La fiscal Liliana Fernández de Montiel pidió 22 años de prisión en la causa “Pibes Villeros”, una de las tantas que enfrenta Milagro Sala desde que asumió el Gobernador Gerardo Morales. El fiscal Anticorrupción Millón Quintana hizo lo propio con un pedido de 18 años.
Miércoles 19 de diciembre de 2018 10:45
En las últimas jornadas de alegatos en una de las causas que enfrenta Milagro Sala en Jujuy, la fiscalía solicitó a los jueces que se condene a la dirigente social Milagro Sala a la pena de 22 años de prisión efectiva. Ella, como otros dirigentes y cooperativistas de la agrupación barrial Tupac Amaru, y varios funcionarios de la gestión del ex Gobernador Eduardo Fellner fueron imputados en la causa.
Los fiscales Filomena Ortiz, Diego Cussel y Liliana Fernández de Montiel solicitaron penas que van desde los 2 a los 16 años para los demás imputados y una pena de 22 años para la líder de lo que ellos consideran una asociación ilícita para defraudar al estado.
En el mismo sentido el Fiscal Anticorrupción Joaquín Millón Quintana pidió la pena de 18 años para Sala y penas de menor cantidad de años, respecto al Ministerio Público de la Acusación, para el resto de los imputados
Un Poder Judicial adicto a Gerardo Morales
La máxima dirigente de la organización Tupac Amaru viene enfrentando las acusaciones de un Poder Judicial jujeño cuestionado por muchos sectores del ámbito local, nacional e internacional por no cumplir con los requerimientos de organismos de DDHH que indicaban la prisión domiciliaria para la imputada, haciendo efectiva la medida luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su inmediata concreción.
Vale recordar que desde que asumió el Gobernador Gerardo Morales, conformó un tribunal supremo en la provincia con mayoría de militantes radicales que le respondían políticamente. Creó el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado Contravencional que, valiéndose del inconstitucional Código Contravencional votado durante un gobierno peronista, se convirtieron en los órganos de persecución a opositores y criminalización de la protesta. Muchos son los casos de persecución y criminalización de activistas y dirigentes, como los casos de 3 estudiantes y un dirigente sindical que están siendo juzgados por “contravenciones” en el marco de una protesta por el cierre de su colegio.
Acusada en 17 causas, cuando se cumplieron 1000 días de su detención, Sala dijo que “a Jujuy lo usaron como un laboratorio. Primero nos encarcelaron a los jujeños por una contravencional, y después nos llenaron de causas. Así comenzaron a apresar opositores y disciplinar dirigentes”.
