En el presente artículo, Fredy Lizarrague analiza las implicancias de la derrota sufrida por el gobierno de Milei en el parlamento y traza un mapa de la resistencia que viene desde abajo. También aborda el rol de la izquierda y el desafío que le plantea la situación abierta, así como la necesidad de extender la organización democrática desde abajo y de levantar un programa para que la crisis la pague el poder económico y el capital financiero. Este artículo expresa lo debatido y resuelto en la dirección nacional del PTS reunida el 8 de febrero, a partir de un proyecto presentado por el autor, luego corregido y enmendado.

1. Primera gran derrota del intento bonapartista débil

El fracaso de la Ley Ómnibus es la primera gran derrota del “intento bonapartista débil” que definimos ni bien iniciado el nuevo gobierno (cuando lanzó el Caputazo, el DNU 70/23, el protocolo antiprotesta de Bullrich y luego la LO). Decíamos que era “bonapartista” porque pretendía superar por derecha la crisis orgánica que arrastra el país (al menos desde 2018, cuyo síntoma venía siendo la inflación creciente) liquidando casi todos los controles ultra limitados del estado capitalista sobre “el mercado” mediante el “Caputazo”, lanzando un DNU que modifica centenares de leyes mediante un uso extremo de los mecanismos del propio régimen que permiten saltear los trámites parlamentarios y estableciendo el Protocolo de liquidación en los hechos del derecho a protestar en las calles. Luego sumaron el proyecto de Ley Ómnibus convocando a sesiones extraordinarias durante el verano, pretendiendo lograr una convalidación del Congreso a una amplísima delegación de poderes (convirtiendo al Congreso en una institución mucho más decorativa de lo que ya es), múltiples privatizaciones, reformas ultra reaccionarias en materia penal, una nueva confiscación de las jubilaciones (entre el cambio de la fórmula de actualización y la liquidación del FGS) y otros ataques igualmente reaccionarios.

El aspecto “débil” de este ensayo bonapartista lo fundamentamos en que el gobierno cuenta con una pequeña representación parlamentaria en función de objetivos tan ambiciosos, no tiene ninguna gobernación en manos de su fuerza política, existe una relación de fuerzas entre las clases que necesitan quebrar (sin negar los avances que lograron las clases dominantes gracias a la división y pasividad impuesta por las direcciones sindicales, “sociales” y políticas desde fines del 2017) y en la propia burguesía hay brechas importantes ya que como clase de conjunto acuerdan en que es necesario “un ajuste duro o de shock” (devaluación, mayor extractivismo, reforma laboral, recorte a las jubilaciones, a la asistencia social, al empleo público y a los gastos del estado en general) pero cada fracción burguesa pretende que el ajuste “lo pague otro”. El capital financiero y sus instituciones como el FMI son el principal sostén y beneficiarios de las profundas transformaciones que pretende el gobierno para, en primer lugar, cumplir con los usureros tenedores de la deuda. El respaldo del FMI y del capital imperialista al “programa” es notorio, y contiene tanto a demócratas como a republicanos. Pero ese mismo sector capitalista imperialista predominante le exige al gobierno “volumen político” ya que son conscientes del golpe que significa no sólo para las mayorías trabajadoras sino también para intereses de otros grupos capitalistas, en parte representados por los gobernadores. Esto se vio en el tratamiento de la LO. Primero las patronales exportadoras (del campo y la industria) lograron eliminar la suba de las retenciones. Luego otros sectores patronales lograron quedar a resguardo de la apertura de importaciones (como el azúcar, citrus, etc.).

Una de las grandes cuestiones presupuestarias que no pudieron resolver en las negociaciones previas a la votación de ley fue el financiamiento a las provincias. Con el “Caputazo” se venía aplicando un recorte brutal a las transferencias a las provincias (sumas que gira el gobierno nacional por fuera de las coparticipables) sin ninguna compensación (exigían la coparticipación del impuesto PAIS, que el gobierno nacional no aceptó, o la reinstauración del impuesto a las ganancias previo a la reforma que hizo Massa). Fue el terreno donde más “motosierra” viene aplicando el gobierno, junto al brutal recorte del gasto en obra pública (muchas veces en obras de infraestructura que benefician los negocios de distintos sectores de las burguesías regionales). Ese fue el fundamento de la “rebelión” de los gobernadores “colaboracionistas”, desde el peronista cordobés Llaryora y el radical Pullaro (Santa Fe), hasta el peronista ex massista Sáenz (Salta), en las votaciones de artículos e incisos que comenzó a perder el oficialismo. Esto llevó al retiro del proyecto para evitar una derrota mayor. Milei lanzó un ataque público furibundo luego, anunció el quite de subsidios al transporte de las provincias del interior y echó del gobierno a funcionarios relacionados con Llaryora y Sáenz-Massa (Giordano de la ANSES y Royón de Minería, respectivamente).

El otro sector de los “colaboracionistas” que se rebeló fue el de una parte importante de la bancada radical, donde influyó el sector de Lousteau, Manes y otros que opone cierta resistencia al sometimiento absoluto al plan “motosierra” de Milei que encabeza el ala derecha (De Loredo). Este sector tiene lazos con las universidades públicas y las instituciones de investigación científico-técnicas (CONICET) así como con las clases medias profesionales y ligadas a la cultura del interior, de la PBA y CABA, que no ven con simpatía los métodos y objetivos del proyecto de Milei. Además, ayudó el maltrato público de Milei a los propios radicales.

El otro aspecto de debilidad “institucional” del intento bonapartista del gobierno se viene expresando en los fallos judiciales contra aspectos claves del DNU 70/23, que han llevado al bloqueo de toda la parte laboral con fallo de Cámara. Está en manos de la Corte Suprema expedirse sobre este y otros aspectos del DNU cuestionados y bloqueados por medidas cautelares. Como es conocido el carácter político de los fallos de la Corte, la derrota de la LO en el Congreso juega claramente en contra del gobierno respecto al tratamiento del DNU en la justicia.

A nivel internacional, el gobierno profundiza su alineamiento con Estados Unidos e Israel, anunciando en el reciente viaje el traslado de la Embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalem, en momentos en que el ejército sionista ha masacrado a casi 28 mil palestinos en solo cuatro meses, mayoritariamente mujeres y niños, condenado por un fallo provisorio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

El gobierno viene aplicando una poderosa y creciente “licuadora” de los salarios, jubilaciones y gastos del estado, produciendo un salto en el deterioro que comenzó en 2018. Los salarios privados en blanco medidos por el RIPTE (que no representa al conjunto pero sí es un indicador) perdieron sólo en diciembre un pavoroso 14 % sólo en un mes. La caída más grande desde que existe el índice. Mucho peor es la situación de los trabajadores y trabajadoras informales. Si bien las consultoras privadas consideran que la inflación de enero y febrero puede ser algo menor al 25,5 % de diciembre, se especula que a partir de marzo puede volver a darse una suba ante el efecto de los tarifazos, la liberación de precios de la educación privada, el comienzo del año escolar y, fundamentalmente, eventuales nuevas devaluaciones, ya que el dólar oficial viene perdiendo competitividad en términos reales. La licuadora también la aplica el gobierno a las deudas en pesos del propio estado y el BCRA, desarmando las Leliqs, llevando a una tasa negativa para los depositantes, emitiendo instrumentos de deuda del Tesoro y pateando la deuda con los importadores a costa de generar pasivos remunerados en dólares del BCRA con el BOPREAL. Un gigantesco endeudamiento enganchado en parte al dólar, por lo que toda devaluación será más onerosa. El gobierno apuesta a que la recesión frene la inflación, pero en nuestro país ya vimos que la inercia inflacionaria es muy difícil de frenar sin medidas que ataquen todos los mecanismos de indexación, no sólo con el “ancla fiscal” como está haciendo Caputo. La debilidad política del gobierno luego de la derrota de la LO puede favorecer la persistencia de las tendencias inflacionarias.

El gobierno continúa aplicando las medidas económicas de “sinceramiento” con quites de subsidios al transporte que ahora utiliza como “castigo” a las provincias que le negaron el apoyo parlamentario. El duro tarifazo aplicado al transporte en el AMBA es una medida que ya parece estar afectando directamente a parte de su propia base social.

En el terreno político superestructural, comenzaron a trascender negociaciones de unidad entre LLA y el PRO, en principio (según Clarín, que promueve esta política) avalados tanto por Macri y Bullrich como por el Milei. Si se concretara esta fusión, se rompería definitivamente Juntos por el Cambio y surgiría una nueva formación política de derecha “dura” sumando la fuerza institucional que tiene el PRO, duplicando las bancadas parlamentarias, cuestión que no le aportaría nada nuevo desde el punto de vista parlamentario aunque le otorga una mayor credibilidad política frente a las patronales y el capital financiero. Está por verse qué gobernadores de JXC (incluyendo al Jefe de Gobierno de CABA) se sumarían si se concreta esta nueva formación.

Por último, parte de la crisis del gobierno fue la iniciativa, luego negada desde la propia presidencia y hasta de los mismos diputados y diputadas que aparecían suscribiendo el proyecto de Bonacci, de intentar “cambiar la agenda” planteando la derogación del derecho al aborto. Es un tema que divide efectivamente a la sociedad, con varias encuestas señalando que existiría una mayoría en contra. El gobierno tendría este plan “en carpeta” junto a las iglesias evangélicas con las que viene organizando la asistencia social, y en complicidad con la Iglesia católica, pero se ve que no consideran (con razón) que sea un momento adecuado.

En cuanto al contenido de la LO, hay versiones que indican que podría transformarse en varias leyes que busquen aprobación parlamentaria en las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo. La posibilidad de apelar a una consulta popular (que por no ser convocada por la Cámara de Diputados sólo puede ser no vinculante y el voto no es obligatorio) parece lejana ya que es extremadamente riesgosa para el Ejecutivo. Sea como fuere, el gobierno de Milei tuvo una primera gran derrota política pero defenderá por otros medios su programa de profundización del saqueo y de ataque profundo a las conquistas históricas de la clase trabajadora.

2. La resistencia desde abajo

Si hacemos un racconto de las múltiples resistencias “desde abajo” que se desarrollaron desde que asumió el nuevo gobierno, podemos ver:

*20/12: movilización de la izquierda y movimientos de desocupados que desafía el protocolo de Bullrich y cacerolazos masivos en Buenos Aires por la noche (sector de la trabajadorxs y clase media opositora) que repudian el anuncio del DNU 70/23.

*21/12: movilización de más de 15 mil trabajadorxs (docentes, estatales, bancarios, médicos), juventud y movimientos sociales en Rosario.

*Durante diciembre se desarrolla la movilización de becarixs y trabajadorxs del CONICET, con extensión a todo el país.

*27/12: concentración convocada por la CGT contra el DNU que moviliza a decenas de miles de trabajadores organizados en los sindicatos, superando la cifra que esperaban los dirigentes sindicales. La burocracia sindical “garantiza” que no participen sectores de la base o activismo de los sindicatos, ya que la concentración es en horario laboral.

*28/12: la CGT convoca al paro nacional de 12 hs con movilización para el 24 de enero.

*30/12: primera asamblea masiva de Unidxs por la Cultura agrupando al ala independiente de un amplio movimiento de trabajadorxs de la cultura, que convoca al primer “cacerolazo por la cultura” y adhiere al paro nacional. Se organizan en todo el país distintas asambleas y grupos de artistas autoconvocadxs.

*10/1: cacerolazo por la cultura en 80 ciudades del país expresando la amplia extensión nacional del movimiento.

*Enero: comienzan a desarrollarse asambleas barriales en primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires y se extienden a municipios de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Participan allí docentes, estatales, trabajadorxs cuentapropistas, vecinos, jubilados, jóvenes. Repudian las medidas de Milei y se proponen movilizar el 24 de enero. En CABA se organizan cacerolazos todos los miércoles. Comienzan a coordinarse por ciudades o regiones.

*24/1: centenares de miles de trabajadorxs se movilizan en Congreso y en todas las ciudades del país en el marco del paro nacional de 12 horas. Se destacan las columnas de los sindicatos pero llama la atención miles de trabajadorxs y sectores medios que asisten “no encolumnados” ya que los sindicatos no hicieron el menor esfuerzo por movilizar ampliamente a sus bases, y menos aún los sectores no sindicalizados. Sectores opositores a las conducciones sindicales organizan su propia participación en comercio, alimentación, estatales, ferroviarios, SUTNA, CICOP. Son parte de la “columna independiente” que se organiza desde la reunión convocada en Ademys, junto a movimientos sociales, parte de las asambleas barriales y la izquierda. La CGT boicotea la profundidad de su propia medida: promueve el funcionamiento del transporte público, lo que hace que el enorme sector de trabajadorxs precarizadxs no pueda faltar a sus trabajos a riesgo de ser echados, además de obligar a lxs propios trabajdorxs del transporte a no parar ni poder movilizarse de forma masiva. No se organiza un servicio reducido para la movilización sino el funcionamiento “normal”. La movilización se desarrolla respetando lo más posible el “Protocolo” de Bullrich. No se anuncia ningún plan de lucha. Las asambleas barriales participan por primera vez en común con trabajadorxs en las calles, aportando unas 5000 personas en la movilización a Congreso.

*31/1: primera jornada de movilización contra la Ley Ómnibus convocada por la coordinación de organizaciones combativas y la izquierda (que venía de convocar la movilización del 20D y las columnas independientes el 27D y el 24E). Se concentran corrientes de izquierda, asambleas barriales y otras organizaciones (como Libres del Sur) frente al Congreso y hay importantes movilizaciones en las principales ciudades de todo el país. En Buenos Aires, la columna del PTS junto a asambleas barriales resiste la represión sobre avenida Rivadavia desafiando nuevamente el Protocolo represivo. El operativo de la PFA y la GNA utiliza un poderoso gas pimienta, pese a lo cual no logra liberar la avenida. Por la noche hay cacerolazos en varias esquinas del AMBA. Frente al Congreso son detenidas varias mujeres, entre ellas una reconocida militante radical.

*1 de febrero: segunda jornada de movilizaciones en el Congreso. Esta vez, además de las organizaciones presentes el día anterior, convocan sectores de la CTA, Movimiento Evita, kirchneristas e incluso un sector de la Juventud Radical, aunque todos ellos aportan pequeñas delegaciones. Una gran columna de las asambleas barriales, apoyada por el PTS y luego otras fuerzas de izquierda, vuelve a ocupar avenida Rivadavia. Esta vez, el operativo de la PFA, PNA y GNA es mucho más duro e incluye ataques a bastonazos y balas de goma, incluso sobre la vereda y sobre la plaza, violando el propio Protocolo de Bullrich. La movilización se repliega y se mantiene sobre la plaza, donde una nueva arremetida de la brigada motorizada de la PFA lleva a 70 el número de heridos por balas de goma. Suman más de 250 las personas que recibieron asistencia médica en la posta sanitaria entre las dos jornadas. Varixs heridxs reciben postas de goma en el torso y cabeza (cuando está estrictamente prohibido a las fuerzas de seguridad disparar desde la cintura para arriba) uno de los cuales, el abogado del CeProDH Matías Aufieri, queda con una seria lesión en un ojo. Se multiplican los repudios y denuncias penales contra el accionar represivo, el cual incluyó ataques a la prensa.

*La “Posta de Salud y Cuidados” impulsada por trabajadorxs de la salud integrantes de la agrupación Marrón, de la lista 5 de la CICOP, independientes y estudiantes de Medicina y Psicología y paramédicas de CABA, La Plata y GBA, organiza la atención de heridxs y denuncia en los medios masivos de comunicación tanto el gas pimienta como los ataques con balas de goma. Organizan luego un masivo taller en el Hospital Garrahan para enseñar primeros auxilios ante la represión a activistas de las asambleas barriales y militantes.

*2/2: festival de Unidxs por la Cultura frente al Congreso termina con incidentes con la PFA que reprime una manifestación de jubiladxs y un posterior cacerolazo.

*6/2: nuevas manifestaciones frente al Congreso de asambleas barriales y la izquierda, con cacerolazo y caravana solidaria de automovilistas, y en distintas provincias. Festejos por el retiro de la LO y gran recibimiento de las diputadas y diputados del Frente de Izquierda. Continúan algunos cacerolazos por la noche.

El 24 E fue una acción masiva aunque muy controlada, aislada y limitada por la propia voluntad de las conducciones sindicales. Sobre esa base se desarrollaron sectores más combativos, de vanguardia de lucha, como las asambleas barriales, Unidxs por la Cultura y, en menor medida, sectores opositores en los sindicatos (que aprovecharon la convocatoria del 24E). De conjunto, son tendencias más o menos activas de la amplia base social “antigubernamental” trabajadora, del pueblo pobre y las clases medias. Por esto, los sectores de vanguardia cuentan con un amplio “eco amistoso”. En el 56 % que votó a Milei en el balotaje, se ven por ahora rupturas marginales, pero los ataques en curso (como los tarifazos) y las propias derrotas del gobierno, pueden acelerar su erosión.

En este marco, la resistencia a la represión policial, si bien minoritaria, puso en alerta a los analistas del régimen. Uno de sus más lúcidos, Jorge Liotti, señaló en su nota del domingo en La Nación:

El alerta también tiene un componente callejero, porque el jueves se vieron escenas peligrosas durante la movilización de la izquierda y el kirchnerismo (que eran un pequeño grupito, NdR). Primero por una cuestión operativa: durante varios pasajes se produjeron fricciones extendidas con los efectivos policiales, que los llevaron a movimientos envolventes en los que los agentes quedaron encerrados por manifestantes. (...) Pero además hay una cuestión estratégica: la aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes en un momento pareció poner en riesgo la aprobación de la ley. Al Ministerio de Seguridad le hicieron llegar el mensaje de que la sobresaturación de efectivos en la calle podía ser contraproducente, sobre todo si le bajaban la orden de reaccionar ante el primer síntoma de incumplimiento del protocolo. Pero Milei está feliz con la actuación de Patricia Bullrich y su misión de ordenar el espacio público, sobre todo cuando las fuerzas son provocadas o desafiadas por los manifestantes. Pero como ocurre en el plano político, la fricción constante no es conveniente para los objetivos ulteriores. Si la semana próxima hay tres días más de disturbios, se volverá complejo de mantener el operativo.

El retiro de la LO deja abierto el interrogante final para las próximas batallas.

Como cuestión más estratégica, Eduardo Lucita plantea como interrogante si en el actual movimiento de lucha que se está desarrollando terminará primando el criterio de “multitud” que diluye a la clase trabajadora, o si ésta logrará desarrollarse “como caudillo del conjunto de los explotados, oprimidos y excluidos de la sociedad”. Lo que no pondera son los elementos a favor y en contra de cada perspectiva y las fuerzas políticas actuantes. Por un lado, el paro del 24E si bien fue parcial y controlado, mostró la potencialidad de la clase trabajadora “en las calles”. Por esto, es una consigna muy popular en cacerolazos, movilizaciones de las asambleas, la exigencia de “paro, paro, paro, paro general”, o “con este paro no va a alcanzar, necesitamos una huelga general” y “unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode”. No parece abrirse una brecha entre la clase trabajadora y un movimiento meramente “ciudadano” en torno a las asambleas. Por el contrario, a diferencia a las asambleas barriales del 2001/2002, en las que se están desarrollando actualmente, no hay “ahorristas” de clase media y sí un mayor componente de trabajadoras y trabajadores asalariados (docentes, estatales, empleados de comercio, salud) que explica que prevalezca una “autopercepción” como “trabajadores y trabajadoras”. Por otro lado, Lucita no toma en cuenta la intervención de las corrientes de izquierda que nos consideramos revolucionarias en las asambleas barriales y en los sectores antiburocráticos del movimiento obrero y la juventud estudiantil. En particular, del PTS que se destaca por estar presente en la gran mayoría de las asambleas, junto a simpatizantes y votantes del FIT, y aportar con fuerza a su desarrollo desde el inicio. Nuestra propia acción parte de considerar a las asambleas como un engranaje fundamental del desarrollo de las tendencias de lucha y antiburocráticas en la clase trabajadora, ya sea en la defensiva, frente a ataques, como en las luchas más ofensivas. Es más, partimos del balance de que fue un déficit del viejo MAS no impulsar instancias de este tipo en las grandes luchas contra las privatizaciones de fines de los ‘80 y comienzos de los ‘90, bajo el menemismo. Fueron enormes luchas pero aisladas, y la izquierda clasista de ese momento no hizo ningún esfuerzo audaz para construir instancias que llevaran a rodear de apoyo popular esas luchas. Ahora se trata de alentar a que los propios trabajadores y trabajadoras que participan en las asambleas se propongan actuar en sus propios lugares de trabajo, así como las asambleas buscar ampliarse hacia nuevos sectores asalariados, estudiantiles, de la cultura, de los sectores populares más golpeados por la crisis, etc.

Esto chocará con las posiciones de corrientes afines al peronismo que quieren canalizar la organización de las asambleas hacia “multisectoriales” burocratizadas y organizadas "desde arriba" (impulsadas muchas veces desde los propios municipios, que funcionan con especie de “actos” sin ningún debate democrático ni resoluciones de lucha) u otras vías para institucionalizar la lucha (por ejemplo, iniciativas de “juicio político” a Milei) así como con un posible espíritu conservador que se limite a los pocos miles que ya están organizados y no busque crear verdaderas organizaciones masivas con mayor capacidad de combate y que se propongan influir en las grandes organizaciones obreras y estudiantiles, con enraizaje territorial, y por esta vía en la vida política nacional.

En las universidades, colegios terciarios y secundarios, los ataques generalizados del gobierno, ya sea por el recorte presupuestario (congelamiento del presupuesto a los valores del 2023) o por el aumento del transporte, abren la posibilidad de que emerjan movimientos de lucha y el “espíritu” de las asambleas barriales autoorganizadas puede generar nuevas formas de organización que hagan renacer al movimiento estudiantil.

La conclusión fundamental es que, frente a un gobierno absolutamente decidido a descargar sin contemplaciones los costos de crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador, rematar todo lo que se pueda de los recursos naturales, arrasar con conquistas históricas, es indispensable apostar a que se desarrollen las tendencias a la autoorganización y la lucha espontánea desde abajo, para conmover hasta sus cimientos a las organizaciones obreras y populares existentes o crear nuevas, como son las asambleas barriales. Pensar que los sindicatos y centros de estudiantes tal cual son hoy pueden estar a la altura del ataque que encarna el gobierno de Milei, es una peligrosa utopía reaccionaria.

3. El peronismo herbívoro que deja pasar el ajuste y sólo piensa en 2027

El peronismo logró mantenerse mucho más unido frente al gobierno de Milei que frente al de Macri, aunque quedaron funcionarios de la administración anterior, siendo el caso de Scioli (candidato a la presidencia de CFK en 2015) el más escandaloso. Por ahora, 3 diputados de Salta y luego los 3 de Tucumán rompieron con el bloque de UxP. A diferencia del 2015 donde el FPV fue separado de Massa, ahora vienen de conformar una alianza electoral de todo el peronismo (salvo el peronismo cordobés). El gobierno de Milei se cuida de atacar a CFK, que mantiene un brutal silencio, mientras Kicillof aparece como principal gobernador opositor y la PBA como “bastión democrático” aunque sin encarnar ninguna oposición activa. Massa consideró al paro del 24E como “apresurado” y CFK dejó trascender la misma posición. Su lógica es que es necesario que la base de Milei comience a romper con el gobierno, que se desgaste, cuestión que ahora recién ha comenzado según las últimas encuestas. Mientras, la CGT se vio obligada a convocar al paro (limitado) por la magnitud del ataque (DNU y LO) a los propios recursos de la burocracia (cuotas sindicales, obras sociales). En algunos municipios de la PBA, como mencionábamos, impulsaron “multisectoriales” que son meros actos declamativos donde se pasan el micrófono los burócratas y funcionarios.

El peronismo es una oposición limitada a lo estrictamente institucional porque su verdadero programa es que Milei haga el “trabajo sucio” que, con otra profundidad, tiempos y negociaciones, también se proponía hacer un eventual gobierno de Massa. Recordemos que todo el peronismo consideraba insostenible el nivel de inflación y emisión que profundizó Massa para intentar ganar las elecciones. Pese a esto, toda la gestión de Alberto Fernández fue de ajuste, aumento de la precarización y caída de los ingresos (agudizada los últimos meses de 2023). El gobernador massista Sáenz se opuso a las facultades delegadas porque defiende que la provincia administre el negocio del litio con “sus” capitalistas amigos.

Consecuente con ser una coalición de gestores del capitalismo y por lo tanto ajustadores, ninguna corriente del peronismo se propone construir ningún “poder popular” ni nada por el estilo, contra las ilusiones que alienta Juan Grabois con su prédica incansable por mantener Unidxs por la Patria porque “es la base para la oposición”. Es evidente que la “oposición dentro del régimen”, el respeto a los grandes empresarios buscando sólo “ponerle límites desde el estado”, termina en catástrofes como fue la del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, suscitando la bronca de parte de su base más popular que llevó al crecimiento de la extrema derecha en las barriadas más pobres de las grandes ciudades.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda, votaremos en el Congreso en común contra Milei y la derecha, seremos parte de movilizaciones que nos encontrarán en las mismas plazas y calles como el 24E, pero lo haremos siempre de forma independiente y en dura lucha política para que no se imponga la estrategia de “esperar al 2027” que es el verdadero plan de todas las alas del peronismo, para “volver” a gestionar sobre la tierra arrasada, si es que Milei y/o Villarruel fracasan.

4. El salto en la presencia de la izquierda en el Congreso y en las calles plantea un desafío dramático

En contraposición al silencio cómplice y el conservadurismo de gran parte del peronismo, la izquierda nucleada en el FITU se ubicó en el corazón de la resistencia y se viene ganando un enorme reconocimiento en la amplia base popular opositora. El papel de Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, diputadxs del PTS en el FITU junto a Romina del Plá (PO), combinó la denuncia de cada aspecto reaccionario de la LO con el rechazo al plan de conjunto del gobierno, incluida la represión de Bullrich y la política exterior de complicidad con el genocidio del estado de Israel. El impacto de las intervenciones puede medirse en la masiva difusión de videos en redes sociales a niveles que se asemejan a los debates presidenciales durante la campaña electoral de 2023 (que fueron picos de audiencia), con un crecimiento de reproducciones de videos en sus redes (1,9 millones en TikTok y 1,8 millones en IG para MB; 420 mil y 470 mil para NDC respectivamente) sólo desde el 1° de febrero; y un salto en la cantidad de seguidores (de 270 mil a 324 mil seguidores en IG de MB desde que asumió Milei, 11 mil sólo en la última semana, y de 118 mil a 150 mil en TikTok; de 81 mil a 93 mil seguidores de NDC en la misma fecha). Como se ve en los informes de la consultora Dinamarca PR, Myriam está entre en los primeros lugares de repercusión en redes durante los debates por la Ley Ómnibus, compitiendo con Leandro Santoro, que fue el referente promovido por el peronismo desde sus medios afines. Los videos de La Izquierda Diario también se viralizaron.

Consideramos que hemos actuado de acuerdo a la tradición del “parlamentarismo revolucionario” que recogemos de los primeros congreso de la Internacional Comunista (1919-1922), interviniendo en los parlamentos pero considerando que la batalla central está en las calles y lugares de trabajo con los métodos históricos de la clase obrera: la huelga general y el desarrollo de organismos que tiendan al “doble poder” como vía hacia un gobierno de los trabajadores, como parte de la lucha por la revolución socialista a escala internacional. La gran diferencia es que en aquella época se trataba de grandes partidos que representaban fracciones significativas de la clase trabajadora, mientras ahora nuestra clase se ha extendido socialmente a nivel global y gran parte de los países (incluida la Argentina) siendo mayoría entre las personas que viven de su trabajo (antes era el campesinado), pero arrastra una larga crisis producto de la fragmentación impuesta por la ofensiva neoliberal, la burocratización de sus organizaciones y las nefastas herencias del estalinismo, la socialdemocracia y los populismos nacionalistas. Por esto, parte significativa de las clases trabajadoras apoyan variantes políticas de derecha. A su vez, los regímenes democrático-burgueses alientan formaciones políticas mediáticas con escasa base militante. Lo mismo ocurre en los sindicatos. Sin embargo, cada vez que se desarrollan movimientos de lucha emergen tendencias a la autoorganización, que muchas veces quedan limitadas a movimientos “ciudadanos”, como vimos con las “plazas” en varios países entre 2011 y 2013, o en la oleada de revueltas previas a la pandemia (con Chile como un epicentro).

Frente a estas tendencias, la emergencia de movimientos activos, aunque sean incipientes como los que vemos en la situación nacional con las asambleas barriales, nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr que el amplísimo auditorio y simpatía políticas conquistadas por las y los referentes del PTS en el FITU se conviertan en organización activa. Tenemos la oportunidad de transformar esa amplísima simpatía política que vemos en un movimiento militante, de donde emergerán nuevas camadas de militancia consciente. Myriam Bregman, Nicolás del Caño y demás referentes utilizarán las más diversas vías de comunicación para invitar a todas aquellas personas que nos han votado en diversas elecciones porque simpatizan con nuestras posiciones, a sumarse a la construcción de las asambleas y el movimiento que se vienen gestando en barrios, lugares de trabajo y estudio. Si el 10 o 20% de los más de 700.000 votantes del FITU en la categoría presidencial en 2023 (1,2 millones si contamos la votación legislativa de 2021) se integraran a las asambleas, estas ganarían una enorme fuerza para multiplicar las exigencias a los sindicatos y centros de estudiantes dirigidos por el peronismo, convocar a sus bases a sumarse a estas iniciativas e imponerles medidas de lucha alentando las tendencias a la organización democrática. Acompañando estas fuertes iniciativas de este tipo “desde arriba”, nuestro partido a su vez, abre las puertas de las agrupaciones que impulsamos en el movimento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, etc. y de las reuniones abiertas del PTS (como las que hicimos durante todo el año pasado), a la participación de los compañeros y compañeras que quieran debatir en común cómo poner en pie un poderoso movimiento de asambleas barriales y pelear por recuperar comisiones internas, sindicatos y centros de estudiantes.

5. Extender la organización democrática para la lucha con una estrategia de unidad de la clase trabajadora y de alianza con sectores medios y el pueblo pobre

El desafío inmediato pasa por masificar la organización de las asambleas barriales y su relación con los lugares de trabajo y estudio, así como toda instancia de organización desde abajo que surja, como los movimientos culturales que existen en varias provincias (con la referencia de Unidxs por la Cultura a nivel nacional). Hacia el paro nacional del 24E se crearon instancias de coordinación entre las asambleas y sectores de trabajadores, como en la zona Oeste del GBA con ferroviarios y trabajadorxs de la salud. El panorama económico y financiero hace probable que comiencen conflictos contra los tarifazos y por problemas salariales (congelamientos, desdoblamientos, aumentos miserables, etc.). Empiezan las clases o actividades docentes en varios niveles educativos. En varias universidades hay cursos de ingreso o materias de verano. En todas las instancias donde podamos, nos proponemos transmitir el “ánimo de triunfo” con la derrota de la LO para expandir la influencia de las asambleas hacia los trabajadores y trabajadoras de cada municipio (fábricas, hospitales, supermercados, oficinas, call centers) o generar actividades, comisiones y reuniones de coordinación. La organización común puede potenciar a unas y otras.

¿En qué medidas las asambleas pueden alentar la creación de nuevas instancias de organización y coordinación de sectores en lucha que unan a trabajadorxs, vecinxs y estudiantes? Hemos llamado “comités de acción” a instituciones de unificación y coordinación de la luchas que apunten a quebrar la resistencia de las burocracias, tomando una idea que propuso León Trotsky para Francia en los ‘30, en la perspectiva de la creación de consejos obreros (“soviets” en ruso) que tiendan a constituirse en un doble poder frente al estado capitalista. En nuestro país, en los ‘70, surgieron las coordinadoras interfabriles que adquirieron un carácter similar a la idea de “comités de acción”, sobre todo en la lucha contra el Plan Rodrigo (el “Rodrigazo”, 1975).

Hoy el proceso es mucho más incipiente, pero es importante señalar la novedad y potencialidad que ya se está expresando, no sólo en el terreno de la movilización y combatividad (como señalamos en el punto 2), sino en el de la organización y tendencias a la coordinación. En CABA, por ejemplo, existe el “Enlace de asambleas” con 74 personas votadas en 22 asambleas de base que se encarga de la relación entre las asambleas y con otros sectores o iniciativas como Unidxs por la Cultura, la Posta de Salud y Cuidados, así como con sindicatos y agrupaciones combativas y de la izquierda. En el Oeste del GBA ya señalamos tendencias similares. En la zona Sur del GBA y La Platavienen confluyendo asambleas y sectores en lucha desde el paro del 24E. Ahora se movilizan en apoyo a los obreros de Bridgestone en lucha con el SUTNA contra los despidos. En Zona Norte se realizó la primera reunión de coordinación de las asambleas y Unidxs por la Cultura Zona Norte el 5/2, y el SUTEBA Tigre, dirigido por el frente Multicolor opositor a Baradel (del que forma parte la Marrón - PTS e independientes), ha sido impulsor de la “asamblea popular” en ese municipio, donde también participan obrerxs, estudiantes y vecinos. Lxs obrerxs de Madygraf participan de esa y otras asambleas.

Si las asambleas buscan ligarse a trabajadores y organizaciones obreras y estudiantiles, pueden desarrollar estas instancias de coordinación y alentar las tendencias antiburocráticas al interior mismo de los sindicatos, lugares de trabajo y estudio. Pueden ser una ayuda poderosa en la lucha por recuperar (desburocratizar) esas organizaciones, en particular los cuerpos de delegados y comisiones internas en el movimiento obrero (más permeables a la presión de la base). En el movimiento estudiantil los centros de estudiantes son vistos como “aparatos” de servicios donde la “participación” es votar cada 1 o 2 años. Sin embargo, nos encontramos recién al comienzo del proceso y debemos estar abiertos a las tendencias que se desarrollen, planteando permanentes denuncias y exigencias a las organizaciones existentes pero estando abiertos al surgimiento de nuevas, como asambleas autoconvocadas o comisiones de lucha.

Si las asambleas cristalizan en una organización “ciudadana” limitada a que cada persona se represente a sí misma, quedarán reducidas a una representación territorial de gente que no se propone organizar y dirigir los lugares de trabajo y estudio. Si avanza la organización de las asambleas barriales y potencia el desarrollo de comisiones internas o comisiones de lucha en cada lugar de trabajo, asambleas o comités en el movimiento estudiantil que recuperen los centros de estudiantes, etc, será el camino para construir las condiciones de una verdadera huelga general política, es decir, que se proponga derrotar al gobierno de Milei y Bullrich, a sus fuerzas represivas, ponga en cuestión el poder de los capitalistas y avance en la lucha por un gobierno de los trabajadores.

Las fuerzas militantes que agrupamos en el PTS se potencian frente estos movimientos, ya que contamos con miles de compañeros y compañeras que son parte del activismo de sus lugares de trabajo y estudio, con centenares de referentes políticos locales (que vienen de una larga campaña electoral en 2023 donde anunciamos lo que está pasando y presentamos un programa para que la crisis la pague el poder económico), de fábricas, empresas, universidades y colegios. Toda esa conquista se dio en una situación de pasividad predominante y pocas tendencias militantes. Como señala la experiencia histórica, de desarrollarse organismos democráticos y para la lucha de la clase trabajadora y el pueblo movilizado, se multiplican las fuerzas de la izquierda revolucionaria. Cada asamblea donde logremos plantear las tareas y organización necesarias, potencia la acción de cada militante de forma exponencial. El primer paso es convocar a los votantes y simpatizantes del FITU y de sus referentes nacionales (como señalamos arriba) y locales, para que sean parte de la construcción de las asambleas junto a sus vecinos y vecinas, invitando a sus compañeras y compañeros de trabajo y de estudio. A su vez, abrimos las puertas de nuestra propia organización partidaria (agrupaciones, reuniones abiertas del PTS) para debatir en común cómo preparar y dar fuerza a cada batalla, y sacar conclusiones políticas e ideológicas.

Aquí no estamos dando una “fórmula” organizativa sino criterios que deberían traducirse en las formas más adecuadas a cada ciudad, región o municipio.

6. Apoyar todas las luchas planteando: “Plata hay, pero se la llevan los grandes empresarios y el FMI. Que la crisis la paguen ellos”

En cuanto al contenido de la política inmediata a desarrollar, está planteado apoyar cada lucha e impulsar nuevas acciones, esta vez con el objetivo de enfrentar los tarifazos, tirar abajo el DNU y todo el plan de Milei.

Una nueva reunión de coordinación planteó una serie de propuestas para llevar a las asambleas y organizaciones combativas, comenzando con una movilización al Consejo del Salario Mínimo que se reúne el jueves 15 e impulsando un cacerolazo el 16 exigiendo un plan de lucha a la CGT y CTA contra el plan de Milei. Allí se debatió también dar todo el apoyo a los trabajadores de Bridgestone contra los despidos.

Otro tema allí planteado fue el de realizar un “encuentro/plenario/asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas populares, de la cultura, organizaciones políticas, ambientales, de mujeres y diversidades, de jubilados, estudiantiles y de derechos humanos”, para lo cual se propone “impulsar el debate en todas las organizaciones sobre fecha y modalidad”. La construcción de un gran encuentro pasa por extender el método de las asambleas y sus mandatos de base a todas las instancias que agrupen a trabajadores, trabajadoras, la juventud, el movimiento de mujeres, ambientalistas, etc.

Desde La Izquierda Diario, como ya hicimos con volantes y el suplemento impreso distribuido masivamente, es momento de agitar ofensivamente el programa que supimos sembrar como PTS en la campaña electoral de 2023 y en los debates nacionales que se desarrollaron con posterioridad.

Frente al plan “licuadora” y “motosierra”, levantamos un programa para que la crisis la pague el poder económico y el capital financiero. Plata hay, pero se la llevan los grandes empresarios (que remarcan a más no poder) y el FMI, que organiza toda la economía para que se junten los dólares para pagar la deuda a costa del hambre del pueblo y los recortes en salud, educación, salarios, jubilaciones y asistencia social. Aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales al nivel de la inflación. Abrir los libros de contabilidad de las grandes empresas y confiscar los bienes de los empresarios fugadores y remarcadores seriales. Ante el fracaso de todos los intentos de “regular” la voracidad del gran capital, es necesario establecer el monopolio del comercio exterior y la nacionalización del sistema bancario bajo control/gestión de los trabajadores.

En cada asamblea que crezca y se organice, en cada comisión o movimiento que se proponga enfrentar al gobierno de Milei, madurarán las condiciones para generar una fuerza de la clase trabajadora, la juventud y los sectores oprimidos que pueda dar vuelta la historia. La lucha recién comienza.