Represión Policial. La policía de Harfuch ¿regresa la criminalización de la protesta social?

El sábado 26 de septiembre a 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miles de policías del “extinto” cuerpo de granaderos realizaron un operativo de hostigamiento a la movilización.

Desde Reforma hasta el monumento a Juárez miles de policías y policías de civil se apostaron en las laterales de la movilización con el objetivo de intimidar y hostigar la movilización con acciones como fotografiar a los asistentes y mantener su presencia a lo largo de la movilización.

A la altura del hemiciclo a Juárez y sin ningún motivo, cientos de granaderos partieron la movilización y encapsularon a decenas de jóvenes y mujeres para retenerlos por casi una hora, mientras en el zócalo cientos de efectivos se apostaron alrededor del plantón de la derecha y en los principales accesos a la plancha del zócalo

El lunes 28 de septiembre la Secretaria de Seguridad Ciudadana desplego a miles de granaderos para encapsular la movilización de la 1pm convocada por colectivas y sectores del feminismo anarquista. Sin embargo el despliegue policial abarcó el primer cuadro de la ciudad, incluso el punto de reunión de la movilización de las 5pm convocada por la coordinación del 8M (integrada por sindicatos y organizaciones de izquierda independiente) que tiene 5 años convocado a movilizaciones.

Este día el despliegue fue de 3 mil granaderos para dos convocatorias que en suma movilizaron a poco más de 500 mujeres, es un despliegue excesivo como no se veía desde las movilizaciones de la diamantina y que recuerdan viejos protocolos del gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Es decir, mientras la Secretaria de Seguridad Ciudadana ahora dirigida por Omar García Harfuch, quien ha estado implicado en los escándalos de Genaro García Luna e íntimamente ligado en la desaparición de los 43 normalistas, mantiene una línea dura de represión a la protesta social, el gobierno federal y de la ciudad criminaliza las justas demandas de miles de mujeres que año con año venimos exigiendo educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y aborto legal, libre, seguro y gratuito.

La represión que sufrimos maestras, trabajadoras estatales, representantes sindicales, estudiantes y madres fue barbárica, una de mis compañeras, Flora Aco trabajadora reinstalada del sector estatal sufrió una fractura en la mano en medio de la represión policial.

Nosotras como maestras venimos de un sexenio completamente represivo, dónde la Policía Federal y los granaderos golpearon a cientos de maestros y asesinaron a 13 compañeros en el violento desalojo de Nochixtlan.

En la Ciudad de México, enfrentamos la política represiva del gobierno de Mancera y peleamos por echar abajo el artículo 362 de ataques a la paz pública y contra el “Protocolo de contención de multitudes” que implemento Mancera y que hoy replica la policía de Harfuch.

Con esto no queremos equiparar la política represiva de sexenios anteriores, pero si alertar sobre la derechización del gobierno frente a la protesta social y un discurso criminalizador y cada vez más justificador de la presencia policial y militar mediante la Guardia Nacional, frente a lo cual es clave que los organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones populares y de izquierda repudios en común la represión policial.

A 52 años de la masacre del 2 de octubre, hay que recuperar una de las demandas centrales de nuestros compañeros del Consejo Nacional de Huelga: disolución inmediata de los cuerpos represivos.

¿Cómo enfrentamos a la derecha?

Posterior a la represión, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se abocaron a justificar la represión acusando de infiltración y de protección al resto de las manifestantes, pero ninguno de ellos habló de que en pandemia, la derecha panista, priista y el clero han desechado iniciativas de despenalización del aborto en Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro.

Acusan a elementos del viejo régimen y la derecha de infiltrarse en el movimiento de mujeres pero sostienen acuerdos electorales con la derecha evangélica como el Partido Encuentro Solidario o personajes como Lily Téllez que hasta hace poco tuvo voz en el congreso por parte de Morena hasta su ruptura y posterior ingreso al PAN y claro toleran discursos de ultra derecha del FRENAAA y Gilberto Lozano.

A la par de la dura criminalización a la movilización del movimiento de mujeres que ejerció el gobierno -y que la derecha y los sectores conservadores aprovechan para amenazarnos- se mantiene un golpeteo a sectores de trabajadores que mediante sus luchas evidencian lo más reaccionario de la política obradorista, como la austeridad republicana.

Muestra de esto, es la huelga de Notimex, dónde pese al rol aparentemente de árbitro por encima de los conflictos, sectores de la 4T golpetean al sindicato desde la Secretaría de Función Pública y la “investigación” que le abrió a la dirección sindical en plena huelga.

A la derecha, el clero y los empresarios tenemos que enfrentarlos en las calles, ellos quieren que miles de mujeres en todo el país mueran por culpa de abortos clandestinos o estén presas por abortar y en medio de la pandemia abogan por que seamos las y los trabajadores quienes paguemos la crisis económica mediante despidos y rebajas salariales.

Debemos avanzar en el terreno de demandas democráticas más sentidas por el movimiento de mujeres y el movimiento obrero, con plena independencia política del gobierno de Morena a la par de denunciar los aspectos más reaccionarios del gobierno obradorista como la represión policial, la austeridad republicana y la omisión a las principales denuncias del movimiento de mujeres. Para ello es fundamental que las principales centrales sindicales que se reclaman democráticas rompan la tregua con el gobierno y se pongan a la cabeza de las demandas de las mujeres y las y los trabajadores.