Con la asunción de Carlos Menem a la presidencia comienza una década de privatizaciones y endeudamiento. El 12 de septiembre de 1989 se firma el decreto 731/89 de privatización de Entel, proceso que culmina en noviembre del año siguiente.
Jueves 12 de septiembre de 2019
Corría el año 1989, hacía cuatro meses que Carlos Menem había resultado electo presidente, y dos que había asumido. El 1 de septiembre se sanciona la Ley de Emergencia Económica, días antes se había sancionado la de Reforma del Estado. El nuevo gobierno, que asumía en un contexto hiperinflacionario y con las promesas de salariazo y revolución productiva, avanzaba a pasos agigantados en el nuevo plan económico: desocupación, flexibilización laboral, privatizaciones, recortes del gasto público, aumento de la deuda externa fueron parte fundante de la década del 90.
La aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país, no fue un hecho aislado, sino parte de una ofensiva a nivel mundial que comenzó en los 80 en Estados Unidos, con Reagan, y en Gran Bretaña, con Thatcher. Así, mediante una serie de reformas económicas, sociales y políticas se buscó revertir las conquistas obtenidas por la clase obrera durante el boom de la posguerra. En América Latina se implementaron a través del Consenso de Washington, y en los estados obreros burocratizados a través de la restauración capitalista.
“Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” sentenció Dromi, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, y así el 12 de septiembre se firma el decreto 731/89 de privatización de Entel, lo que sucederá finalmente en noviembre del año siguiente. El mes anterior la empresa estatal había sido intervenida a cargo de María Julia Alsogaray, y su gestión constituyó un factor clave para que la compañía pasara a funcionar finalmente bajo las manos privadas. Con la obscenidad típica de la casta política de los 90, María Julia simbolizó una clase de funcionarios que se paseaban entre ricos y famosos, y viajaban por el mundo, mientras miles de trabajadores eran despedidos.
La intervención y el vaciamiento de Entel
A través de la intervención, el gobierno menemista profundizó el deterioro de la empresa con el objetivo de conquistar base social para el discurso que afirmaba que con su privatización comenzarían a funcionar de manera eficiente. La persistente campaña impulsada desde el gobierno logró aislar la lucha de los trabajadores telefónicos que le hacían frente a la privatización del menemismo. Los medios de comunicación acompañaron esta campaña: los diálogos de Neustadt con “Doña Rosa” y la figura de la empleada pública de Gasalla dan cuenta de eso, abonando a la idea de un estado demasiado grande y obsoleto, con empleados públicos ineficientes y, por supuesto, que sobraban. Se lograba avanzar así en el proyecto de privatización que había tenido intentos fallidos durante el gobierno de Alfonsín.
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Entre 1989 y 1990, la Entel aumenta su nivel de endeudamiento en un 122 %, superando los 2 mil millones de dólares. En 1990 son habilitadas solamente 40.000 líneas telefónicas, un 70 % menos que la cantidad que habían sido instaladas durante el último año de la gestión estatal en 1989, y con importantes retrasos tanto en los planes de trabajo como en las tareas de mantenimiento. Finalmente, la empresa es transferida sin ningún pasivo al sector privado, asumiendo el Estado toda la deuda.
Junto con esto, durante la intervención de María Julia, se da un avance en la flexibilización laboral y la renegociación de los contratos de trabajo. La nueva administración de la Entel lanza una política ofensiva de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, es decir despidos encubiertos. De esta manera, el estado se hacía cargo no solo de la deuda, sino también de gran parte del costo político de los despidos, y les garantizó a las multinacionales que desembarcaron en el país, Telefónica y Telecom, una empresa de telecomunicaciones que aseguraba millonarias ganancias, a muy bajo costo y con un mercado cautivo.
María Julia Alsogaray, máximo exponente de la "fiesta menemista".
Por su parte, los trabajadores telefónicos comienzan un gran conflicto en contra de la privatización, intentando evitar la venta a manos privadas de la empresa. Pese a la ejemplar lucha, la empresa será finalmente privatizada en noviembre de 1990. Luego de meses de conflicto, se levanta el paro con una maniobra de la conducción de Foetra, dirigida por Héctor Esquivel, en una multitudinaria asamblea en el estadio de Atlanta. Se abre paso así a la venta de todas las empresas del estado y servicios públicos, que al día de hoy continúan en manos privadas. Si bien el balance de ese conflicto, de las direcciones sindicales y de las corrientes políticas que actuaron será análisis de una próxima nota, adelantamos aquí que, de darse el triunfo de los trabajadores telefónicos hubiera sido un importante freno a la política neoliberal del menemismo.
Las privatizadas, ayer y hoy
Desde hace años las empresas privatizadas están siendo cuestionadas, ya que a pesar del discurso de modernización y eficiencia, no logran satisfacer las necesidades de la población, con altas tarifas y un servicio, la mayoría de las veces, deficiente. A la fiesta noventista de las privatizaciones, la flexibilización laboral y las tercerizaciones, le siguió la década kirchnerista que, más allá de su discurso nacional y popular, mantuvo en esencia el régimen de las empresas privatizadas. En el caso de las telefónicas, por ejemplo, con la ley Argentina Digital, que si bien establece el servicio telefónico como un servicio público (lo que implica que sus tarifas estén reguladas), excluye del mismo a la telefonía móvil e internet, además de haber mantenido la precarización laboral durante la década. Hoy, bajo el macrismo, las privatizadas fueron nuevamente beneficiadas con los aumentos de tarifas. En el caso de las telefónicas, de casi un 200 %, junto con las tarifas de celulares que no dejan de subir. Al igual que durante el ataque del menemismo sobre conquistas que ni la dictadura había podido avanzar, hoy está en manos de los trabajadores y los usuarios la pelea no solo contra el aumento de las tarifas, sino por la renacionalización en una empresa única de telefonía, bajo control de trabajadores, para que estas empresas de servicios públicos dejen de ser un negocio privado.
