No es poco común escuchar en las organizaciones de la clase trabajadora; fundamentalmente en los sindicatos, que no es correcto mezclar, ni inmiscuir la política en las organizaciones sindicales.
Viernes 19 de agosto de 2016
Se dice que los partidos políticos (en general) no deben intervenir en los sindicatos, que eso garantiza “la independencia de los sindicatos respecto de la política”, tan desprestigiada –con justa razón- por estos días.
Con la actual crisis del régimen político chileno, donde ha quedado al desnudo –completamente- el oscuro entramado de corrupción y complicidad con la clase empresarial de parte de los partidos políticos gobernantes, se ha agudizado un sentimiento de rechazo a todo lo político y los “partidos” en general.
Los trabajadores de Correos de Chile, por dar tan solo un ejemplo, hemos sido testigos –no pocas veces- de cómo nuestros dirigentes han declarado que es inaceptable que se entrometan partidos políticos en las discusiones de la recién terminada negociación colectiva. Ellos, como muchos sindicalistas, hablan sobre la necesidad de la “autonomía” de los sindicatos respecto de la política de partidos.
Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que los sindicatos, al ser un instrumento de lucha, deben mantener su independencia en relación al estado y el gobierno de turno. Pero esta independencia, no tiene por qué significar que los trabajadores deban renunciar a su legítimo derecho a hacer política y organizarse en partidos u organizaciones que posean un proyecto político que los represente.
De hecho, los mismos que nos piden “no politizar” los sindicatos, en muchas ocasiones defienden políticas impulsadas por partidos políticos, como es el claro ejemplo de la dirección de la CUT, cuyos miembros son militantes públicos de partidos que componen la actual coalición de gobierno, y defienden abiertamente una política que coincide con los lineamientos generales del programa de gobierno.
Es que en realidad, el problema no son los partidos en general, ni la política en general, sino más bien qué intereses, y de qué clase social, defiende tal o cual proyecto político.
La clase empresarial tiene sus propios partidos y organizaciones mediante las cuales asegura su dominio sobre el conjunto de la sociedad. Pero, por ejemplo, ellos prohíben por ley que representantes de organizaciones sindicales postulen a cargos públicos en elecciones “democráticas”. Es que, en realidad, tras el discurso de “alejar la política de los sindicatos” se esconde el objetivo de impedir que la clase trabajadora logre influir en las decisiones políticas del país. Eso es lo que significa, en última instancia, impedir la política en las organizaciones obreras. Significa dejar el poder político en manos exclusivas de la clase empresarial, de los patrones.
Al igual que los patrones, las y los trabajadores tenemos el legítimo derecho a contar con nuestras propias organizaciones para defender nuestros intereses. Y no solo con sindicatos que agrupen a la mayor cantidad de trabajadores posible, sino también con partidos que, alrededor de un proyecto político común, intenten influir de manera clara y honesta en la lucha de nuestra clase.
Los trabajadores ya no creemos en las falsas promesas de quienes nos gobiernan hace años. Sus organizaciones y dirigentes no nos representan. Ante esto, tenemos el sagrado derecho a organizarnos de la forma en que decidamos. Tenemos derecho a hacer política al servicio de defender los intereses históricos de nuestra clase: la clase de los desposeídos, los explotados, la clase de los que producimos todas las riquezas. Las riquezas que nos son usurpadas por un puñado de familias que viven a costa de nuestro trabajo.
L. Trabajadora de Correos de Chile
