El sábado 26 a la noche la policía asesinó a tiros a un joven en Mitre al 500. Hoy se hizo público que le habían disparado por la espalda.
Facundo Martínez Cantariño Docente SUTEBA
Martes 29 de enero de 2019
Apenas ocurrido el asesinato, los diarios bahienses La Nueva y La Brújula se encargaron de informar lo ocurrido detallando en primer lugar los antecedentes policiales del joven de 23 años, con la clara intención de justificar lo ocurrido. Además, señalando como justificativo que le dispararon cuando él apuntó con un arma a los policías. Esto resulta dudoso ante la información que arrojó la autopsia: el tiro con el que lo asesinaron se lo dispararon por la espalda.
El joven supuestamente habría tenido intenciones de entrar a robar a un departamento, pero no lo había logrado. Ese intento de robo fue el causal de la pena de muerte que de hecho le aplicó la policía. Esto es una clara muestra de abuso de fuerza de los agentes, ya que, como consta en los medios, tenían montado un operativo cerrojo en toda la manzana. Para el fiscal Viego, que lleva adelante la causa (en la que no trascendió el nombre del policía ejecutor), "si el agente está en cumplimiento de su deber, no habría cometido delito alguno". ¿En qué consiste este cumplimiento del deber policial?
Además, en la nota de la Nueva que se publicó al día siguiente se señalan, de forma reivindicativa antecedentes de la policía “abatiendo” a otras personas que se encontraban cometiendo crímenes. Lo que no señalan son los últimos casos de gatillo fácil perpetrados por la bonaerense en la ciudad: el ex-boxeador Nestor Vittadini en el año 2000, Guiliano Gallo, de 14 años (asesinado por la policía en 2008 por estar escuchando música fuerte), Sebastián Bustos en 2013 (sospechoso de un robo que no era tal, como pudo comprobarse) y Julián Schneider, de 19 años en 2016 al que le tiraron "por error" en una persecución por un supuesto robo.
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Seguridad ¿para quiénes?
La seguridad es un eje de campaña del PRO, el peronismo y el kichnerismo en la ciudad, tanto es así que para el año 2018 el Municipio invirtió casi 145 millones de pesos en Seguridad, mientras la partida del Fondo Educativo fue de 112 millones de pesos. También fue escandalosa la decisión de instalar buzones buchones "contra el narcotráfico" habilitado para que la ciudadanía pueda realizar denuncias. Esto fue acompañado en el HCD por todas las fuerzas políticas que lo integran.
Esta es una clara política para perseguir el pequeño delito mientras el gran delito del narcotráfico queda impune o las causas tardan años, como es el caso de las bobinas blancas y las dos toneladas de cocaína que involucran hasta a las autoridades del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca.
Dentro del gabinete del derechista Héctor Gay, el Secretario de Seguridad Álvarez Porte cada vez que habla usa la inseguridad como caballito de batalla. Incluso, en el marco de la búsqueda de Micaela Ortega, quiso hacer un uso perverso del brutal femicidio, diciendo que al estar muchos policías afectados a la búsqueda había aumentado el índice de delitos en la ciudad.
Mientras el ajuste del gobierno golpea profundamente las condiciones de vida de la población, mientras aumentan los servicios, el transporte y los alimentos, cada vez más jóvenes no pueden estudiar ni encuentran trabajo, y amplios sectores caen en la marginalidad.
El gobierno y sus portavoces quieren convencernos de que es legítimo que la policía dispare a quemarropa para combatir el “crimen”, mientras por un lado el gran crimen organizado corre por cuenta de las propias fuerzas represivas (como quedó clarísimo con el caso de Luciano Arruga, desaparecido y asesinado en 2009 por no querer robar para la policía). Y por otra parte la profunda desigualdad arrastra a los sectores más marginalizados a ser carne de cañón de quienes pretenden tener la legitimidad de dictar y ejecutar en el momento penas de muerte.
Todo esto con la cobertura de Macri que recibió con honores al asesino Chocobar, y Bullrich que hace campaña de su “pelea contra el narcotráfico” que consiste en perseguir a la juventud mientras las redes narco siguen funcionando impunes.
En Bahía Blanca la impunidad biológica alcanza a los miembros de las fuerzas represivas implicados en la dictadura cívico-eclesiástica-militar genocida, e incluso al policía asesino de Giuliano. Tambien un militar genocida con dos cadenas perpetuas, Walter Tejada. se pasea libremente por el centro de la ciudad, como denunció Hijos a fines del año pasado.
Evidentemente la clase dominante quiere instalar la inseguridad como el principal problema porque para la mayor parte de la población la preocupación central es la economía, y cómo llegar a fin de mes en el marco del ajuste y el saqueo que impulsan. Discuten como “delito” el pequeño crimen producto de su sistema de desigualdad, pero no catalogan de la misma manera los paraísos fiscales, los fraudes laborales, las muertes obreras (mal llamadas “accidentes laborales”) y el pago de la fraudulenta deuda externa. Quieren llenar de policías las calles, darles taser y licencias para matar, como parte del recrudecimiento del control social ante la crisis económica. Claramente, la seguridad de la que hablan es la de garantizar sus negocios y sus ganancias con todo el costo social que implican.
