“Fue un emprendimiento”, fueron las palabras de defensa del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante el destape de un escándalo de financiamiento irregular al mercado educativo.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Viernes 28 de septiembre de 2018
Luego de una investigación periodística, se ha dado a conocer como en 2005 el actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se adjudicó un crédito de 20 millones de dólares (13.200.000 pesos chilenos) junto a un grupo de empresarios al formar una gestora de fondos de inversiones en 2003 llamada Prospectus Development.
A través de la sociedad fantasma fue que postularon a fondos públicos de CORFO haciéndose pasar como una PyME, lo que le permitió acceder al dinero necesario para comprar la deuda de 10 colegios particulares y subvencionados que se encontraban a punto de quebrar, con el supuesto propósito de “rentabilizarlos”.
Esta lógica mercantil de la educación no sorprende en un abanderado de la derecha, pese a sus discordantes declaraciones: “nosotros tenemos que hacer presupuestos en forma responsable y siempre van a existir recursos para las necesidades, especialmente para las necesidades sociales”, a propósito de los polémicos dichos de Varela, que llamaban a resolver los problemas educativos a través de bingos.
Te puede interesar: Nuestra educación no se financia con bingos Ministro Varela
Pero el problema no termina con la doble cara del Ministro, que justifica la compra de los colegios con dichos como “que fue financiado de forma totalmente legal”, sino que suma a otras instituciones en el uso inapropiado de fondos públicos, debido a la creación de la fundación Educa UC, donde la Universidad Católica se asoció al negocio para “apoyar la gestión” de los centros educativos comprados.
Te puede interesar: El Estado financia el poder de la Iglesia en Educación
El debate sobre la Educación de Mercado se reabre con esta polémica, que evidencia cómo el gobierno de la derecha empresarial hace negocio de los derechos de la mayoría (salud, educación, vivienda, pensiones, etc.) aliándose con instituciones de la Iglesia (PUC) para profundizar el lucro en la Educación, un problema que por años el movimiento estudiantil ha denunciado, pero que de sumarse a las demandas y exigencias de miles en las calles lograría arrebatar de las manos de estos mercaderes de la educación sus derechos.
