El empresario y su socio Fabián De Sousa se entregaron ante la Gendarmería. El protagonismo de las decisiones judiciales a la escena nacional.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Sábado 28 de abril de 2018
Cuando faltaban pocos minutos para las 20 hs. el empresario vinculado al kichnerismo Cristóbal López decidió entregarse a la Gendarmería Nacional y fue trasladado al edificio Centinela, luego de que se hiciera pública una orden de detención dictada por la Cámara de Casación Penal. Mientras tanto, su socio en el grupo Indalo, Fabián De Sousa, lo hizo unos minutos más tarde. El fallo también dispuso el procesamiento de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.
La acusación que pesa sobre ambos empresarios es la de “defraudación al Estado” por no pagar a la AFIP, con Oil Combustibles S.A. el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La deuda original es de $ 8.000 millones, pero hoy el Gobierno nacional le reclama una suma que supera los $ 20.000 millones. El procesamiento está a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Según información brindada por las fuerzas de seguridad, López será trasladado al Penal de Ezeiza, en tanto que De Sousa volverá a la cárcel de Marcos Paz. Ambos empresarios habían sido liberados el pasado 16 de marzo, luego de estar detenidos más de 80 días, gracias a un fallo de la Sala I de la Cámara Federal que indicaba que su libertad no pondría en riesgo la investigación y que además modificaba la carátula de la causa a evasión impositiva.
Dicho fallo, firmado por Jorge Ballestero y Eduardo Farah, fue duramente criticado por el Gobierno, y hasta el propio presidente Mauricio Macri manifestó poco tiempo después de que se haga efectiva la liberación estar “indignado” con la decisión judicial y anunció que “vamos a apelar”, inmediatamente tuvo que aclarar que sería la AFIP la que apelaría.
Y eso fue lo que sucedió. Quienes volvieron a la carga contra los empresarios fueron dos personalidades de la política y del Poder Judicial cercanas al oficialismo. El radical Ricardo Gil Lavedra, abogado de la AFIP, y el fiscal Raúl Plee, quien mantiene un vínculo con Macri desde hace años por su labor como miembro de la Comisión Asesora en seguridad deportiva del Club Boca Juniors. Plee es responsables de varias medidas en sintonía con Cambiemos, entre ellas el pedido de revocamiento del sobreseimiento de cuatro periodistas detenidos irregularmente en una movilización y de inconstitucionalidad del memorando firmado entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA. El fiscal, además, era uno de los candidatos de Macri, en acuerdo con el senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, a ocupar el puesto de Procurador General de la Nación, antes de que el presidente se inclinara por Inés Weinberg.
Esta decisión judicial se da un día después de que el juez Claudio Bonadío, hoy al servicio de los intereses de Macri, pero ayer de los Kirchner, y antes de ayer de Carlos Menem, salvó a Gustavo Arribas en la causa Odebrecht.
Gobiernos y Poder Judicial: casta vs. casta
La politización de la justicia o la judicialización de la política están a la orden del día. Es que los contactos entre ambas esferas son cotidianos y están a la luz. Por un lado, un gobierno que viene cuestionado por amplios sectores de la población por sus medidas antipopulares y piensa que de la mano de medidas judiciales puede recomponer algo de su desgastada imagen. Por otro lado, una verdadera casta, que también atraviesa el mal del desprestigio, bien ganado, por los enormes privilegios de los que gozan -no pagar ganancias, tener sueldos que superan los $300.000, ocupar cargos vitalicios- que actúa en función de mantener sus privilegios y según como vayan los rumbos de la política.
Por esa razón, es común el rol de subordinación de los miembros del Poder Judicial a los gobiernos de turnos, pero también es común que esos mismos miembros cuando comienzan a hacerse visibles síntomas de debilidad y agotamiento de un gobierno, hagan “buenas migas” con sectores de la oposición y busquen ejercer presión desde ahí, como la acordada de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la habilitación del Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) que iba a tener en sus manos dos juicios contra Cristina Kirchner.
Las "panquequeadas” del Poder Judicial son siempre en beneficio propio y nunca a favor de la inmensa mayoría de los habitantes de este país que tienen que padecer las consecuencias de sus fallos. Un ejemplo, son los recientes y preocupantes fallos emitidos por la Corte Suprema en contra de los trabajadores, como el que anuló la personería gremial del sindicato de los trabajadores del subte y el que niega la relación laboral de un médico que trabajó durante 7 años como monotributista para un hospital.
