A menos de 50 días de realizarse el Censo 2017, persiste la polémica sobre la supuesta voluntariedad del proceso afectando a miles de funcionarios públicos quiénes se están viendo obligados a participar disponiendo de sus tiempos y sus salarios.
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Domingo 5 de marzo de 2017
A menos de 50 días para la realización del Censo 2017, el día de ayer se hizo pública una capacitación en el palacio de La Moneda en la que participó Bachelet, sus ministros y subsecretarios de manera voluntaria.
Recordemos que el anterior Censo realizado durante el gobierno del derechista Piñera, arrojó una serie de irregularidades y errores que terminaron por invalidar todo el proceso, razón por la cual se realiza nuevamente este año.
No es menor que se realice el último año de la Nueva Mayoría en el gobierno, que viene en constante baja en su aprobación y muy cuestionado en sus medidas y reformas, por lo que este Censo se transforma en un golpe hacia la Derecha ante lo que fue una de sus acciones más publicitadas llegando a promocionarla como "el mejor Censo de la historia".
Sin embargo, este intento de repuntar por parte del gobierno esta atravesado por un importante problema: la supuesta voluntariedad, lo que se traduce sin retribución, de la participación en el proceso.
El gobierno anuncia que aún falta el 24% de los censistas necesarios, y el principal problema es que a pesar de llamado voluntario, la realidad es que los funcionarios públicos están siendo obligados a realizar esta labor. Según el gobierno, quienes son de planta se les retribuirá el día, sin especificar cómo ni en qué condiciones, mientras que aquellos contratados bajo honorarios "se les invitará a ser voluntarios", lo que en la práctica ha significado ser obligado a participar o arriesgarse a que no se le renueve su contrato a fin de año, sin retribuciones de ningún tipo especificadas, debido al carácter "voluntario", medida que afecta desde funcionarios municipales hasta profesores en las escuelas.
Caso particular son aquellos funcionarios de Corporaciones Municipales, las que al ser instituciones municipales de derecho privado no estarían obligadas a participar del Censo y, sin embargo, de la misma manera que a quienes están contratados a honorarios en municipios sin gestión corporativa, se les está obligando a participar bajo esas mismas condiciones poco transparentes, bajo un dictamen válido sólo para el Censo 2002.
De esta manera, la medida de repunte del gobierno se descarga sobre los hombros de los trabajadores disponiendo de sus tiempos y sus salarios, sin siquiera ofrecer condiciones ni remuneración justa a la labor realizada, en otras palabras, se quiere realizar el Censo en base a trabajo gratuito o en el mejor de los casos, muy mal pagado.
