Ayer la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) dio a conocer que Argentina está en el podio, junto a Ecuador y Perú, de los países donde más se ha incrementado la desigualdad. Léase, durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. En un segundo lugar están México, El Salvador, Chile y Brasil. El primer puesto es significativo y cuestiona el discurso oficial que apunta a que se está protegiendo a los sectores más vulnerables.
La noticia no tuvo mucha recepción ni en los medios afines a la oposición de derecha, ni en los medios oficialistas. En general todos decidieron que esto no era algo importante.
Todas estas noticias nos deberían llevar a hacernos algunas preguntas sobre la realidad que estamos viviendo.
¿El aumento de la desigualdad es un costo inevitable de la pandemia? ¿por qué siguen ganando los de siempre y perdiendo, también, los de siempre? Pero empecemos por una más concreta ¿en Argentina los jubilados son prioridad sobre los bancos?
Casualmente ayer también se dieron a conocer las ganancias de los bancos privados en mayo: anotaron un crecimiento mensual de sus ganancias del 41,6%. Recordemos que ya en el 2019 los principales bancos del país habían obtenido $ 314.000 millones en utilidades netas.
Estas cifras contrastan con la suerte que vienen corriendo las y los jubilados, quienes en las promesas electorales iban a ser privilegiados. Hoy la jubilación mínima se encuentra en $ 16.864. No hace falta decir que es una cifra con la cual la subsistencia está más cerca del calvario que de otra cosa. Con los aumentos que se dieron vía decreto la jubilaciones están por debajo del magro aumento que les hubiese correspondido bajo la ley macrista.
Si es que algún día llega al Congreso el famoso “aporte extraordinario” que se le cobraría a las grandes fortunas ya los mismos funcionarios han planteado que no tocaría a los bancos ni grandes empresas. Porque solo afectaría a las personas físicas, o sea, no a las empresas o sociedades. Pero en este contexto a los bancos ni siquiera se les exige algún tipo de aporte. Ustedes también pueden comparar el crecimiento de las ganancias de los bancos con sus ingresos o sus paritarias, si tienen la suerte de tener un trabajo registrado ¿les fue tan bien como a los bancos? Salvo que sean dueños de algunas de las empresas más ricas del país supongo que la respuesta es NO. Desde el inicio de la pandemia, la baja del salario real, que ya venía saqueado del macrismo, supera el 5%. Esto para el sector formal y sin toma en cuenta los recortes por suspensiones. O sea, en el mejor de los casos.
Al día de hoy son más de cinco millones y medio las y los trabajadores afectados por despidos, suspensiones o ataques salariales durante la cuarentena. Esto lo relevó el Observatorio de La Izquierda Diario, porque ni siquiera hay datos oficiales publicados al respecto.
Mientras en el llamado sector informal el promedio salarial ronda los a $16.000. Son los changarines, cuentapropistas, la enorme mayoría de las trabajadoras de casas particulares, vendedores ambulantes, etc. Quienes más sufren la crisis y quienes, en el mejor de los casos solo han podido acceder a dos cuotas de $10.000, por familia, durante lo que va de la pandemia. Estos no son datos meteorológicos o eventos que se escapan a las voluntades. Son decisiones políticas, o la aceptación de las decisiones que toman los sectores del denominado “poder real”. Emmanuel Alvarez Agis, economista afín al gobierno, le decía el otro día al diario La Nación que el paquete que el Estado ha dado para paliar la crisis no llega al 5% del PBI, mientras algunos países vecinos están en el doble.
Y no estamos hablando de gobiernos muy progresistas.
El aumento de la desigualdad es no es un producto “natural”, el aumento de la desigualdad es la consecuencia lógica de las políticas que se van tomando o que los bancos, sojeros, buitres y grandes empresarios van imponiendo. Hoy las tapas de los diarios y portales estuvieron dedicadas a las “buenas noticias”: el gobierno decidió ceder un poco más y logró un acuerdo con los buitres. Un acuerdo para pagar una deuda sin siquiera investigarla. Una deuda que incluye los bonos a 100 años que el por entonces ministro Caputo emitía y las empresas donde él participaba comparaban. Una deuda que tiene fallos nacionales que la declara como ilegal y fraudulenta.
Si se alegran los buitres, ¿habrá que ponerse contento?
Esto no va a ser un alivio, como intentan mostrar. Quita parte del peso de la impagable deuda contraída por Macri deuda por dos años, pero es una hipoteca para los próximos años y generaciones. Una hipoteca que no van a pagar los bancos y quienes fueron parte de la fiesta macrista.
Ahora empezará la renegociación con el FMI. Una deuda que los mismos funcionarios de Dondald Trump admiten que fue para buscar la reelección de Macri, una deuda que diputadas oficialistas como Fernanda Vallejos denunciaron penalmente como ilegal. No existe tal cosa como confluencia de intereses entre lo que le conviene a la mayoría trabajadora del país, a los buitres y al FMI. Es una contradicción en los términos.
Una cosa más, lo peor sería se vaya instalando el “esto es lo que se puede”, la versión resignada del “no hay alternativa” con el que se impuso el neoliberalismo. Porque la pelea por quién va a pagar los costos de esta crisis recién empieza y necesitamos plantear una salida donde quienes paguen los costos de esta crisis sean quienes la generaron, quienes se enriquecieron sobre la miseria de millones. Acá no hay eventos inevitables o fenómenos naturales, hay fuerzas sociales y programas políticos y para dar vuelta esta historia necesitamos darle fuerza a una fuerza de las y los trabajadores y tomar partido.
