Estado Español. La pobreza y la desigualdad social campan a sus anchas pese al “Escudo Social” del Gobierno

No solo el precio desorbitado de la luz, que golpea desde hace meses duramente los bolsillos de las clases humildes, es el problema social del “gobierno más progresista de la historia”. El que no iba a dejar atrás a nadie ante el impacto de la crisis pandémica. Son también los alquileres desorbitados; los desahucios que no cesan; el raquítico salario mínimo que se resisten a subir por la contrariedad de la patronal; la precariedad laboral y el desempleo juvenil disparado; las reformas laborales de Zapatero y Rajoy que siguen vigentes y generaron una devaluación salarial de caballo para salir de la crisis de 2008, aumentando los beneficios empresariales; la ley mordaza que tampoco ha sido derogada para acallar las voces de protesta y que continúa dando cobertura a la represión social. Y es también la pobreza severa.

Según las cifras de un estudio realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) la pobreza severa se ha disparado hasta alcanzar a 4,5 millones de personas, el 9,5% de la población total. El estudio fue presentado el pasado 10 de septiembre y alcanza sus conclusiones mediante la combinación de datos de renta previos a la pandemia, dado que siempre van con un año de retraso, junto con el análisis de variables e indicadores de carencia material de todo tipo que se obtienen con datos actualizados que incluyen el año 2020, es decir ya en plena pandemia.

El estudio presentado refleja una evolución inquietante, antes de los efectos devastadores de la covid-19, porque ésta cae sobre un paisaje ya devastado. No se han llegado a recuperar en ningún momento los niveles de pobreza severa existentes en 2008 en todo el período, el más bajo desde entonces. Todo ello, pese a que la economía ha tenido varios ejercicios con crecimientos superiores al 3% a partir de 2015 y teniendo en cuenta que en 2017 se recuperó el PIB anterior a la crisis. En concreto los datos de pobreza extrema, han oscilado entre un mínimo del 7,4% (2008) y un máximo del 11,2% (2015), siendo que en el año 2020 han alcanzado al 9,5% de la población, como se ha indicado anteriormente. Por lo tanto, tenemos una población cronificada en situación de pobreza severa del entorno del 9% y, por otra parte, la tasa de pobreza a lo largo de todo el período se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales. Es decir, un crecimiento del 28,2% respecto de 2008. Lo que implica que, si había 3,38 millones de personas en situación de pobreza severa en 2008, han pasado a ser 1,12 millones más, es decir, 4,5 millones, en 2020 y eso sin tener en cuenta los efectos de la pandemia que han sido demoledores.

Pero, ¿de qué hablamos cuándo utilizamos el concepto de pobreza severa?

La pobresa severa es un concepto de pobreza que incluye hogares cuyos ingresos son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. Específicamente, supone que están al límite de la supervivencia dado que sus ingresos anuales por unidad de consumo serían tan solo 6.417,3 €. O lo que es lo mismo 281 € mensuales por persona en caso de tratarse de una familia con dos adultos y dos hijos. Esta cuantía sube a 535 € persona/mes en el caso de hogares unipersonales. Estas diferencias en las cuantías se deben a que se entiende que la existencia de gastos fijos comunes rebaja el nivel de ingresos necesario por persona, cuando conviven más de un individuo. Sin embargo, lo que es evidente es que los ingresos para ubicarse en pobreza severa son realmente exangües: son personas que no pueden llegar a fin de mes prácticamente nunca, ni hacer frente a gastos imprevistos, con alimentación deficitaria en proteínas animales (carne, pescado); ni pueden salir en vacaciones, ni por supuesto atender necesidades vitales de ocio y tiempo libre que les enriquezca sus vidas; ni tener elementos tan básicos hoy en día como un televisor, una lavadora o un móvil. Frente a esta realidad, existe una minoría social que vive en el lujo absoluto y, por otro lado, los beneficios empresariales se han disparado en plena pandemia, como muestra el caso de las empresas del IBEX 35 que obtuvieron en conjunto unos beneficios de 12.750 millones de euros a un año del inicio de la covid-19.

El retrato robot y la geografía de la pobreza severa

Los rasgos sociodemográficos que identifican de manera más contundente a las personas que padecen el flagelo de la pobreza severa son la edad, incide mucho más en jóvenes y adolescentes, incluso niños que en los adultos. Así como el hecho de tener hijos y la propia situación de partida, dado que el ascensor social está sin servicio al menos desde la crisis de 2008.

Según el estudio, el 11% de las personas de 16 a 29 años se encuentra en situación de pobreza severa, frente al 8,6% de las personas entre 45 y 64 años. Además, entre la población infantil ha crecido un punto, pasando del 13,1% de 2019 al 14,1% en 2020.

Esto resulta de una enorme gravedad, puesto que condena a un número importante de niños y jóvenes a verse condenados a una vida de penurias, sin expectativas de ningún tipo y abocados a la reproducción social de la pobreza extrema para cuando sean adultos, para ellos y sus descendientes.

En el caso de las familias con hijos, el estudio cuantifica que el 39,9% de los hogares en pobreza severa están constituidos por dos adultos y uno o más menores. La situación se agrava enormemente si la familia es monoparental porque en ese caso la cifra se dispara al 49,1%. Y ya sabemos que la mayoría de las familias monoparentales están bajo la responsabilidad económica de las mujeres.

En contraposición a lo que se suele creer, el estudio respecto del lugar de origen pone negro sobre blanco que la pobreza extrema está incidiendo en mayor medida sobre la población autóctona que sobre los migrantes. Los migrantes regresan a sus países de origen, en muchos casos cuando se quedan sin sustento. Según los datos del estudio, “tres de cada cuatro (71,5%), es decir, la inmensa mayoría de las personas de 16 y más años que están en pobreza severa son españolas”. Incluso, de los resultados del estudio se puede deducir que también se están viendo afectados por esta situación personas con niveles elevados de estudios que, pese a eso, se ven abocados a la pobreza máxima o a la migración si quieren salir de su situación de postración.

El trabajo, como ya es conocido desde la crisis de 2008 por la enorme precarización y la fuerte devaluación salarial consecuente que emprendieron los gobiernos del PSOE primero (Zapatero) y PP después (Rajoy), ya no es una garantía de estar fuera de la pobreza, incluso extrema. Así, según los datos del estudio la pobreza más acuciante afecta al 5% de los empleados. Unas 988.000 personas tienen empleo y a su vez están en pobreza severa, según la plataforma EAPN-ES. Si bien, es, lógicamente, mucho mayor entre los desempleados donde afecta al 22,2%. Algo que denota las deficientes políticas de protección ante el desempleo, algo que perdura con el actual Gobierno “progresista”.

Territorialmente, destacan por su fuerte incidencia de la pobreza severa comunidades o ciudades autónomas como: Melilla (26,1%), Ceuta (25,2%), Canarias (16,7%), Valencia (13,4%) y Asturias (12,2%). Las tres primeras extrapeninsulares y con situación, sobre todo para Melilla y Ceuta, prácticamente coloniales. Luego viene un segundo grupo que está ligeramente por encima del 11% constituido por: Extremadura, Andalucía y Murcia. El menor índice es para el País Vasco (3,8%), Navarra (5,1) y Castilla León (5,5%).

La impotencia social de las políticas reformistas del Gobierno “progresista” durante la pandemia

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ni evitó la debacle social y económica en los primeros momentos de la pandemia, con casi un millón de despidos en los momentos iniciales y colas del hambre en los barrios populares; ni atendió la emergencia sanitaria en las residencias al no tomar la sanidad privada y encontrarse colapsada la sanidad pública, como no lo hicieron tampoco los gobiernos autonómicos fueran del PSOE o del PP.

Posteriormente, se desarrolló una legislación a modo de dique de contención de la pobreza levantado a través del denominado “Escudo Social” aprobado por el Gobierno de Sánchez-Iglesias. Pero se ha mostrado totalmente incapaz de atender las necesidades sociales creadas por el shock de la pandemia. Ni fue capaz de bloquear los desahucios- en cuanto se abrieron los juzgados comenzó el reguero de lanzamientos de familias de sus viviendas pese a encontrarse en emergencia social y muchas de ellas sin alternativa habitacional-. Ni de atender a las familias sin recursos, dado el fracaso del Ingreso Mínimo Vital que apenas ha llegado a un 17% de los hogares, a día de hoy, de los que lo han solicitado. Tan solo se han aprobado 203.000 solicitudes de los 873.000 expedientes tramitados, se han rechazado además 600.000 solicitudes. Todo ello de un total alcanzado de 1,1 millón de peticiones. Frente al objetivo de las 850.000 familias que se planteaba el Gobierno alcanzar.

Como contracara, las empresas, sobre todo las grandes se beneficiaron, y continúan haciéndolo, con paquetes de ayudas en forma de créditos avalados, exoneraciones, o con ayudas directas, por valor de miles de millones de euros. Destinadas tanto para financiar las pérdidas por el parón, como para reiniciar la recuperación con nuevas inversiones ajustadas a los requerimientos de la UE a través de los fondos de recuperación, Next Generation, de 140.000 millones de euros que han comenzado a llegar. Lo que les va a permitir aumentar los beneficios a las grandes empresas patrocinadoras de los proyectos locomotora, y todo a costa de los recursos públicos y a cambio de recortes sociales para ajustar la deuda generada y atender las exigencias que ha impuesto Bruselas en materia de pensiones, empleo, etc.

Los datos del estudio dejan patente que no se pusieron las condiciones para evitar el incremento de la pobreza social a todos los niveles, destacando especialmente la pobreza más aguda y grave, es decir, la pobreza severa por parte del Gobierno “progresista”. Y que como consecuencia se ha embalsado una pobreza estructural que afecta al 10% de la población, seguramente más cuando se vean los datos de incremento como consecuencia de la pandemia.

Por todo ello, es vital ocupar las calles, realizar asambleas en los barrios y en los centros de trabajo y estudio, contando con el impulso y la participación de la izquierda sindical y con un llamamiento a las bases de los sindicatos burocratizados de CC.OO y UGT para que superen el bloqueo de sus direcciones, de cara levantar un frente único de lucha y un programa de emergencia social que a través de un calendario de movilizaciones pueda imponer una salida favorable a la clase trabajadora y las clases populares.