OPINIÓN. La rebeldía de Hermes Soto y la crisis política-policial

La crisis de Carabineros está entrando en una dinámica de sucesivos golpes internos y externos que han terminado por debilitar in extremis a los altos mandos, la oficialidad y al conjunto de la institución militarizada. Sólo ayer ya rodaron 10 generales a retiro nuevamente, además de la cabeza de Soto. La estrategia de "quemar fusibles" de Piñera no sirvió porque es una crisis más profunda, sin liderazgos fuertes en una institución debilitada y con profundas tendencias a la fragmentación, que en su base provoca reacciones.

Es a la vez, el momento de mayor debilidad de Piñera y su gobierno. Desde el asesinato a Camilo Catrillanca no ha podido salir de la crisis. Hermes Soto, quien ya está en una posición muy débil, entró sin embargo en rebeldía contra Piñera, negándose a dimitir cuando le pedían la renuncian, poniendo al gobierno en una posición de no poder cursar la renuncia sin previos fundamentos a los demás poderes del Estado. Como la Constitución pinochetista le permite a Hermes Soto entrar en "rebeldía", no podrá ser dimitido en su cargo hasta que exista un decreto "fundado", visado al parlamento y aprobado por Contraloría, sosteniendo así el tutelaje policial-militar de esta democracia para ricos.

Muestra el peso que tienen las figuras e instituciones autoritarias en la democracia para ricos de la derecha y ex-concertación, pero a la vez, de la disputa entre dos poderes de un régimen cuasi-bonapartista, entre Carabineros y su Director General, y una Presidencia que tiene poderes casi de monarcas. Ambas instituciones que deberían enterrarse en los viejos museos de historia.

En la policía la crisis es peor que la del gobierno. Su reputación está en el suelo. La cadena de montajes que se han sucedido, como la operación Huracán y ahora la seguidilla de mentiras, falsos testimonios y encubrimiento tras el asesinato a Camilo Catrillanca mostró la verdadera forma de como actúa la policía. Pero a la vez, la pelea de filtraciones dio cuenta de un agudo fracciamiento en algunos sectores, y a una cierta "guerrilla subterránea" interna en la institución. Según diversos medios, uno de los grupos enfrentados sería el grupo del ex General Director Villalobos, quien fue puesto en prisión preventiva y liberado casi inmediato estos días por imputación de torturas en dictadura. Este lideraría un grupo que estaría buscando socavar el poder de Hermes Soto (que serían quienes lideran las filtraciones contra él para que emerja otro director). Pero a la vez, habría más grupos operando en una crisis que inició con corrupción, pero ha develado toda una interna profunda.

Algo que no ocurre solo en la policía, sino que está ocurriendo en el Ejército, e incluso en instituciones como Contraloría (el affair Dorothy).

A la vez, los sucesivos golpes internos y externos que han debilitado a Carabineros, puede fortalecer el espíritu corporativo, al incubar un malestar ante la situación (algo que busca expresar el presidente RN Mario Desbordes, ex "cabo" que defiende a la policía de los "ataques" del gobierno). Este malestar en muchos sectores de la policía entronca con esa interna abierta, y a la vez, puede hacer fortalecer los pedidos de "orden", "mano dura", contra "delincuentes, mapuche, comunistas", que tanto agrada al pinochetismo como caldo de cultivo para su expresión. No es casual en estos marcos que a la vez aparezcan más ofensivamente grupos y diputados de extrema drecha como Camila Rojas (RN) o José Antonio Kast, que son quienes lideran la "defensa" de la policía frente al "control político" (de su propio gobierno).

Carabineros tiene cerca de 58.000 policías. Serían más en "planilla" (unos 63.000) pero es allí donde estaba el remanente del escándalo de corrupción de altos oficiales.

Carabineros es uno de los principales organismos que actúan como "destacamento armado" del Estado capitalista (Lenin). No es solo el aparato armado (militarizado) de la herencia pinochetista o de una democracia "semi-soberana" o "tutelada" (por militares) sino, con las Fuerzas Armadas, el destacamento especial armado en defensa de la sociedad capitalista y su estado, o como dice el cientista político Juan Carlos Gómez Leyton, son quienes custodian "la frontera de la democracia", la propiedad privada capitalista.

En el Frente Amplio y el PC hay sectores señalan que hay disputar la agenda del orden público y la seguridad y exigir una fuerza policial profesional y democrática, o "moderna". Esa política lleva a Felipe Harboe, el PPD que es uno de los artífices de la política policial en la Concertación. O sino, lleva a una "reforma democrática" que busque limitar los aspectos más reaccionarios de una institución cuyo núcleo fundacional es estar al servicio de custodiar la propiedad privada y la dominación política de la burguesía. Ya Max Webber se refería al Estado como quien tiene "el monopolio de la violencia y la ley". Mientras exista ese "monopolio" por parte de un "destacamento especial armado" (Lenin) que custodia la propiedad privada capitalista (la "frontera de la democracia"), será una institución a defensa y servicio de la sociedad burguesa, en ningún caso al servicio de los intereses populares y de los trabajadores.

Muchos reformistas dicen que como no se puede disolver ni sustituir a la policía solo queda que el Estado reforme e intervenga (¿acaso no es lo que ya está haciendo Piñera?), con control de jefes civiles y en función de un "estado democrático" y social. Para ellos, nada está por fuera de la "frontera de la democracia", sino que todo proyecto de transformación social queda en sus límites, encerrado en la democracia burguesa como único horizonte posible ¿La revolución? "Eso es de trasnochados" dicen, y por tanto, ni siquiera se puede pensar en confrontar, disolver o sustituir a ese "destacamento especial armado", que es la única forma seria de terminar con una institución cuya naturaleza es la defensa del orden público, la seguridad y el dominio de los grandes capitalistas.