El acto de la dirigente de la CUP, programado para hoy en un centro cívico de Vitoria ha sido desalojado por las fuerzas policiales a instancias de la Delegación del Gobierno.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 15 de septiembre de 2017
El acto había sido convocado para este viernes en el Centro Cívico Aldabe de Vitoria por la plataforma AsCatasuna, dentro de un calendario de actos para todo el mes de septiembre pidiendo el apoyo al referéndum catalán.
La conferencia había comenzado con normalidad a las 11:30 y asistían al acto unas doscientas personas cuando la policía local irrumpió para desalojarlos sobre las 12:15 de la mañana. La policía enarbolaba una instancia del juzgado de Vitoria nº 3 que prohibía los actos en favor de la consulta en locales públicos de la ciudad. Esta “instancia express” ha sido instigada por la Delegación del Gobierno, que había notificado ayer a la fiscalía y al juzgado de guardia la convocatoria de las charlas, pidiendo que fuese considerada ilegal y que se revocase la cesión de los locales públicos reservados para las charlas.
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— asCATasunera! (@asCATasunera) 15 de septiembre de 2017
Según el Juez Manuel Castro las conferencias debían ser suspendidas por la suspensión del referéndum acordada por el Tribunal Constitucional. En los folios del auto advierte que se debe "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", y continúa afirmando: "considero que puede incluirse dentro de estas prohibiciones derivadas de la suspensión acordada, la celebración de un acto, que como se ha hecho eco la prensa local en las últimas horas, tiene una intención clara de promoción del dicho referéndum"
El acto titulado “referéndum si o si” consistía en una conferencia a favor de la independencia catalana. En la charla la portavoz de la CUP afirmaba que en Catalunya se está viviendo una "confrontación con la demofobia que muestra el Estado español".
Cuando Gabriel ha tenido conocimiento de la suspensión judicial durante la suspensión del propio acto, pues no había recibido notificación alguna. Tras el desalojo ha afirmado que "siempre habíamos escuchado que sin violencia se puede hablar de todo, pero parece que no es verdad", y ha continuado "El derecho de reunión y de libertad de expresión están amenazados".
A pesar de la orden judicial prohibiendo el Acto, los convocantes continuaron su realización en la calle.
Esto se suma a la prohibición, esta semana, de realizar un acto pro referendum en Madrid, que iba a realizarse en un espacio municipal. La orden del juez, acatada por el Ayuntamiento, ha obigado a los organizadores, la Plataforma de Madrid por el derecho a decidir, a buscar un nuevo espacio. El acto se realizará finalmente este domingo a las 12 horas en el Teatro del Barrio del barrio madrileño de Lavapies.
La nueva actuación de la justicia y la policía en Vitoria muestra que el Régimen desea profundizar la escalada represiva que el gobierno ha generalizado a todo el Estado desde el comienzo de la crisis y que ahora se está cebando con los promotores del referéndum catalán, llegando incluso a plantear sus intenciones de detener a más de 800 alcaldes en toda Catalunya.
Con estas actuaciones en las que el Gobierno central está poniendo a punto su aparato judicial, represivo y mediático que volcará contra los trabajadores de todo el estado cuando se termine su campaña contra el independentismo catalán. Este proceder por parte de los Gobiernos del PP-PSOE no es nuevo, pues ya lo vienen haciendo desde 1992 con la ley Corcuera (popularmente conocida como la de la patada en la puerta), la ley de partidos de 2002, la ley mordaza o las leyes “antiterroristas” usadas para criminalizar a la juventud y a los luchadores.
Actuaciones como la vivida hoy en Vitoria-Gasteiz, representan un ataque a demandas democráticas elementales como el derecho de autodeterminación y la libertad de expresión, que preparan una nueva oleada represiva contra los trabajadores y las clases populares si no se responde por medio de una gran movilización unitaria.
