La Reforma Educativa ha recrudecido la precarización del trabajo docente en media superior, por lo que resulta necesario comprender las condiciones de los aspirantes de nuevo ingreso en los procesos de admisión para proponer estrategias que consideren su subsistencia ante la pandemia.
Miércoles 29 de abril de 2020
El 15 de mayo de 2019, se publicaba elDecreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 3º. 31 y 73 de la CPEUM, en dicho decreto se establece en su art. 3º:
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
«Sin embargo, en la práctica, la contratación de los docentes no es acorde con los principios de igualdad, equidad e imparcialidad.»
La Convocatoria para el proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, señala en su numeral 2.7 como requisito para la admisión una “Constancia de acreditación del Curso de exploración de habilidades para la docencia en media superior, impartido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)”.
Las fechas fueron ajustadas en varias ocasiones para finalmente informar en la página de la ANUIES los requisitos para entrar a dicho curso, y uno de los más relevantes: “Cubrir la cuota de recuperación del Curso-taller equivalente a $1,250.00”.
Debido a la desigualdad existente, este monto puede resultar para algunos una pequeña suma de dinero, mientras que para otros representa un mes de subsistencia.
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Pongámoslo en los términos de un profesor a tiempo fijo (eventual) del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. Por un grupo de tres horas de trabajo semanal frente a clase (la preparación de la clase, el tiempo y costo de desplazamiento hasta el centro de trabajo corren por cuenta del docente), obtiene $1,257 mensuales (aproximadamente 100 pesos por hora). El curso cuesta un mes de salario.
Los requisitos obviados fueron aquellos otros recursos materiales que se precisan para un curso en línea como computadora, celular, cámara de video y acceso a internet, que fueron necesarios para su desarrollo. Después de consultar todos los recursos y realizar cuestionarios por módulo, la totalidad del curso fue evaluado a través de un video, a modo de clase muestra, de una duración máxima de 6 minutos con 10 criterios a evaluar. Cuestión por demás inalcanzable. (Ver imágenes al final del texto)
La convocatoria de ingreso para los docentes dejó ver su lado profundamente inequitativo pues, para ser considerados en el proceso de admisión, los docentes debían desembolsar esta suma de dinero, lo que ni siquiera les garantiza aprobar el curso y mucho menos obtener una plaza temporal, ya que, de aprobarlo, representa solo uno de los requisitos entre los que se hallan también aprobar una serie de exámenes estandarizados.
Todo ello, contraviniendo la propuesta pedagógica exigida a los docentes para evaluar a sus alumnos, que consiste en entender a la evaluación como continua y disminuir las pruebas estandarizadas para tomar en cuenta la pluralidad en los distintos estilos de aprendizaje.
¿Cómo determinó la Secretaría de Educación Pública que el mejor mecanismo para valorar las habilidades docentes fuera un curso pagado por los propios concursantes?
El cobro implementado representa un ingreso exorbitante para la asociación encargada; si tomamos como parámetro que en el concurso para el ciclo 2018-2019 el número de sustentantes ascendió a 26,941 (Estadísticas 2018), las ganancias de este curso serían de más de 33 millones de pesos.
La precarización laboral a la que se ven sometidos los profesores, se evidencia, no solo a través de los salarios, sino también en la violación al derecho humano laboral a la estabilidad en el empleo.
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Pues, de resultar idóneos en las evaluaciones, deben esperar a una lista de prelación donde se asignan los paquetes de horas disponibles y, aun siendo idóneo o aprobado, puede no alcanzar paquete; y en su gran mayoría, la oferta consiste en plazas a tiempo fijo, lo que representa un año de trabajo que no estáá garantizado porque, el jefe inmediato puede determinar no renovar nombramiento después de un semestre.
¿Desde dónde enseñan los profesores?
Desde muchos lugares. Por ejemplo, desde la incertidumbre, ya que, en vez de gozar de la permanencia en el trabajo para contribuir en su seguridad, no solo laboral sino personal, para poder desempeñarse con dignidad y tranquilidad desplegando sus capacidades creativamente, bajo estas condiciones, tienen que buscar un segundo y tercer empleo para poder solventar sus necesidades, algo que aqueja a gran parte de los trabajadores del país.
En este sentido, la presente convocatoria señala: “La vigencia de los resultados de los aspirantes que participaron en el presente proceso de selección será del 16 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021”. Lo que ha mantenido a los profesores realizando evaluaciones año con año para obtener las horas vacantes, sin generar antigüedad pese a los años trabajados para la institución, todo ello sin justificación pues la materia de trabajo persiste, es decir, los grupos a los que les imparten clases se mantienen, incluso la matrícula de alumnos aumenta sostenidamente.
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Baste un caso: el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México en esta convocatoria solamente oferta 24 plazas definitivas (sin claridad sobre las condiciones para la permanencia ni la promoción horizontal), el panorama en el resto de los subsistemas alrededor del país es todavía más desalentador.
¿Qué se propone para la convocatoria ante la pandemia?
Esta situación resulta acuciante en el tiempo que vivimos. Ante la incertidumbre laboral desde la que los profesores, en especial aquellos a tiempo fijo (temporales o eventuales) enfrentan la pandemia del SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19, es indispensable dar continuidad a su contrato laboral para el próximo semestre y frenar las deficientes estrategias virtuales de registro, verificación documental y evaluación, informadas apenas a unos pocos concursantes esta semana, que de nueva cuenta niegan las múltiples realidades que experimentan los docentes frente a la pandemia y menoscaban el principio de igualdad.
Es urgente la organización de los trabajadores, profesores y estudiantes para exigir al Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la educación y los derechos laborales, y establezca un amplio diálogo, -no a través de foros discrecionales como se ha hecho-, donde se aborde y dé solución a las problemáticas situadas de los docentes pensando en una educación integral desde las necesidades de la comunidad educativa.
Asimismo, resulta imperioso que, las autoridades educativas nacionales presenten estrategias de apoyo para la manutención de los concursantes de la presente convocatoria en lugar de imponerles cuotas. Cuestionando la lógica de la productividad y privatización para dar paso a una lógica del cuidado y el reconocimiento de la interdependencia.
*Myrna Salazar es académica y miembro de la Asamblea de profesores de asignatura de la UACM en lucha
