Con más de 4 móviles y el helicóptero del Ministerio de Seguridad, que sobrevuela a metros de las cabezas de jóvenes y adolescentes, la Policía provincial bajo órdenes del gobierno de Morales montó un operativo represivo contra los changos del B° San Lorenzo que jugaban al fútbol en potreros. Los jóvenes resistieron el intento de razzia.
Miguel López Diputado provincial PTS-FITU Libertador Gral. San Martín-Ledesma
Viernes 8 de mayo de 2020 11:26
Hostigamiento policial en B° San Lorenzo parte 1 - YouTube
En horas de la tarde del pasado miércoles 6 de mayo el helicóptero del ministerio de Seguridad, que comúnmente usa el gobernador Gerardo Morales y el ministro Ekel Meyer para vigilar y dictar castigo desde los aires a supuestos infractores de la cuarentena, sobrevoló con una actitud totalmente amenazante e intimidante a pocos metros de jóvenes, adolescentes y niños que se encontraban caminando y haciendo deportes en la costanera del Rio San Lorenzo que colinda con el barrio homónimo de la localidad de Libertador Gral. San Martin.
Luego la policía provincial movilizó 4 móviles para ingresar al barrio San Lorenzo con la clara intención realizar una razzia contra los jóvenes y adolescentes que se encontraban jugando al fútbol en potreros de los alrededores. Pero ante el intento de avance de la Policía sobre dicho barrio, pero los jóvenes vecinos del barrio lejos de amilanarse ante gestos amenazantes de las fuerzas policiales y del helicóptero del ministerio de Seguridad, manifestaron resistencia al operativo represivo, y los móviles policiales tuvieron que retroceder hasta la avenida Soberanía Nacional, a la altura del canchón municipal, y desde ahí los efectivos policiales dispararon contra los jóvenes un par de cartuchos.
La Policía amparada en los decretos nacionales y provinciales de aislamiento social obligatorio debido a la propagación de la pandemia del coronavirus lleva adelante un liso y llano abuso policial, y tiene como blanco a la juventud y adolescencia de los barrios más periféricos, a quienes detiene, insulta, maltrata y hasta golpea, argumentando la violación de la cuarentena por los menores violenta a los changos de las barriadas populares, investiga sus teléfonos, y en ocasiones los tiene durante horas incomunicados.
Los adolescentes, niños y jóvenes tienen derecho a la recreación, al esparcimiento, a correr y practicar deportes, sin embargo el gobierno provincial da directrices para que la policía persiga a la juventud de los barrios más empobrecidos de las orillas del ejido municipal, los detenga y mantenga incomunicado, hasta que sus familiares paguen la multa de $1.000.
Son muchos los reclamos de padres, madres y familiares en gral. de jóvenes detenidos que expresaron los atropellos de la policía contra las libertades democráticas y los abusos policiales desde el inicio del aislamiento social obligatorio, decretado por los gobiernos por el riesgo del contagio del COVID 19, hasta la actualidad.
Los antecedentes de abuso policial y el historial represivo de la seccional N°39
Los policías de la seccional Salomón Guerra N° 39 fueron los que el miércoles pasado intentaron avanzar en un operativo represivo contra los jóvenes y adolecentes del Barrio San Lorenzo. Efectivos policiales de la misma seccional hace 3 semanas fueron denunciados en la Unidad Regional N°4 y en los Tribunales de San Pedro de Jujuy por una joven trans y su madre por abuso policial y sexual.
La excusa de los policías ante este crimen de transodio y transfobia fue que la joven se encontraba violando la cuarentena, aquí vemos como el aislamiento social obligatorio del gobierno provincial de Gerardo Morales y de la presidencia de Alberto Fernández le da carta blanca a la policía para potenciar la represión contra las mayorías populares, sobre todo contra la juventud de las barriadas humildes, las mujeres, y el colectivo lgttbi, contra quienes comúnmente tienen prácticas de marcado abuso policial.
Además, esta seccional de policías N°39 Salomón Guerra carga con un historial represivo ya que efectivos policiales de dicha seccional fueron responsables de los asesinatos de los jóvenes Cristian Ibañez y Marcelo Cuellar en el año 2003, crímenes que tuvieron como respuesta una gran protesta de jóvenes, familiares y vecinos frente a la seccional de policía.
Impuesto a los ricos, más presupuesto para salud, y no más palos a la juventud
Desde el bloque de concejales del PTS-FIT hemos denunciado desde un principio de la cuarentena que el mayor disciplinamiento y control social no resolvía el cuadro de crisis sanitaria y económica profundizada por la propagación del COVID 19 que vive el país y la provincia, y que padecen de modo más crudo las clases trabajadoras y sectores populares.
A la par desde esto, sostuvimos que la salida no era más palos a las mayorías populares, planteamos que la salida para enfrentar a la pandemia era afectar las ganancias de las grandes empresas, como Ledesma SAAI, con impuestos progresivos a estas millonarias fortunas para aumentar el presupuesto de salud pública para que los hospitales y puestos de salud cuenten con los insumos, medicamentos y más personal para dar abasto de la demanda de atención, y poder comprar los test para diagnosticar el coronavirus que se requieran.
Así como también, decimos que antesituaciones excepcionales como la emergencia sanitaria y epidemiológica hay que tomar medidas de especiales como la re-funcionalización de la producción de las industrias para producir alimentos, insumos de prevención e indumentaria para los servicios esenciales, y todo los requieran los hospitales y puestos de salud. Para dar un ejemplo, que Ledesma SAAI produzca alcohol medicinal para brindarlo de modo gratuito o a un bajo costo para que a nadie le falte alcohol de 70 grados y alcohol en gel, y que Aceros Zapla produzca oxígeno para que los hospitales tengan un buen abastecimiento de carga en los tubos de oxígeno, cuestión que hoy escasea y provee con demoras a los hospitales.
Por todo lo antes explicado, nos solidarizamos con los jóvenes que constantemente son asediados, hostigados, vejados y perseguidos por la policía local, por la estigmatización social por ser integrantes de las familias más humildes de los barrios periféricos de la localidad, repudiamos el accionar de la policía provincial, puntualmente de la Unidad Regional N° 4 y la Seccional Salomón Guerra N°39, y del Ministerio de Seguridad, del cual es titular Ekel Meyer, y exigimos el cese de los operativos represivos y razzias de la policía en las barriadas populares y el abuso policial contra la juventud y el pueblo trabajador.
