CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. La realidad de los casi 2.500 presos políticos de la revuelta

Si bien, no hay mayor difusión por parte de los medios tradicionales sobre la situación de casi 2.500 presos políticos, hay algunos casos emblemáticos que tuvieron cobertura nacional, no por iniciativa misma de la prensa, sino por la presión de la calle y la prensa independiente a hacer conocidos algunos casos. Un ejemplo de esto es el caso del profesor Roberto Campos, quien estuvo en prisión preventiva por romper un torniquete, y que recibió un amplio apoyo por parte de la población.

En su mayoría, los presos se encuentran en Santiago, en la cárcel de Alta Seguridad (CAS); en la cárcel de Puente Alto y de San Miguel; en Centros de Internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (SENAME); en la ex Penitenciaría de Santiago; Y en las cárceles de regiones como Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

Lo que arriesga un preso político vs. la impunidad policial

Quienes se encuentran por porte de artefacto explosivo -molotov- arriesgan una condena de 3 años y un día hasta 10 años de condena efectiva, ante lo cual no hay derecho a beneficios aunque la condena sea baja.

Ya es bastante grave que cerca de 2.500 personas se encuentren en prisión preventiva, una medida que restringe completamente la libertad, por porte de elemento incendiario que en variados casos no es comprobado aún - como Mauricio Cheuke, poblador de La Victoria que se le acusó por porte de Bomba Molotov sin pruebas -. Sin embargo, mientras hay miles de presos políticos, vemos la completa impunidad en que se encuentra Carabineros, cuyos funcionarios policiales han cometido violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Un ejemplo claro de esto no es sólo que aún no hay responsables de los más de 400 ojos mutilados por parte de Fuerzas Especiales o los casi 30 muertos, sino que sólo ayer, el Poder Judicial dejó en libertad al carabinero que atropelló a Jorge “Neco” Mora, quien sólo quedó con firma semanal y arraigo nacional. Es más, repudio generó en redes sociales los dichos de la jueza Andrea Acevedo, al ser considerados como prejuiciosos ante los hinchas del Colo Colo, poniendo en duda el estado etílico de Neco, sin ninguna prueba.

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Más de 100 menores en el SENAME

Los menores ingresados al SENAME serían más de 100, algunos con internación provisoria, una especie de prisión preventiva para menores de edad.

Quienes cumplen con la internación provisoria son Kevin Uribe y Mauricio Soto, que con 16 años se encuentran en un centro del SENAME en San Bernardo y están imputados por la Ley de Control de Armas, pues se les acusa de haber portado elementos incendiarios.

Otro caso es el de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres quienes estuvieron meses en el SENAME, tras ser acusados de levantar una barricada en la Municipalidad de Buín. Hoy se encuentran con arresto domiciliario total.

Esta línea represiva hacia la juventud es expresión del temor del gobierno de Piñera a quienes despertaron Chile saltando los torniquetes, y quienes se mantienen en la calle en diversas regiones a pesar de la represión. Expresión de esto son las querellas contra los dirigentes de la ACES por llamar a manifestarse contra la PSU.

El gobierno de Piñera a la par que reprime a les jóvenes, considerándolos lo suficientemente grandes para ser encarcelados, les niega el derecho de decidir sobre el rumbo del país, no sólo no dejándolos votar en el amañado proceso constituyente, sino que también no pueden ser electos.

¡Libertad inmediata a los presos por luchar!

Son miles los presos políticos en Chile, y miles de militares y Fuerzas Especiales en la total impunidad por la violación sistemática a los derechos humanos. Es más, los responsables políticos, como Sebastián Piñera y Gonzalo Blumel no tienen ninguna condena ni procedimiento por la responsabilidad del Gobierno frente a la situación. Es más, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, a pesar de quedar inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, no tiene ninguna otra sanción por su responsabilidad política e, incluso, es quien comanda la campaña por el "rechazo" que impulsa la UDI y la gran mayoría de RN.

Necesitamos luchar y levantar una gran campaña por el derecho a manifestarnos libremente y sin represión, para que dejen de morir luchadores en las calles y que nos dejen de encarcelar por manifestarnos.

Es por esto, que las centrales sindicales como la CUT y el Colegio de Profesores, junto a los organismos estudiantiles como la CONFECH, la ACES y la CONES, deben tomar en sus manos esta campaña, y pelear por la liberación de todes les presos políticos desde el 18 de octubre. A la par de llevar adelante asambleas de base en los lugares de estudio y trabajo para levantar un plan de movilización ascendente para enfrentar la represión.

Fuentes: El ciudadano