Los derechos no siempre tuvieron un carácter universal. La burguesía, en batalla contra la aristocracia, tuvo que ceder derechos como los políticos-civiles, en donde ubicamos el derecho a la presunción de inocencia.
Miércoles 17 de octubre de 2018
Es menester recordar que los derechos no siempre tuvieron un carácter universal. Cuando la burguesía se batía en batalla implacable contra la aristocracia, tuvo la necesidad de aliarse con el pueblo pobre. No por tener un espíritu demócrata, sino porque conseguir el apoyo de las masas era clave para derribar a la monarquía. Para esto, la burguesía tuvo que ceder ciertos derechos, como los políticos-civiles, en donde ubicamos el derecho a la presunción de inocencia.
Los derechos humanos que conocemos actualmente tienen un fuerte carácter democrático, en la medida que fueron conquistados a lo largo de diferentes luchas en las cuales intervinieron campesinos, obreros, indígenas, estudiantes, amas de casa, etcétera.
La presunción de inocencia es un derecho que opera tanto en momentos no-procesales como en los procesales, es decir, dentro y fuera del juicio. Básicamente refiere a que ningún ser humano puede ser víctima de consecuencias judiciales y/o sociales respecto a un señalamiento que se le impute hasta que se compruebe vía un tercero su culpabilidad. Es decir: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La proposición anterior se contraponía al sistema judicial inquisidor, uno de los soportes del feudalismo y, posteriormente, de las monarquías absolutas.
Los tratados internacionales (por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), así como las constituciones nacionales de México, Francia, Argentina, entre otras, establecen la presunción de inocencia como un derecho fundamental.
El proceso inquisitivo consistía en un sistema procesal penal que seguía un modelo de justicia punitiva en el que una parte, o todo el tribunal que dictaba sentencia, es también parte interesada en el proceso. Esto en lugar de una instancia independiente de las partes.
El proceso se iniciaba con una denuncia anónima. Se basaba en el señalamiento, calumnia y la difamación del acusado, mismas que fundaban una presunción de culpabilidad.
Actualmente, en la mayoría de los procesos, el que acusa debe probar sus dichos. En el proceso inquisitorial, es el acusado quien debía demostrar su inocencia, incluso sin conocer los motivos concretos por los que se le detuvo. Esto inevitablemente generaba un juicio en el cual el señalado tenía pocas posibilidades de salir absuelto, independientemente de si realmente había cometido la conducta por la que se le detuvo. En el fondo, el objetivo de la justicia punitivista no es llegar a la verdad, sino encontrar a un culpable al cual cargarle las consecuencias de un delito real o ficticio.
Como podrá notarse, dicho procedimiento era en la mayoría de las veces utilizado como arma contra rivales políticos o económicos. Las autoridades estaban al tanto de esta situación y poco les preocupaba. Las torturas y la obtención de “confesiones de culpabilidad” no tenía como fin llegar a “lo que realmente sucedió”, sino mantener a la población disciplinada y preservar el status quo de una sociedad dividida en clases.
El derecho a la presunción de inocencia no garantiza la no-responsabilidad del imputado, sino simplemente que se lleve todo un proceso para saber la verdad.
De negar dicho derecho fundamental, se estaría cayendo en el extremo opuesto: regresar al sistema inquisitorio en el que el simple señalamiento es equivalente a declaratoria de culpabilidad, lo que todas luces es irracional e injusto. Hacerlo, ignoraría que el Estado (como algunos individuos) acusa con objetivos políticos, o sea, acusan para desprestigiar a sus opositores. Basta recordar casos como el de Lydia Cacho que fue detenida, torturada y expuesta al escarnio público por acusaciones que posteriormente se demostraría que eran falsas.
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Si bien el Estado establece este derecho democrático entre sus propias leyes, no lo respeta de forma consciente, ya que en los hechos cada persona detenida o acusada de algún delito es tratada como culpable y obligada a demostrar su propia inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia debe ser defendido por medio de la organización y la movilización en las calles, ya que fue así que se ganó y sólo así se puede imponer. No porque de esta manera se pueda obtener justicia efectiva, sino porque se trata de una garantía democrática contra el poder y control del Estado.
El acceso efectivo a la verdad y la justicia sólo podrá ser garantizado por comisiones investigadoras independientes de las autoridades, con la participación de especialistas y referentes de la defensa de derechos humanos.
