficia escandalosamente a sus altos cargos de gerencia en el Ayuntamiento.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 11 de mayo de 2016
Foto: EFE Archivo
Cuando entregas tu confianza a una persona, a un equipo y a un proyecto cuyo objetivo en principio es eliminar barreras, establecer igualdades sociales, luchar contra un sistema establecido que favorece a los más poderosos y promete un reparto más equitativo de la riqueza, es cuando más duele sentirse traicionado.
Esto es lo que han vivido con los trabajadores de las contratas de Movistar, cuando en pleno proceso electoral la entonces candidata a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, firmó junto a otras fuerzas políticas el compromiso de las escaleras mediante el cual se comprometía si era elegida alcaldesa a trabajar para que desde el Ayuntamiento no se contratasen servicios a empresas que precarizaban el trabajo y, concretamente con Telefónica, a no renovar el contrato por el Mobile World Congres. Ambas promesas fueron incumplidas.
Actualmente estamos asistiendo a la batalla del Ayuntamiento contra los trabajadores de TMB Metro, que mantienen jornadas de huelgas y paros ante la negativa del gobierno de negociar un convenio digno con los trabajadores. Al mismo tiempo que el Ayuntamiento se niega a acabar con la precariedad y los contratos temporales, no solo mantienen en cargos directivos con sueldos astronómicos a excargos políticos del antiguo gobierno tripartito de la Generalitat, sino que incluso llegan a crear cargos nuevos, no dudando en utilizar medios viles, como hacer públicas las nóminas de los trabajadores de plantilla para poner a la opinión pública en contra, cuando la mayoría de reivindicaciones son para favorecer los contratos precarios.
Ada Colau asumió un código ético que impide ganar salarios superiores a 2.200 euros mensuales (incluyendo dietas) a “cargos electos, gerenciales o de libre designación”. Sin embargo, el dinero que se va por la puerta, entra por la ventana. Ya lo tuvo que reconocer para dos cargos que asumieron en junio pasado: el jefe de la Guardia Urbana, Amadeu Recasens, y el gerente Jordi Martí.
El argumento es que al ser cargos técnicos y no políticos no tienen obligación de cumplir el código ético. Pamplinas. Con ese argumento era obvio que la lista se haría más amplia. En esta semana nos hemos enterado que el 27 de julio pasado Colau aumentó los salarios por decreto y a través de unos “complementos personales” a varios altos cargos de gerencia para que no vieran mermados sus ingresos. Algunas de esas cantidades oscilan entre 10.000 y 20.000 euros anuales, llegando en algún caso a sobrepasar el sueldo de la propia alcaldesa.
Como ejemplo podemos citar a Marta Clari, gerente del Instituto Municipal de Deportes, Antoni Rodríguez, gerente del Instituto Municipal de Hacienda, Jordi Torrades y Jordi campillo, gerentes del Instituto Municipal de Mercados y Urbanismo respectivamente. Gracias a los aumentos recibidos que ahora han salido a la luz, todos ellos completan sueldos alrededor de 100.000 euros anuales.
También conservan retribuciones superiores a los 100.000 euros Ignasi Armengol, Ángel Sánchez y Jordi Valmaña, directores generales de distintas áreas de servicios del Ayuntamiento.
Este decreto del gobierno de Ada Colau y su equipo de Barcelona en Comú muestran claramente la imposibilidad de llevar adelante políticas sociales, como anunciaron en campaña electoral, sin romper la subordinación a los mecanismos de funcionamiento de esta democracia para ricos. Y también deja claro que aplicando decretos como el citado, los gobiernos del cambio no se diferencian en lo sustancial de las viejas formas de hacer política.
