Entre el 21 y 27 de junio de 1972 se desarrollaron los enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas de la dictadura que luego se conocieron con el nombre del Quintazo. En esas jornadas el movimiento estudiantil jugó un rol central. En este artículo reconstruimos las semanas previas, donde los estudiantes comenzaron la pelea contra la concesión de los yacimientos mineros de la Universidad de Tucumán en beneficio de una empresa norteamericana.

Entre el 21 y el 27 de junio de 1972 tuvieron lugar en San Miguel de Tucumán las jornadas que posteriormente se conocieron como “el Quintazo”, denominación que las inscribió en la serie de “azos” protagonizados por la alianza obrera-estudiantil desde 1969. Estas jornadas combinaron huelgas, movilización y ocupación de Facultades y su nombre da cuenta de los choques con las fuerzas represivas que fueron concentrándose en la zona de la ex Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en las afueras del casco céntrico. El Quintazo ocurrió cuando la dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina”, encabezada por Agustín Lanusse en aquel momento, impulsaba el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), una política del régimen frente al ascenso de las luchas obreras y populares [1] para propiciar un desvío y una contención a través de elecciones tuteladas.

Además de la experiencia de lucha adquirida en los años previos, en el Quintazo también confluyeron diferentes conflictos y reclamos sectoriales. En este artículo indagaremos en las semanas previas al mismo, cuando estudiantes de la UNT protagonizaron un intenso conflicto contra el intento de licitar a una empresa norteamericana la explotación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Como parte de este objetivo se abordará la relación entre la UNT e YMAD, haciendo foco en las publicaciones del Partido Socialista de los Trabajadores al respecto.

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: orígenes y disputas

Los orígenes de la exploración minera en la zona conocida como Agua de Dionisio se remontan a las exploraciones de Abel Peirano en la década de 1920. Químico, farmacéutico y discípulo de Miguel Lillo, Peirano se radicó en Santa María, Catamarca, y desde allí comenzó a explorar la zona. En el verano de 1936, realizó una inspección minera en la zona montañosa de Agua de Dionisio, tras la insistencia de un vecino de Hualfín (departamento de Belén, Catamarca). Para ese entonces ya era encargado de Mineralogía en el Museo Nacional de la UNT, por pedido de Lillo.

Luego de otros viajes y estudios extendidos a cargo del Instituto de Mineralogía y Geología de la UNT, en 1941 Peirano relevó 120 km2 potencialmente ricos en oro y plata. Hacia fines de la década del 40 comenzaron las gestiones de la UNT para proteger legalmente los beneficios del hallazgo de Peirano y sus colaboradores, quienes donaron al patrimonio universitario todos los derechos del descubrimiento y la futura explotación de Farallón Negro y Bajo de la Alumbrera.

Bajo el nuevo marco normativo tras la reforma de la Constitución Nacional de 1949, los minerales pasaron al dominio público de la Nación y la autoridad minera fue competencia del Estado nacional. Esto derivó en que el gobierno peronista fuese apartando progresivamente a la UNT de las tareas de exploración. La situación cambió cuando, tras el golpe de Estado, la “Revolución Libertadora” reinstauró la vigencia de la Constitución de 1853 que establecía el dominio de las minas a las provincias. La discusión sobre la explotación de los yacimientos motivó disputas entre Catamarca y la UNT, con expresiones en conflictos de diferentes naturaleza. En 1956 se desarrolló una movilización popular en Catamarca contra el intento de la dictadura de Aramburu de acordar una concesión con la minera británica National Lead Ltd., acuerdo que no prosperó. En enero de 1958 Aramburu firmó el decreto ley 720/50 que creaba la empresa “Yacimientos Mineros de la Universidad Nacional de Tucumán” para explotar los yacimientos, y estipulaba que las utilidades se dividían en un 50% para Catamarca, 50% para la UNT. En Catamarca esto fue leído como una “entrega” del patrimonio provincial y, fogoneado por la cámara empresarial minera y la Federación Económica, se concretó en marzo un paro provincial de la CGT y movilizaciones en apoyo al interventor federal Adrian Perés. Mientras continuaban las negociaciones, la dictadura dejó sin efecto el decreto ley, a la espera de la constitución del nuevo gobierno. [2]

Ya bajo la presidencia de Arturo Frondizi comenzó a perfilarse la creación de un ente autárquico, junto a la división de las utilidades (salida expresada en el “Acta de Farallón Negro”). Finalmente, en octubre de 1958 el Congreso de la Nación aprobó la ley 14.771 que establecía la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), con un directorio integrado por un presidente designado por la Nación, dos directores por la provincia de Catamarca y dos directores representantes de la UNT. Este nuevo ente interestadual se constituyó el 25 de mayo de 1959, teniendo los derechos sobre un área de 384,98 Km2 con los yacimientos Farallón Negro, Alto de la Blenda, Los Visos, Macho Muerto, Morro Bola, San José, La Alumbrera, Rincón Grande, Bajo del Durazno, Bajo de Agua Tapada, La Josefa y otros.

La ley 14.771 sería modificada sucesivamente por los distintos gobiernos, sobre todo su artículo 5, que originalmente estableció que YMAD no podía transferir sus derechos de explotación ni total ni parcialmente a “personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales”. Sería bajo la dictadura de Onganía, en su intento de reestructurar al país al servicio del gran capital y el imperialismo, cuando se realizó la primera modificación de este artículo. En el marco de la misma

se impulsó la firma de un contrato entre YMAD y la Compañía Andina Cities Service S.A. que concedía los yacimientos de YMAD por un término de 50 años a cambio de un pago de U$s dos millones por todo concepto, libre de impuestos y con plena libertad de transferencia de remesas al exterior. [3]

Este contrato no prosperó pero marcó las intenciones de la dictadura. Años después, ya bajo el mando de Alejandro Lanusse, la defensa de YMAD ante los intentos de ponerla bajo control de capitales extranjeros tendrá un nuevo capítulo. Esta vez bajo el ciclo de levantamientos iniciado con el Cordobazo.

La defensa del YMAD en la antesala del Quintazo

Durante los primeros meses de 1972, en Tucumán se desarrollaron diferentes conflictos obreros y estudiantiles junto a otros de carácter más popular, como las protestas contra los tarifazos. En particular, el movimiento estudiantil venía enfrentado la intervención del rector Héctor Ciapuscio y a fines de abril comenzaron las ocupaciones en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, la Escuela de Enfermería y la Facultad de Derecho ( a las que luego se sumarían Filosofía y Letras y Ciencias Económicas) motivadas por cuestiones académicas. Para cortar con la oleada de protestas y ante la visita de Lanusse, Ciapuscio declaró un receso académico desde el 27 de abril y presentó su renuncia, que quedó en suspenso. Durante el 4 y 5 de mayo, Lanusse fue recibido con un paro docente de 48 horas y con las Facultades tomadas que, junto a la movilización obrera que arrojó narajanzos contra la Casa de Gobierno, generaron enfrentamientos directos con las fuerzas policiales [4].

El termómetro de la situación iba in crescendo y hacia fines de mayo y principios de junio de 1972 en la UNT se abrió otro capítulo vinculado a YMAD. El movimiento estudiantil se oponía a que la explotación de los yacimientos fuera concedida por licitación al monopolio norteamericano Cities Service, un acuerdo impulsado secretamente por Horacio Pernasetti, interventor federal de Catamarca designado por la dictadura. El gremio de los trabajadores no-docentes también manifestó su oposición.

Desde un plano institucional, las autoridades de la UNT también se oponían a la licitación, sosteniendo que la explotación tenía que realizarse “por el Estado mismo, que tiene capacidad técnica suficiente para hacerlo y, supuestamente, la capacidad financiera requerida”. También una comisión coordinadora universitaria denunciaba que no había “garantías en la presidencia de YMAD, que es ejercida por quien no vaciló en clausurar 11 ingenios tucumanos, el ex gobernador Jorge Daniel Nanclares” [5].

La oposición a la entrega de YMAD a capitales extranjeros trascendió los claustros y otros sectores locales comenzaron a tomar el reclamo. El gremio docente ATEP, dirigido por Isauro Arancibia, fue uno de estos sectores, señalando que la licitación “significaría una entrega de nuestro patrimonio a la voracidad del imperialismo monopólico” [6]. El reclamo por YMAD también se replicó en la protesta docente durante los paros realizados. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos. Las 62 Organizaciones gremiales peronistas y la CGT provincial también se pronunciaron contra la licitación, así como instituciones profesionales (Colegio de Geólogos, Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán).

Como parte de ese cruce de reclamos, el 16 de junio los estudiantes realizaron actos relámpagos frente a la Casa de Gobierno en defensa de YMAD y en apoyo a la huelga docente, de empleados públicos y judiciales. Algunos trabajadores de estos sectores, que realizaban un paro de 48 horas, también participaron de esta acción, faltando una semana para el Quintazo, que fue reprimida.

Por su parte, en Catamarca se dieron posiciones enfrentadas. En términos generales, el interventor Pernasetti había iniciado una campaña pública contra la UNT, asentándose en los prejuicios o sentidos comunes que se habían expresado en momentos previos, como en 1958. Así, un sector estaba a favor de la licitación ante la promesa de los puestos de trabajos que se generarían. [7] Mientras que para otro sector se trataba de la defensa del patrimonio [8], adhiriendo más al reclamo que se desarrollaba en Tucumán.

De este amplio abanico de pronunciamientos también formó parte el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) [9]. El PST era la corriente trotskista con más desarrollo en la provincia y en el ámbito estudiantil tenía influencia principalmente en la facultad de Filosofía y Letras, además de inserción en varias Facultades y secundarios. A su vez, era parte de la dirección del Comedor Universitario, cuyo intento de cierre había desencadenado el Tucumanazo. Por esto consideramos relevante detenernos en el abordaje que el PST hizo en su periódico Avanzada Socialista, que arroja nuevos elementos en la reconstrucción de los hechos.

El conflicto por YMAD en la prensa del Partido Socialista de los Trabajadores

Hacia los días del Quintazo, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) publicó, a modo de contribución para Avanzada Socialista, un informe realizado por el Centro Socialista de Tucumán [10]. El trabajo titulado “La entrega del cobre”, dividido en tres partes, tenía por objetivo difundir “una denuncia pública basada en la documentación fidedigna” realizada por los estudiantes ante “la inminente entrega de los yacimientos cupríferos y auromanganésicos de la YMAD” (AS, N° 17, p.5).

La primera parte del trabajo señala que Cities Service ejercía “en el campo de los recursos petroleros y mineros, la energía y la petroquímica, un papel monopólico a nivel mundial”. En Argentina operaba desde 1931 en la comercialización de combustibles y lubricantes, tenía la exploración de hidrocarburos en áreas de Mendoza y San Juan. En Catamarca ya operaba en las inmediaciones de Andalgalá en la explotación de minerales de cobre. Ante la nacionalización de las minas en Chile, Perú y otros países africanos, los monopolios como Cities Service “ahora extienden sus garras a las reservas mineras de nuestro país, confabulados con los personeros del régimen, entregadores de nuestro patrimonio nacional”, se ilustraba en el final de esa entrega.

La segunda parte abarca los vaivenes en torno a YMAD desarrollados más arriba, ahondando en un concurso privado, el 14 de mayo de 1971, en el que se presentaron Cities Service, Kaiser, Río Tinto y Morandez. “Las autoridades argentinas llegaron a convenir con los 5 monopolios que ninguna de las ofertas sería dada a publicidad”, se señala (AS, N° 18, p. 5, resaltado en el original). Finalmente las autoridades resuelven que sea Cities Service quien se quede con los permisos de explotación y comenzó a discutirse un contrato cuyas pautas fueron propuestas por YMAD. Al respecto, el informe comentaba:

Las bases de elaboración del contrato implican dejar en manos de capitales imperialistas el manejo de una riqueza clave para el desarrollo industrial argentino. [Q]uieren otorgar a Cities Service todas las facilidades y garantías para que no arriesgue la pérdida de un sólo dólar, pero se lleve la parte del león en los beneficios.

En este número se incluyó, otro recuadro titulado “Cláusulas leoninas” en el que se detallaban los puntos del acuerdo beneficioso para Cities Service. En función de los fondos recibidos en concepto de ventas, se establecía una distribución donde un mínimo del 40% de la producción mensual se reintegraba a los gastos mensuales realizados por la multinacional; otro 40% se destinaría para amortizar los préstamos realizados a YMAD por Cities Service. Además se estipulaba el pago de intereses a la multinacional, ya que se consideraba que sus inversiones eran en calidad de préstamos. Del remanente, un 50% correspondía a Cities Service en concepto de rentas mientras que un 25% iba para YMAD en compensación de agotamientos de los yacimientos y otro 25% para el fondo de reservas de YMAD. [11]

También se establecía que si las exenciones impositivas nacionales, provinciales o municipales en vigencia en un futuro eran eliminadas o reducidas, YMAD tenía que pagar lo resultante “de modo que Cities Service no sufra reducción en los ingresos que le correspondan recibir bajo contrato”. Lo mismo ocurría ante cualquier aumento de impuestos o gravámenes fiscales. En cambio, si se producía “cualquier ventaja impositiva de orden general modificatoria de las condiciones vigentes al 14-5-71, serán en beneficio exclusivo de Cities Service”.

La tercera y última parte del trabajo de investigación fue publicado en el número 19 de Avanzada Socialista del 5 de julio de 1972. Allí se hacía un racconto desde inicio del conflicto, cuando los dos representantes de la UNT en el directorio de YMAD se renovaron y se encontraron con que el acuerdo iba a consumarse. Tras su denuncia, las autoridades de la UNT decidieron retirar a sus representantes de toda negociación. A la par se desarrolló el reclamo estudiantil y de otros sectores.

En este contexto de protesta también se discutía qué alternativa presentar para YMAD. El informe señalaba que, tras las primeras protestas, algunas autoridades gubernamentales habían planteado la posibilidad de que la explotación quedase a cargo de Fabricaciones Militares. Esta variante estatizadora era bien vista por algunos sectores que se oponían al contrato con Cities Service, sin embargo el informe plantea el problema de dejar todo en manos de los mismos actores gubernamentales que habían negociado secretamente el acuerdo para entregar YMAD. Como otra variante, plantea:

que se transforme a YMAD en un ente estatal, encargado de la explotación del yacimiento y que sea provisto de todos los fondos necesarios. Y nada más legítimo que la producción quede bajo el control directo de los trabajadores, ya que no sólo serán quienes extraigan la riqueza de la tierra, sino quienes hoy salvaguarden esa parte del patrimonio argentino.

Este programa levantado por el PST y los sectores que influenciaba tuvo como mérito formular una alternativa programática al planteo de la dictadura militar y el formulado por sectores del peronismo, aunque haciendo un uso ambiguo de términos como “patrimonio argentino” o “desarrollo nacional”. [12] El peso real que tuvo es difícil de determinar desde los registros escritos de la época.

Debido a que el informe fue escrito previo al Quintazo (y publicado mientras se desarrollaba), esta tercera parte obliga a contraponer lo escrito frente al desarrollo de los hechos. El informe da cuenta de que además de los estudiantes el reclamo por YMAD solo fue tomado activamente por ATEP, que tuvo jornadas de paros. Sin embargo, planteaba que existían “grandes condiciones para que los trabajadores y el pueblo de Tucumán, que tantos ejemplos de combatividad clasista ha dado al país, den un ejemplo de movilización antiimperialista junto a los catamarqueños”. El Quintazo operó como algo más que una gran movilización contra la entrega de YMAD, aunque este no haya sido el único reclamo ni tampoco el central. Como hemos señalado, en Catamarca la movilización tuvo dos polos antagónicos respecto al tema por lo cual se materializó parcialmente. [13]

El Quintazo y sus consecuencias

Como hemos afirmado, durante las jornadas del Quintazo se combinaron huelgas, movilización y ocupación de Facultades que posteriormente derivaron en los enfrentamientos con las fuerzas policiales y el Ejército. Al listado de las acciones estudiantiles durante abril y junio, hay que sumar los conflictos salariales que derivaron en la conformación del Frente Estatal. Para el 21 y 22 junio estaba convocado un paro provincial de 48 horas que finalmente la CGT local suspendió, como otra muestra de su posición dialoguista con la dictadura. El acuerdo de la central con el interventor Oscar Sarrulle implicó la división del Frente Estatal y un sector de los gremios docente, municipales, judiciales y trabajadores de la salud resolvieron sostener el paro de 48 horas, aunque fue declarado ilegal.

El 21 de junio se inició el paro y en algunas dependencias hubo concentraciones. El Gobierno detuvo a dos dirigentes gremiales, desencadenando asambleas y movilizaciones junto a actos relámpagos donde participaron los estudiantes que estaban en el Comedor y la sede central. Ya hacia el mediodía comenzaron las primeras barricadas y enfrentamientos con la policía. La tensa calma durante la tarde disimuló que ya había comenzado el Quintazo.

Para el 22 de junio continúa el paro y el Gobierno había ordenado el despliegue policial en la ciudad, caldeando los humores. Tras una asamblea, los municipales protestan y se enfrentan con la policía. En simultáneo, la policía ingresa al Comedor universitario arrojando gases, lo que lleva al enfrentamiento y las barricadas. Posteriormente, los estudiantes se reagruparon en la zona de Derecho y Ciencias Económicas en barrio Norte, en la sede Central y del Comedor en barrio Sur y en la zona de la ex Quinta Agronómica de la UNT. La agitación estudiantil por la represión y las detenciones también llevó a asambleas en el Centro Prebisch y a la ocupación de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde allí, los estudiantes le plantearon a la CGT regional un paro provincial activo de 14 horas, mencionando como razones la oposición a la concesión de YMAD. El gremio de los no docentes declaró un paro. Al final de la jornada, la policía recuperó el control de la zona céntrica pero el predio de la Quinta Agronómica quedó en manos de los manifestantes.

El 23 de junio la intención policial fue avanzar sobre la Quinta y a lo largo del día se produjeron enfrentamientos con los estudiantes, apoyados por los vecinos. Hacia el mediodía, los manifestantes logran ocupar toda la avenida Roca. A su vez, también se dieron enfrentamientos en la zona de la sede Central. En la cobertura de la jornada hecha por La Gaceta el reclamo por YMAD aparece con centralidad para los estudiantes. El diario se hace eco de un comunicado de la Coordinadora Universitaria que afirma: “La brutal represión desatada contra los trabajadores y estudiantes demuestra una vez más la incapacidad de la dictadura para dar solución a los problemas (...) mientras las clases dominantes aliadas al imperialismo pretenden continuar con su política de entrega a los monopolios de nuestra riqueza, tal es el caso de Agua de Dionisio”. También se cita a un grupo de estudiantes de Medicina: “Estos hechos perpetrados contra la UNT ocurren en momentos en que ésta ha sentado una posición de franca defensa del patrimonio nacional en el caso concreto de YMAD, y se dirige específicamente contra sectores de la misma identificados con la defensa de intereses populares” [14].

Así culminó el primer momento del Quintazo, que engloba un ascenso de los manifestantes –un paro de estatales y estudiantes– y un desborde de las fuerzas policiales. El segundo momento comienza el 24 de junio, con el recrudecimiento de la represión y el asesinato del estudiante Víctor Villalba. Al inicio de esa jornada, los estudiantes habían comenzado a recorrer los barrios aledaños a la Quinta para convocar a los vecinos y no quedar aislados. La policía salió a la caza de estudiantes para evitar que la solidaridad continuara desarrollándose y como parte de esa cacería disparó contra Villalba, joven salteño de 20 años y estudiante de Ciencias Exactas. La conmoción e ira popular ante este crimen brutal tuvo consecuencias en diferentes planos. Resurgieron las barricadas en la zona controlada por los manifestantes; la CGT regional convocó a un paro provincial para el 27 de junio [15] mientras que el Gobierno convocó a los cuarteles a regimientos del Ejército.

Al día siguiente se realizó una misa en homenaje a Villalba, celebrada por curas tercermundistas, que terminó con barricadas y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Ante la posibilidad de un nuevo desborde y ante el paro provincial, el Gobierno decretó un asueto escolar y también convocó a la Gendarmería. Finalmente el Ejército intervino el 26 de junio, ocupando militarmente toda la ciudad en la previa al paro de la CGT, marcando el inicio del tercer y último momento del Quintazo. Ese 26 el Ejército desalojó las ocupaciones de las facultades del centro y reprimió una protesta de estudiantes secundarios en Casa de Gobierno. El 27 el Ejército se desplegó para evitar que el paro general tenga un carácter activo [16] y también desactivar la confluencia con los estudiantes, realizando una avanzada con tanques sobre la Quinta y la detención masiva de un millar de estudiantes. Aun con el desalojo de la Quinta, las barricadas continuaron intermitentemente en los barrios, en un radio de 70 manzanas. No obstante, el objetivo del Ejército de evitar la confluencia del movimiento obrero y el movimiento estudiantil había sido logrado a fuerza de una represión que continuó hasta la noche cuando recuperó el control de la ciudad.

De las jornadas de resistencia en las barricadas alrededor de la Facultad de Derecho quedó una fotografía en la que puede verse un pasacalle con la consigna “Fuera Cities Service de YMAD”.

Finalmente, como una de las consecuencias del Quintazo, la dictadura anunció el 8 de julio que se daba marcha atrás con el acuerdo firmado con Cities Service y se cerraban las negociaciones por una licitación. El Quintazo trascendió las demandas sectoriales ya que expresó un rechazo de conjunto a la dictadura y su plan económico, sin embargo logró que esta demanda sentida contra la entrega de los yacimientos mineros a los pulpos extranjeros sea conquistada. Como otra consecuencia, el interventor de la UNT, cuestionado durante meses por la movilización estudiantil, renunció.

Llamativamente, por el lugar dedicado en su prensa, el PST no mencionó el reclamo en defensa de YMAD en la cobertura que realizó del Quintazo en Avanzada Socialista [17]. Tampoco lo menciona, ni como parte de las demandas de las luchas que confluyen ni como parte de los resultados, en su balance interno. “[E]n cuanto a los resultados, mientras la movilización del 70 terminó con un triunfo importante del movimiento estudiantil (la apertura del comedor a toda la Universidad), ningún logro importante se alcanzó en la actualidad”, señalan. [18] Y como contracara, en su periódico dará cuenta del fin de las negociaciones, definiéndolo como un "triunfo parcial" pero sin nombrar al Quintazo (AS, N°20, p. 4). Esta lectura puede entenderse como el producto de una escisión entre las caracterizaciones y formulaciones programáticas previas, y cómo esos elementos podrían haberse traducido en una alternativa política para develar tanto la farsa de la “defensa de la soberanía” que declamaba la dictadura como superar los límites de los nacionalismos burgueses como el peronismo. [19]

En 1973, tras el fin de la dictadura, se vuelve a restaurar el artículo de la ley 14771 que prohibía la explotación por privados, ya sean capitales nacionales o extranjeros, de YMAD. Con el golpe genocida de 1976, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz quitó el artículo para posibilitar los permisos y derechos para privados.

El conflicto en defensa de los yacimientos mineros de YMAD desarrollado antes del Quintazo es uno de los capítulos poco explorados en la historia del movimiento estudiantil tucumano durante los ´60 y ´70. Englobado en la combatividad de la época, supo interpelar a sectores de trabajadores para extender su demanda y tomarla como una defensa contra la injerencia extranjera en la explotación de los bienes naturales comunes. El empalme con las jornadas del Quintazo expresó también el grado de movilización de la alianza obrera-estudiantil frente a la dictadura. Una ampliación de los horizontes de la subjetividad y de la imaginación política que merece ser retomada.